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Área: Internacional >> Latinoamérica
Actualizado el 2005-02-22 a horas: 15:00:17

Bolivia es el segundo país peor visto por Transparencia Internacional

Avances temporales en el combate a la corrupción

El combate a la corrupción en América Latina, a pesar de los avances significativos, sigue teniendo que vencer muchos obstáculos, principalmente por parte de los organismos gubernamentales. El informe preliminar "Obstáculos institucionales que limitan las funciones de los organismos gubernamentales de combate a la corrupción en América Latina", elaborado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo", concluye que los avances aparecen a menudo como temporales y la corrupción afecta a los más altos niveles.

"Se presentan obstáculos institucionales a nivel internacional, especialmente la falta de colaboración efectiva de los países centrales, y a nivel nacional, sobre todo la falta de autonomía y continuidad de las instituciones, así como la limitación de recursos", afirma el informe. Además se presentan obstáculos políticos, principalmente por la falta de voluntad política del poder constituido y por la conformación de redes de complicidad; y también obstáculos culturales por la difusión de una ética utilitarista-individualista y la persistencia de costumbres de utilización populista de los bienes públicos. Pero el obstáculo principal, según el documento, en casi todos los países es la falta de voluntad del poder constituido para enfrentar la corrupción.

El informe destaca que la lucha contra la corrupción ha ganado más importancia desde el retorno de la democracia en la década de 80 y esto hizo con que, a pesar del ambiente democrático, el crecimiento de la corrupción se tornara más visible. Comentando los ejemplos de los países andinos, el estudio preliminar apunta que en estas naciones la democracia existe, pero las calificaciones sobre los gobiernos son evaluadas de regulares hasta terribles, lo que demuestra que el problema es de los gobernantes.

Ecuador por ejemplo presenta el peor índice de percepción de corrupción de la entidad Transparencia Internacional, seguido por Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Sobre la garantía de los derechos políticos, Colombia tiene el peor resultado, según índice de la Casa de la Libertad, y en el quesito falta de libertad cívica, Colombia y Venezuela dividen el primer lugar.

Entre los gobernantes, los Presidentes de Nicaragua, Enrique Bolaños, y de Costa Rica, Abel Pacheco, están en la primera fila de los acusados de corrupción en Latinoamérica. Los ex presidentes de estos dos países, Arnoldo Alemán y Rafael Calderón, respectivamente, también presentan históricos poco recomendables. En Argentina, se destaca el ex presidente Carlos Menem. "De esta manera, en nuestro Continente, países que parecían menos proclives a la corrupción, como Costa Rica, son escenarios de la propagación del mal", evalúa el informe.

"La percepción de la agudización y de la complejidad del problema, sobre todo a partir de los 90, impulsan la creación de organismos públicos especializados en la lucha contra la corrupción. Se constituye una especie de Aparato Anticorrupción dentro de la estructura del Estado", relata el documento. Sin embargo las estrategias y compromisos para enfrentar el mal también impulsan respuestas cada vez más sofisticadas para contrarrestarlas por parte de las redes de corrupción. Por esto la urgencia de empezar a investigar los factores que inciden en la limitación de la lucha, inquirir sobre los obstáculos que surgen en el combate a la corrupción. "Lo que buscamos es un balance que permita reconocer con objetividad los obstáculos y dificultades, pero también las estrategias para superarlos", afirman.

Entre los obstáculos institucionales se destacan los relacionados con los organismos internacionales. El primer obstáculo apuntado es la carencia de una institucionalidad internacional específica. O sea no hay organismos públicos internacionales específicos encargados del combate a la corrupción. "Nos encontramos con un primer problema, las resoluciones de los organismos internacionales, como la ONU, la OEA, se reducen a recomendaciones", dice el informe.

En el según lugar hay la desproporción entre el poder de la corrupción globalizada y el poder de los organismos de control. Ante la emergencia de nuevas formas de corrupción globalizadas hay un retraso en las formas de enfrentarla. Las incomprensiones culturales también son consideradas un obstáculo institucional. Pueden surgir dificultades, por cuanto los organismos internacionales no perciben las características propias de los procesos políticos y culturales de cada país. Además no hay suficiente voluntad política de los poderes internacionales.

Con relación a los organismos públicos nacionales como obstáculo primero el informe subraya la falta de coordinación interinstitucional. O sea, en general, el Aparato Anticorrupción del Estado no actúa en forma coordinada, se presenta duplicación de funciones e incluso una competitividad excluyente. Además los sistemas anticorrupción suelen estar preparados para un caudal más o menos standard de transgresiones, pero no para un desborde de actos corruptos. También hay obstáculos en cuanto al grado de autonomía o dependencia, y al ámbito de las funciones institucionales.

El débil apoyo del poder judicial y la débil voluntad política de los actores son considerados graves obstáculos de los organismos públicos nacionales en el combate a la corrupción. Y la debilidad de los organismos de control es causada también por la ingerencia de los poderes del Estado o de los poderes privados. La judicialización de la labor de las Comisiones Cívicas o de los Programas Presidenciales anticorrupción y la débil institucionalidad de las Oficinas Presidenciales o de las Comisiones temporales son otros dos obstáculos apuntados por el documento. Por fin, entre los obstáculos de los organismos públicos nacionales, no podrían ser olvidados los problemas de presupuesto y recursos y de autonomía financiera

Entre los obstáculos de orden político el informe destaca el problema mayor de la falta de voluntad política por parte del poder constituido para enfrentar la corrupción; problemas de acceso a la información; y conflicto de intereses, organismos vinculados, el llamado poder invisible. El informe aún cita entre los obstáculos culturales el colapso del contrato social; la sobreexpectativa de la ciudadanía para que la oficina anticorrupción resuelva rápidamente el tema de la corrupción; la difusión de una ética utilitarista que coloca como objetivo vital el éxito individual; la degradación de la responsabilidad en los actores políticos; la reducción de la confianza de la ciudadanía; y la desvalorización de la ética

Una de las conclusiones del informe es que los organismos de control y de lucha contra la corrupción, si quieren lograr efectividad deben aprender a jugar en el borde de la institucionalidad del poder constituido, en la brecha entre legalidad y legitimidad. "Se debe considerar la construcción de un poder autónomo, donde los organismos públicos encargados del combate a la corrupción se ubiquen entre un carácter estatal y una profunda vinculación a la sociedad civil, entre el poder constituido y el poder constituyente".

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