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Área: Sociedad >> El Alto
Actualizado el 2005-03-16 a horas: 07:49:04

Auto golpe de estado de Mesa y sus aliados

Mauricio Ochoa Urioste

El año 1992, el presidente peruano Alberto Fujimori suspendió algunos artículos de la Constitución y se hizo con el pleno control del gobierno ante la protesta general de la opinión pública internacional, alegando que el Congreso y el poder judicial bloqueaban sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.

De la misma manera, Carlos D. Mesa - con el aval de sus ya inocultables aliados - vulnerando los artículos 93, 60 y 87 de la Constitución Política del Estado (CPE) plantea el cierre del Congreso Nacional, bajo el argumento fujimoriano que éste no aprueba su proyecto de Ley de Hidrocarburos y la Fiscalía General de la República se niega a apoyar una resolución del Poder Ejecutivo que instruye encarcelar a los bloqueadores de caminos.

Detrás de esta acción, se busca ya no sólo suspender una vez más el tratamiento congresal de la Ley de Hidrocarburos; sino además que el establishment neoliberal representado por los partidos políticos tradicionales, refuercen su composición parlamentaria para entregar los hidrocarburos a la rapacidad del poder económico transnacional. En efecto, es un enroque, para que la derecha, supuestamente fortalecida por el colosal vituperio contra el Movimiento al Socialismo mediante recursos propagandísticos goebbelianos, recupere su hegemonía en el Ejecutivo y el Parlamento.

Para esta nueva acometida contra los intereses nacionales, Carlos D. Mesa se propone enviar al Parlamento una Ley Interpretativa del indicado artículo 93 de la CPE que asegure un adelantamiento de las elecciones generales el 28 de agosto de 2005; no obstante el mandato del Presidente y Congreso Nacional expira recién el 6 de agosto del año 2007.

El artículo 93 de la CPE en concordancia con los artículos 60 y 87 de la norma fundamental, prescribe la sucesión constitucional frente a la renuncia del Presidente de la República, para asegurar la estabilidad democrática y el mandato popular de la elección de Presidente, Vicepresidente y congresales. El texto constitucional del indicado artículo 93, reza: "... A falta de Vicepresidente hará sus veces el Presidente del Senado y en su defecto el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieran transcurrido tres años del periodo presidencial, se procederá a una nueva elección del Presidente y Vicepresidente, sólo para completar dicho periodo".

En consecuencia, únicamente es posible el acortamiento del periodo constitucional y adelantamiento de elecciones generales, cuando el Presidente de la Cámara de Diputados ? en su condición de Presidente de la República por sucesión - renuncia a este mandato o queda éste vacante por causa de muerte y no hubieran transcurrido tres años desde el inicio del periodo constitucional.

Por otra parte, el artículo 87 de la CPE determina categóricamente un periodo constitucional ininterrumpido de cinco años para el Presidente y Vicepresidente de las República. Para los casos de vacancia de acuerdo a la prelación del artículo 93 de la CPE es obligatoria la sucesión presidencial, para completar dicho periodo constitucional.

A su vez, el artículo 60 de la misma norma fundamental, indica que los diputados ejercen sus funciones por cinco años y la renovación de la Cámara será total.

Por consiguiente, cualquier pretendida Ley Interpretativa de la Constitución que procure el cierre del Parlamento elegido democráticamente para un periodo constitucional de cinco años, al ser claramente contrario a la CPE y atentatorio del orden constitucional debe ser rechazado por el Congreso Nacional. En caso de aprobarse la indicada Ley Interpretativa, los congresales responsables de la aprobación parlamentaria y el Presidente de la República, pueden ser enjuiciados criminalmente por abandono de cargo tipificado en el artículo 156 del Código Penal vigente, toda vez que no han cesado legalmente su desempeño.

Por último, si bien es cierto que el Congreso Nacional tiene la facultad de interpretar la CPE, este acto se reduce únicamente a explicar o declarar el sentido del texto constitucional; pero de ninguna manera a aprobar leyes interpretativas contra legem que vulneran la propia Constitución. Por lo que en derecho, un cambio normativo de esta naturaleza sólo es posible mediante el procedimiento de reforma constitucional previsto en los artículos 230 y subsiguientes de la CPE, que exige entre otras cosas, la previa declaración de necesidad de reforma en una ley ordinaria que se considera en la siguiente legislatura. En caso de aprobarse esta reforma constitucional, la CPE prescribe que para el caso de enmienda del tiempo de mandato del Presidente de la República, éste será cumplido sólo en el siguiente periodo constitucional.

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