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Área: Economía >> Empresa
Actualizado el 2004-11-30 a horas: 15:44:51

Aguas del Illimani y la resistencia social

El agua paceña está en manos de Lyonnaise des Eaux, una de las dos grandes multinacionales francesas que dominan cerca del 40% del mercado mundial y que tiene inversiones en energía y medios de comunicación. El año pasado sus ganancias ascendieron a 39,622 millones de euros Aguas del Illimani y la resistencia social Carlos Crespo Flores En el gobierno, la cooperación internacional y en el sector privado existe una valoración absolutamente positiva de la concesión de agua en La Paz por su enfoque orientado a los pobres ("pro poor") y el cumplimiento de las metas fijadas. Sin embargo, existen muchas versiones oficiales que señalan que Aguas del Illimani desea retirarse de El Alto por las pérdidas que supone para la empresa.

El agua paceña está en manos de Lyonnaise des Eaux, una de las dos grandes multinacionales francesas que dominan cerca del 40% del mercado mundial y que tiene inversiones en energía y medios de comunicación. El año pasado sus ganancias ascendieron a 39,622 millones de euros

Aguas del Illimani y la resistencia social

Carlos Crespo Flores

(CESU?UMSS).- En el gobierno, la cooperación internacional y en el sector privado existe una valoración absolutamente positiva de la concesión de agua en La Paz por su enfoque orientado a los pobres ("pro poor") y el cumplimiento de las metas fijadas. Sin embargo, existen muchas versiones oficiales que señalan que Aguas del Illimani desea retirarse de El Alto por las pérdidas que supone para la empresa.

Durante una de las negociaciones de los regantes con el Viceministerio de Servicios respecto a los reglamentos de la modificada Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, este año un funcionario de ese organismo estatal, al defender la participación privada en el sector, afirmaba que la concesión de La Paz era un éxito por haber logrado objetivos de cobertura más allá de lo esperado [1].

El Banco Mundial considera que el sistema condominial implementado en la ciudad de El Alto permite reducir costos y beneficiar por tanto a los sectores más pobres (Foster, 2001). Dos años después de la concesión, el entonces gerente de Aguas del Illimani (AISA) remarcaba que "los principales beneficiarios del ingreso de un operador privado en el sector son los estratos sociales más necesitados y con menor capacidad económica" (LR 10/II/99). Y el 2002, el nuevo gerente, Arnaud Bazire, al evaluar la gestión de AISA señalaba que "el objetivo era demostrar que la Lyonnaise des Eaux puede también ocuparse de zonas difíciles" (cit. por Poupeau 2002).

En un boletín de Suez se exalta la capacidad de su filial de haber integrado zonas peri-urbanas pobres, a través de una alianza con el municipio, ONGs y los barrios, utilizando tecnologías novedosas, como el sistema condominial, facilidades crediticias, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico y social de las zonas y la protección ambiental (Mathys, n/n).

Por su parte, según la revista boliviana Nueva Economía, AISA aparece entre las empresas que vencieron la crisis, por su capacidad de inversión en servicios, bienes no transables, por su rentabilidad estable y segura (subrayado nuestro), hecho reconocido por Carbonnel de AISA[2], además de optimizar gastos operativos, intensificación el uso de tecnología, reducción de personal, maximizar el uso de recursos materiales, en suma implementar modernos sistemas de administración y gestión empresarial (Nueva Economía, 14 al 20 de agosto 2000).

La gente opina lo contrario

Pero, desde la percepción de los usuarios y organizaciones sociales, particularmente de la ciudad de El Alto, la imagen es diferente.

En febrero del 2003 las oficinas de AISA en El Alto fueron quemadas por la multitud, en el contexto de la revuelta contra el denominado "impuestazo" del gobierno de Sánchez de Lozada. Este hecho se explica por la pésima opinión de los usuarios:

"AISA llegó al país para ganar dinero en perjuicio de las economías de los ciudadanos y la Superintendencia del sector no hace nada por frenar a la empresa privada y velas por los consumidores?" (Ernesto Mostacedo, usuario de AISA) (LR 8/IV/98)

Organizacione cívicas y laborales de El Alto pedirán la modificación del contrato e concesión "porque es atentatorio a la economía de los paceños y alteños", dijo presidente de FEJUVE Elias Troche (P 9/VI/98)

La pregunta que surge, por tanto es: realmente Aguas del Illimani representa el ejemplo de una concesión pro-poor?[3]. En este trabajo trataremos de responder a esta pregunta y mostrar el movimiento de resistencia emergente en estos ocho años de concesión, como parte del movimiento nacional del agua.

El documento ha sido elaborado en el marco del proyecto Observatorio de Conflictos Sociales, financiado por OXFAM GB, y una investigación sobre el movimiento nacional del agua luego de la "Guerra del Agua" de Cochabamba, auspiciada por IDRC Canadá, a través del Programa Conflictos y Colaboración de la Universidad de La Paz (Costa Rica), a quienes agradezco su apoyo.

El proceso de concesión de Samapa

Durante el primer aniversario de la concesión, el entonces gerente de AISA, Alain Carbonel, justificaba la transferencia señalando que "hacia el final de su existencia, la empresa de propiedad municipal (SAMAPA) dejó de ser sujeto de crédito para los organismos internacionales de cooperación y la tendencia actual de la economía considera que los servicios no deben ser administrados por el Estado, sino por la iniciativa privada" (LR 6/VIII/98). Pero, en verdad la concesión se explica en el contexto del nuevo modelo económico.

Un informe del Banco Mundial del 29/V/97, previo a la concesión (Documento de la supervisión del crédito 2187-BO), si bien reconocía que "en términos generales, los indicadores señalan buen desempeño de SAMAPA, pero la misión considera que es resultado de la inercia en el desempeño y no refleja una buena gestión" (LR 15/V/98). Por tanto se recomendaba la transferencia al sector privado. Veamos los antecedentes.

La Conferencia Mundial del Agua de 1992 aprobó nuevas orientaciones en la gestión del agua, entre ellas la participación privada en la distribución de agua potable. En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido presidente e inició la implementación de la llamada "segunda generación de reformas estructurales", incluida la institucionalización de la economía de mercado y la privatización de empresas de servicios públicos[4].

Una de las decisiones más importantes fue la aprobación de la Ley del sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), para regular, controlar varios sectores de la economía, entre ellos el agua (Gaceta Oficial de Bolivia, 1994a:1), como parte de un nuevo rol del Estado asignado por el Ajuste estructural: dejar de participar directamente en actividades productivas y configurar un rol regulador. De esta manera se constituyó un nuevo marco regulatorio para los sectores a ser privatizados, incluyendo el agua.

El sistema regulatorio del agua fue creado en 1997, bajo la figura jurídica de la Superintendencia de Aguas (posteriormente se transformaría en la Superintendencia de Agua y Saneamiento Básico), previo a la concesión de La Paz-El Alto (Superintendencia General, 1997: 17).

Complementariamente, se implementó una política de fortalecimiento institucional de las tres empresas de agua más importantes del país, a ser privatizadas, con financiamiento del Banco Mundial; el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz (SAMAPA) recibió $US 490,000, con el propósito de mejorar la capacidad institucional de la empresa, y transferir al sector privado una empresa saneada y eficiente.

En 1997, se aprueba, mediante DS 24719 (22/VII/97), el Reglamento de Organización Institucional de las Concesiones del Sector Aguas, para facilitar el proceso paceño.

La concesión según el Censo del 2001, las ciudades de La Paz-El Alto (ver mapa 1) cuentan con 1443251 habitantes, de los cuales 793,293 corresponden a la ciudad de La Paz y 649,958 a El Alto (http://www.ine.gov.bo).

En Julio de 1997, el gobierno boliviano otorgó la concesión para operar y expandir los servicios de agua potable y saneamiento en ambas ciudades, al consorcio Aguas del Illimani, liderizado por Lyonnaise des Eaux (Komives, 1999:3). La concesión tiene una duración de 30 años, con un volumen de aprovechamiento de 4875 litros/segundo. Los objetivos para el periodo 1998-2001 incluían la expansión de la red doméstica con 78,252 nuevas conexiones (Floréz and Solon, 2001:12), particularmente en áreas periféricas. Para ganar la concesión, Aguas del Illimani se comprometió a extender la red de agua potable virtualmente a todas las viviendas no conectadas, hasta diciembre del 2001; asimismo, aceptó una expansión gradual del alcantarillado, hasta lograr el 90% de cobertura para el 2021 (Komives, 1999:3).

Nuestro argumento es que el proceso de concesión de SAMAPA hacia Aguas del Illimani (AISA) no fue un proceso transparente, además que vulneró normas y marcos jurídicos del país. Veamos los puntos críticos:

Luego de la presentación de ofertas, el 26/06/97, hubo transgresiones a las bases de la licitación, alteraciones que producen daño económico; asimismo se observaron actos anómalos en el trámite mismo del proceso de adjudicación. De hecho, entre el 26/06/97 y el 24/07/97 se introdujeron cambios en la redacción de la versión final de los contratos, modificando aquella que fue adjuntada a la propuesta del concesionario y que debió permanecer inalterable; dichos cambios no están amparados legalmente. (SAMAPA Residual 2000:iv)

El DS 24573 autorizaba a SAMAPA llevar a cabo el proceso de participación privada en el servicio, pero el Ministerio de Capitalización debía realizar todos los actos y contrataciones de servicios necesarios (como asesores financieros). Asimismo, debía realizar consultas, establecer salas de datos, organizar visitas, etc, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y la reglamentación específica para procesos de capitalización. Dicha disposición fue derogada por el DS 24663, estableciéndose que la licitación se regiría por los términos de referencia, las normas de procedimiento referente a procesos de licitación y supletoriamente por las normas Básicas mencionadas. (SAMAPA Residual 20000:2).

Asimismo, el Ministerio de Capitalización debía establecer una comisión calificadora, presidida por el ministro sin cartera responsable de Capitalización, y conformada por el Secretario Nacional de Capitalización e Inversión (que actuaría como secretario) y por lo menos dos vocales, designados por resolución ministerial; resultado de la licitación internacional, esta comisión debía emitir el informe de recomendación dirigido al Superintendente de Aguas, quien otorgaría las concesiones mediante Resolución Administrativa y a nombre del Estado, en conformidad al art. 11 de Ley SIRESE.

Esta disposición también fue derogada por el DS 24663, encomendándose al Ministerio de de Capitalización el ajuste o modificación de los proyectos de contrato de concesión y de régimen de bienes con el fin de optimizar el proceso de licitación y las concesiones. (SAMAPA Residual 20000:2). De esta manera se abrió la posibilidad de que la licitación pueda continuar en todas sus fases aún en el caso de existir una sola propuesta siempre y cuando la misma cumpla con los requisitos establecidos en los términos de referencia (SAMAPA Residual 20000:3). Los proyectos de contratos para las concesiones, así como régimen de bienes, los términos de referencia podía ser ajustados, modificados o enmendados por el ministerio de capitalización, para optimizar proceso de licitación y concesiones.

El DS 24663 que establece ajuste a los procedimientos de licitación pública internacional para la participación privada, fue emitido el 21/6/97, y publicado en la Gaceta Oficial No 2008 el 23/VI/97, con anticipación de solo 3 días a la presentación de ofertas, que se llevaría a cabo el 26/VI/97 (SAMAPA Residual 20000:3).

Indudablemente los cambios al DS 24573, introducidos mediante el DS 24663, al otorgar al ministerio de capitalización facultades para cambiar las reglas de juego, alteraron esencialmente las condiciones de licitación (previa y oportunamente establecidas) así como los términos de referencia, quitando transparencia al proceso

Más aún, el 30/VI/97 el Superintendente de Aguas, nombrado ese día mediante RS No 217089, resolvió adjudicar a favor del único proponente AISA, a través de la RS No 01/97. (SAMAPA Residual 20000:4). El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, para el sector público, puesto en vigencia mediante RS 216145, sobre presentación de ofertas dice que "?en caso de existir menos de tres propuestas en la primera convocatoria, la comisión suspenderá el acto y recomendará a la máxima autoridad ejecutiva que la declare desierta". Pero, pocos días antes del acto de apertura, mediante el DS 24663, que no forma parte del marco legal, se procedió con una sola propuesta, vulnerando el marco jurídico básico de la licitación, los términos de referencia y el propio pliego de condiciones. Frente al hecho debía haberse concluido y autorizar una nueva convocatoria. (SAMAPA Residual, 2000: 18).

Del proceso no participaron SAMAPA ni el gobierno municipal; el municipio no fue parte contractual de ninguno de los contratos y sólo a través de SAMAPA Residual (por el contrato de régimen de bienes) (SAMAPA Residual 2000:viii). Es decir, los actores o "stakeholders" más interesados en el tema fueron excluidos de la licitación y decisiones estratégicas, centralizándose todas las decisiones en el Ministerio de Capitalización, donde se elaboraron todas las reglas del juego para la concesión. La convocatoria a la concesión se realizó en base a un estudio realizado por el Banque Paribas (Francia), bajo el seguimiento de la Superintendencia de Aguas (creada un mes antes a la concesión), por tanto no hubo posibilidad de analizar los términos de referencia y promover una discusión pública, como se esperaría de un proceso transparente en una sociedad democrática.

Pero, analicemos aspectos concretos del contrato y sus resultados

Hay cuatro temas que interesan analizar. Primero, el poder de Lyonnaise des Eaux como socio mayoritario, segundo la participación del Banco Mundial a través de uno de sus grupos financieros (IFC), tercero la participación del Banco Mercantil y sus relaciones con el sistema político, y cuarto las acciones de los trabajadores.

Lyonnaise des Eaux: poder mundial del sector agua

Suez-Lyonnaise des Eaux, junto con Vivendi son las dos grandes multinacionales francesas que dominan cerca del 40% del mercado mundial actual de agua y venden sus servicios a más de 110 millones de personas cada una, la primera en 100 países, la segunda en 130 (Poupeau, 2002). Al margen del agua, Suez tiene inversiones en energía, residuos, además de medios de comunicación (incluyendo canales de TV y telecomunicaciones en Francia; aún mantiene un sector de construcción (Hall, 1999). Las ganancias totales de Suez el año 2003 alcanzaron 39,622 millones de Euros (Suez 2003.32). En suma estamos hablando de una de las multinacionales del agua más poderosas en el mundo.

Al inicio de la concesión, oficialmente tenía solo el 35% de las acciones, aunque Arousa como filial del argentino Banco Galicia, es socio de Suez en Aguas Argentinas, es decir, hacen negocios juntos. Para el 2001, Suez aparece con el 54% de las acciones, probablemente producto de haber adquirido acciones de Arousa, el holding argentino Sociedad Comercial del Plata (Argentina) y Meller, que ya no aparecen en la nueva constitución societal.

El Banco Mundial Socio de Aguas del Illimani; sus Implicaciones y Riesgos

El International Finance Corporation (IFC) es un organismo miembro del World Bank Group, creado en 1956, que promueve la inversión sustentable del sector privado en países en desarrollo como mecanismo para reducir la pobreza y mejorar la vida de la gente (http://wbln0018.worldbank.org/ifcext/lacweb.nsf). Constituye la fuente multilateral de préstamo y financiamiento más grande para el sector privado en el mundo en desarrollo.

Pero, el IFC está abierto a la participación en inversiones cuando estas puedan realizar una contribución especial que complemente el rol de los operadores de mercado, estimulando y movilizando la inversión privada en los países en desarrollo, para que tales inversiones puedan ser rentables.

El monto total de la inversión para el primer quinquenio alcanzaba a $US 68 millones, incluyendo $US 40 millones de deuda. Los préstamos provinieron de tres fuentes: el BID aportó con $US 15 millones, $US 10 millones de la CAF y $US 15 millones del International Finance Corporation (IFC) (IDB 1998; IDB 1998a). Interesa hacer mayor referencia de esta última fuente.

En marzo de 1999, el IFC aceptó invertir un total de $US 16 millones en AISA, como parte del apoyo del Banco Mundial al Plan Nacional del gobierno de Bolivia. El financiamiento consistía en un préstamo de 15 millones de $US de los fondos de IFC y una inversión de 1 millón de $US en el capital de Aguas del Illimani[5]. Al momento de anunciarlo, Mr. Declan Duff, funcionario de IFC destacó el papel vital del sector privado en la futura provisión de infraestructura en Bolivia, señalando que concesiones como la de AISA, constituyen la forma más efectiva de alcanzar los beneficios de la eficiencia del sector privado (http://wbln0018.worldbank.org/ifcext/lacweb.nsf).

Corolorario de lo anterior, a principios del 2001 se anunció públicamente que el Banco Mundial, a través de su entidad International Finance Corporation (IFC) se constituía como socia de la empresa Aguas del Illimani (El Deber, 4-IV-01), a partir de un préstamo que le permite acceder al 8% del capital social de la empresa paceña (La Prensa 9-III-01).

En Bolivia es la primera vez que se implementa esta experiencia de inversión directa en el sector agua potable, por parte del IFC; en América Latina el IFC ha realizado inversiones en Aguas Argentinas, la compañía concesionaria en Buenos Aires, donde posee el 5% de las acciones.

Implicaciones y riesgos de la participación del IFC en AISA

El Banco Mundial es una de las más grandes fuentes de apoyo al desarrollo (www.worldbank.com), para ello cuenta con estrategias de lucha contra la pobreza, a nivel global y de los países, y ofrece una amplia gama de productos y servicios, como asistencia financiera, asesoramiento, análisis, fortalecimiento de capacidades, evaluación, producción de información; entre los ámbitos de acción del Banco Mundial se halla el apoyo y fortalecimiento del sector privado (www.worldbank.com), y el IFC cumple una labor fundamental en este proceso.

Porque el IFC se involucra directamente como socio en un consorcio privado? Fundamentalmente para dar buenas señales a las compañias inversionistas y brindarles un nivel de seguridad de sus propias inversiones; una suerte de "sello de aprobación" en países considerados de riesgo (K. Bakker, comunicación personal).

Este aspecto es fundamental pues la participación del IFC, como socio de Aguas del Illimani se oficializa en abril del 2001, es decir luego de la "Guerra del Agua" de Cochabamba. Con el conflicto, tanto el gobierno boliviano como la cooperación internacional habían mostrado su preocupación por el posible alejamiento de la inversión extranjera en el país, debido al temor a revueltas como la de Cochabamba[6].

Pero este hecho tiene implicaciones y riesgos, que deben ser mencionados. Desde principios de los 90s, El Banco Mundial asesoró al gobierno de Bolivia en el diseño e implementación de políticas hídricas y de saneamiento básico orientadas a la transferencia del recurso y sus servicios al sector privado: asesoró al gobierno en el fortalecimiento del perfil institucional del sector, contrató consultores en la elaboración de planes nacionales, concedió préstamos para el fortalecimiento de las empresas de agua más importantes del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), apoyó la creación de la Superintendencia de Aguas, y culminó con la formulación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (No 2029), más aún, financió el proceso de licitación en La Paz (LR 14-I-97); en suma, el Banco Mundial orientó y participó en la elaboración de las reglas del juego para la privatización del agua y sus servicios, en Bolivia (Crespo, 2003). Pero, al mismo tiempo, a través del IFC, el Banco participa como actor del sector privado.

Existe el riesgo de pérdida de la independencia que debe caracterizar a un organismo multilateral como es el Banco Mundial. Se espera que el Banco pueda impulsar la articulación de los diversos stakeholders involucrados en la problemática del agua potable, y promover la construcción de consensos para una gestión sustentable y eficiente, pero si actúa como sujeto privado, la imagen de independencia desaparece, pues estaría parcializándose con uno de los stakeholders.

Como podría el Banco Mundial evaluar imparcialmente el grado de aplicación del enfoque pro-poor por parte de la empresa Aguas del Illimani, si al mismo tiempo es ejecutor de la estrategia? Producto de esta situación se vislumbra un conflicto de intereses.

En una situación de rescisión de contrato, como se planteó en Cochabamba, con el consorcio Aguas del Tunari, donde uno de los organismos de resolución de conflictos propuestos es el Tribunal de Conciliación del Banco Mundial, como podría este organismo realizar un juicio imparcial, si al mismo tiempo un organismo dependiente de la misma institución es parte del conflicto, al tener intereses en la compañía?

La participación del Banco Mundial como socio de Aguas del illimani, puede generar susceptibilidad y desconfianza de los usuarios y otros sectores críticos a la privatización, quienes podrían poner un signo de interrogación a la "accountability" o transparencia del proceso de transferencia del agua potable al sector privado.

Esta intervención directa por parte de una agencia del Banco Mundial, como inversionista directo, para proteger la inversión privada, sienta un peligroso precedente para otros lugares, al transformar las particulares circunstancias de la concesión, en experiencia ejemplar exitosa. Además, la aplicación de esta práctica en un contexto, sea o no de riesgo, contradice la retórica supuestamente no intervencionista del neoliberalismo.

El Banco Mercantil y AISA

No tenemos evidencias de la existencia de una participación del Banco Mercantil en AISA, a través de uno de los socios bolivianos[7], pero se sabe que el vicepresidente del Banco Mercantil es Julio Germán Zuazo (http://www.bancomercantil.com.bo/), quien también funge como uno de los directores de Aguas del Illimani (Solíz Rada, 2003). Por su parte, Jorge Quiroga Luizaga, padre del ex-presidente Jorge Quiroga, director del Banco Mercantil, estaría relacionado con la empresa

Los trabajadores tienen una participación del 1% de las acciones (según datos del 2004). Esta medida está orientada a dar la imagen de un capitalismo moderno, donde los trabajadores también son protagonistas de la gestión. Pero, con el 1% que capacidad de decisión tienen?. Como veremos luego, a pesar de la promesa de AISA, al inicio de la concesión, de no despedir ningún empleado de los 600 que entonces tenía (26-VII-97), en noviembre del 2000 se tiene registro del despido de 94 trabajadores, hecho que generó un conflicto social.

La concesión incluye fuentes de agua

La concesión incluye el "aprovechamiento de aguas" (numeral 2.2.), además de la prestación del servicio en el Área de concesión. Pero más aún, la concesión es de las cuencas, y no de fuentes específicas (anexo 4), donde se establecen aportes y caudales.

Además, la concesión autoriza al concesionario el aprovechamiento de "futuras fuentes que podrá solicitar..." (2.2.1.). El numeral 12 establece que AISA "debe tomar las medidas necesarias...para la obtención de nuevos cuerpos de agua naturales o artificiales, vertientes, pozos surgentes o no, napas subterráneas, o cualquier otro recurso de Agua Cruda que sean necesarios para cubrir la ampliación del servicio y para mantener las nuevas necesidades que surjan en el futuro...".

Primero, Se asume que estas fuentes no tienen dueños ni derechos de uso. La experiencia de Cochabamba mostró la importancia de respetar los "usos y costumbres" existentes en estas cuencas y fuentes. Segundo, al brindar la posibilidad de explotar los recursos hídricos de fuentes, muchas de ellas provenientes de glaciares, esta promoviéndose una gestión no sustentable del recurso; esto es grave si tomamos en cuenta que los glaciares de la zona andina están desapareciendo (Forero, 2002); en La Paz y El Alto, se calcula que la próxima década la demanda de agua se incrementará en un 20%. Sin los glaciares el ciclo natural del agua será interrumpido, pues los glaciares surten agua en época seca y colectan agua en la época lluviosa, generándose por tanto escenarios de conflicto por acceso y uso del recurso, con las comunidades campesinas. Tercero, Si bien el punto 4.2. del contrato establece que el concesionario debe limitar sus actividades estrictamente a la prestación del servicio y actividades conexas al mismo", estas deben sujetarse a las autorizaciones establecidas en el numeral 2.2., esto incluye "la venta de agua en bloque a terceros dentro y fuera del área de concesión, cuando no exista otro concesionario... (pero también cuando lo haya)" (2.2.10). Adicionalmente, se conoce de la existencia de una Resolución de la Superintendencia, autorizando a AISA la venta de agua cruda. Cuarto, como señala una evaluación realizada por SAMAPA Residual[8], si tomamos en cuenta que las ocho fuentes de abastecimiento concesionadas, son propiedad temporal del concesionario mientras dure la concesión, estaría contradiciendo el Art. 136 de la Constitución Política del estado (CPE), que establece el dominio originario del Estado sobre los recursos (SAMAPA Residual, 2000) .

Coberturas

Llama la atención la ausencia de prescripciones que establezcan el acceso obligatorio de la cobertura en zonas pobres, considerado uno de los principales problemas en La Paz y El Alto (SAMAPA Residual 2000:vii). Una concesión "pro poor" debía realizar una "discriminación positiva", priorizando la ampliación de la red hacia las zonas más deprimidas y pobres de ambas ciudades.

Para el 2001 se estableció una cobertura de 82% y 41% en agua potable y alcantarillado respectivamente; en los hechos AISA logró una cobertura de 97,55 en agua y 52,48 en alcantarillado, dentro el área de la concesión, superando las metas fijadas por el contrato. Más aún, tal como reporta el gráfico, ya habría 100% de cobertura de agua potable en ambas ciudades.

En los hechos la realidad es más compleja de la que afirma AISA, pues los datos difundidos por AISA y la Superintendencia son del área servida, y no del área de concesión.

El área de concesión se refiere al área geográfica donde el concesionario prestará el servicio (Clasula I. Definiciones), de acuerdo al contrato, esto es los municipios de La Paz y El Alto, cuyos límites están definidos por la Ley de Participación Popular (Anexo 3). Por su parte, el Area Servida son aquellas áreas dentro de los límites geográficos del Area de Concesión, servidas originalmente por SAMAPA o incluidas en las metas de expansión producto de negociaciones con la Superintendencia (cláusula I. Definiciones). Si esto es así, AISA debiera construir sus porcentajes de cobertura del área de concesión.

Área de Concesión La Paz El Alto

El área de concesión, según SABSA, no coincide con los límites de los municipios de La Paz y El Alto. El problema es que el Área Servida es menor al Área de Concesión. AISA se niega a prestar servicio fuera del Área de Servicio, excepto si los vecinos cubren todos los costos o existe un financiamiento externo. Significa que estos barrios solo tienen agua si pagan el costo total de la instalación, incluyendo tubería madre y acometidas. En el caso de El Alto esto es grave, pues su rápido crecimiento, disperso y escasamente planificado, ha producido asentamientos humanos en muchos casos sin reconocimiento del municipio[9]. Por tanto, las cifras de cobertura optimistas presentadas por AISA, por lo menos para el caso de El Alto, son del Área de Servicio y no del Área de Cobertura.

Ignorando los términos del contrato, AISA, a través del socio mayoritario Suez, afirma que las áreas peri-urbanas se hallan fuera de sus obligaciones contractuales, pero que su desafío es integrar estos asentamientos, ubicados fuera de los límites de la concesión y proveerles el mismo nivel de servicio que las áreas convencionales (Mathys, n/n). Esta afirmación es falsa, pues las llamadas "áreas peri-urbanas" se hallan dentro el área de la concesión, aunque obviamente no dentro del área actualmente servida. Cuyo resumen se presentan en los cuadros siguientes.

En agua potable se habla de un 100% de cobertura al 2006, incluyendo El Alto, y hasta 56% en alcantarillado en esta ciudad. Para El Alto es una cobertura que sobrepasaria lo establecido en el contrato (85% en agua y 43% en alcantarillado), pero la resolución no especifica el área geográfica de esta expansión, si el área de servicio o el área de la concesión, tema ampliamente discutido entre los municipios, la superintendencia y la empresa.

La mayor parte de las metas de expansión establecidas por la Resolución de SABSA, excepto para el caso de alcantarillado en El Alto se concentran en densificación antes que en expansión geográfica (en total 79% en agua y 54% en alcantarillado). Esto quiere decir que la mayor actividad se concentrará en realizar conexiones en areas actualmente servidas por AISA, seguramente con baja densidad, antes que en ampliar hacia nuevas zonas; las zonas más pobres de La Paz y El Alto, considerados consumidores de "alto riesgo" por su bajo consumo, no constituyen una prioridad para estas metas de expansión.

El Banco Mundial considera la implementación de los sistemas condominiales de El Alto, como una solución técnica y económica que favorece a los pobres (Programa de Agua y Saneamiento, 2000), pero se han evidenciado muchas críticas a su viabilidad social y técnica, por parte de los barrios beneficiados y organizaciones vecinales y barriales (Laurie y Crespo 2002). A pesar de ello, existe mucho interés en la empresa y la Superintendencia por ampliar esta experiencia piloto, para ser introducida como parte de las metas de expansión en el nuevo quinquenio.

El tema de densificación no esta establecido en el contrato, pues se asume que las zonas donde hay cobertura total, la densificación es parte del servicio normal y no forma parte de las metas de expansión.

Las tarifas

La evaluación encomendada a SAMAPA residual demostró que hubo una sobrevaluación en las tarifas cobradas por AISA, respecto a las aprobadas para SAMAPA en Mayo del 97, cercanas al 20% en exceso (SAMAPA Residual, 2000:v), es decir una porción de la tarifa calculada en el Estudio de Mejoramiento Tarifario, elaborado por Uzin el año 1996 estaba destinada a la remuneración por los activos de SAMAPA y ahora es parte componente de los ingresos anuales de AISA. Veamos como funcionó la lógica de la sobreganancia para AISA.

La cláusula décima del contrato, no especifica que las tarifas otorgadas a AISA se basaban un estudio tarifario efectuado por SAMAPA en 1996, el "Estudio de Mejoramiento Tarifario", elaborada por el Ing Uzin; tampoco se aclara que una significativa porción de dichas tarifas (por su concepción de cálculo) correspondían al justo pago por la inversión previamente realizada por SAMAPA en la constitución de los activos fijos a ser arrendados al concesionario, y al incluirlos como base de la licitación se añade una ganancia adicional a favor del concesionario. DE esta manera, se vulneró el principio de transparencia de las tarifas (SAMAPA Residual 20000:6).

Si bien AISA paga un canon de arrendamiento, la magnitud de este no se aproxima al monto percibido por concepto de la "tarifa por los activos de SAMAPA" (componente básico de la tarifa calculada por Uzin el 96), pues AISA solo pagó 3.5 millones de $US anuales, habiendo percibido por las "tarifas por los activos de SAMAPA" más de $US 8.5 millones. Este canon de arrendamiento ira disminuyendo paulatinamente durante los primeros 20 años de la concesión (a medida que cada año se vaya amortizando la deuda externa de SAMAPA) y el ingreso por tarifa de servicios de SAMAPA irá en aumento (según aumente la demanda de AAPP), favoreciendo a AISA, perjudicando al usuario y AISA. (SAMAPA Residual 20000:6).

Más aún, la mencionada tarifa considera como uno de sus componentes la retribución a los activos iniciales, es decir aquellos con los que inició operaciones AISA, que son los activos de SAMAPA. Según el cálculo de SAMAPA el valor de la tarifa correspondiente a los activos de SAMAPA es 0.22771 $US/m3, referida a la justa remuneración a la inversión en activos llevada a cabo por SAMAPA, como propietaria de los activos en cuestión. Así, el Y anual promedio por este concepto es 8.9 millones $US. Si el canon de arrendamiento (el pago por la deuda externa de SAMAPA), que era $US 3.5 millones en 1998 e irá reduciéndose paulatinamente, no cubre el ingreso que AISA percibe por concepto de remuneración a los activos de SAMAPA ($US 8.9 millones). Ergo, la pérdida para SAMAPA acumulada en los 30 años llegará a 454 millones de $US (SAMAPA Residual, 2000: 13-14).

Por otro lado, se vulneró principio de eficiencia económica, al otorgar al concesionario una tarifa mayor con relación a las verdaderas inversiones y gastos operativos efectuados y a ser realizados por este en el periodo considerado (SAMAPA Residual 20000:6).

Se habla de que en un sistema de tarifación por volúmenes no se han establecido regímenes de control de la exactitud de la medición ni la tolerancia a las inexactitudes, lo cual en determinado momento puede ocasionar inaceptables problemas de sobrefacturación (SAMAPA Residual 2000:vii).

Las tarifas asignadas a AISA fueron calculadas para pagar completamente toda inversión de este y remunerar su inversión con tasa de interés (compuesto) del 12% anual (rendimiento mayor al promedio del mercado, considerando que las tarifas están en $US). (SAMAPA Residual, 2000: 2)

El Estudio de Mejoramiento Tarifario" de 1996, elaborado por el Ing Uzin, determinó una "tarifa promedio" para SAMAPA y para AISA. Empleando el consumo promedio por tarifa y rango de consumo, se determinan las tarifas promedio para SAMAPA y AISA, respectivamente, encontrando que esta última tiene una tarifa promedio mayor en más del 19% que la tarifa calculada para SAMAPA. No hay justificativo para este incremento de tarifas técnicamente diseñada(SAMAPA Residual, 2000: 12). De esta manera el público termina pagando, tan solo por este concepto, un exceso aproximado de 3.6 milloines $US/año[10]. En los 30 años de la concesión la pérdida acumulada de los consumidores por incremento de tarifas sería de $US 157 millones. (SAMAPA Residual, 2000: 13)

Existió un incremento previo de 57.7% en la categoría domestica, 17,88% en la Comercial y 21% en la Industrial. Aunque se establece que las tarifas deben ser "justas y equitativas" (10.2.2.), los principios que guían la elaboración de las tarifas son eficiencia económica, viabilidad financiera, simplicidad y transparencia; es decir, criterios económicos y de ganancia; lo social esta ausente.

El contrato de concesión establece algunas medidas, importantes por sus efectos sobre la economía de los usuarios: Se indexan las tarifas al cambio dólar americano, publicado por el banco Central el primer día del periodo de facturación; se anula el cargo fijo básico, y se cobra solamente por el caudal de agua potable consumido a partir del primer metro cúbico. Antes de la concesión existía una tarifa básica hasta 10 m3, hoy se cobra por m3 consumido, ignorando criterios de solidaridad y equidad.

Además, se establece un monto adicional de $US 0.10 en todas las facturas independientemente del nivel de la tarifa. Los costos de conexión de agua potable se fijan en $US 155 y el de alcantarillado $US 180. Se establece una revisión periódica de tarifas cada 5 años, a partir de la fecha de inicio. En la categoría comercial se incluyen a usuarios oficiales, públicos y estatales; entre ellas se encuentran escuelas, cuarteles, áreas verdes. Luego de negociaciones, el 2001 se logró una rebaja para algunos de estos usuarios (escuelas).

A fines del 2001 se cumplió el primer quinquenio, por tanto, siguiendo los términos del contrato (Cláusula 10.5.), hasta el primero de enero del 2002 debían fijarse las nuevas condiciones para el próximo quinquenio, particularmente la nueva estructura tarifaria.

La negociación entre la Superintendencia de Saneamiento Básico (SABSA) y AISA se llevó a cabo desde el segundo semestre del 2001. No se debe olvidar que esta negociación se realizado en el marco de tres hechos que han determinado el resultado final:

Primero, la Guerra del Agua de Cochabamba (octubre 1999-abril 2000) ha permitido la emergencia de movimientos sociales, como la Coordinadora Departamental del Agua en Cochabamba y un amague de organización de una similar en la ciudad de El Alto, que han puesto en tela de juicio la legitimidad de la privatización de los servicios públicos en el país, creando un ambiente de incertidumbre para la inversión privada en el sector.

El segundo aspecto es que, también producto del conflicto cochabambino, existe una nueva Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (No 2066) y un cuerpo de Reglamentos que han sido consensusados casi en un 90% con las organizaciones sociales (particularmente la Coordinadora del Agua); estas nuevas reglas del juego, que entre otros temas modifica la indexación de las tarifas e incorporan mecanismos de consulta en la otorgación de concesiones y fijación de tarifas, no fueron del agrado de AISA ni del Banco Mundial: AISA se negó a aceptar el marco normativo por afectar a sus intereses y considerar que el contrato de concesión se ha realizado con otras reglas[11] (la Ley de Aguas de 1906 y la ley SIRESE), y junto con el Banco Mundial han logrado bloquear la aprobación de los Reglamentos de la Ley, como hemos visto en capítulos anteriores.

Por último, el país ingresó en un año electoral, coyuntura poco adecuada para tomar decisiones que afectan a la población, esto es a los electores, que podrían generar revueltas como la de Cochabamba.

Para la negociación, AISA solicitó un incremento en las tarifas hasta en un 25%, como establece el contrato (cláusula 13.3.2.); SAMAPA residual realizó un estudio sobre la propuesta de AISA, donde mostró que en los hechos, a lo largo del quinquenio, el incremento alcanzaría entre 34 al 74 %, afectando particularmente a los sectores mas pobres producto de la introducción de un cargo fijo; adicionalmente estas tarifas estarían completamente dolarizadas, vulnerando la Ley 2066, instrumento legal que, como dice el informe de SAMAPA, "Aguas del Illimani cree no necesita cumplir, pero que la SISAB sí debe cumplir" (SAMAPA 2001). Se conoce que la Superintendencia habría aceptado hasta un 15%[12].

A fines del 2001, la Superintendencia de Saneamiento Básico (SABSA) emitió dos resoluciones (la 79/2001 y la 80/2001), resultado de la negociación, que inicialmente pasaron desapercibidas para la opinión pública, particularmente las organizaciones sociales[13], pero que modifican aspectos específicos del contrato.

La Resolución 79/2001, si bien establece en su primer punto mantener el sistema tarifario establecido en el contrato de julio de 1997, actualmente vigente, en el segundo aprueba el incremento del cargo por concepto de formulario, de $US 0.10, establecido originalmente en el contrato, a $US 0,220 por conexión y por mes para las conexiones domésticas de los sistemas de El Alto, y $US 0.3444 para los sistemas de Achachicala y Pamphahasi, asi como para todas las conexiones comerciales e industriales de la concesión. En ambos casos implica un incremento, del 120% en el primer caso, y 244.4% en el segundo. El tercer punto señala que la nueva estructura tarifaria será definida una vez aprobados los Reglamentos de Ley Modificada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario No 2066.

Por su parte, la Resolución No 80/2001, aprueba las nuevas metas de expansión de los servicios para las ciudades de La Paz y El Alto, sobre el cual nos referiremos luego. El artículo segundo de la Resolución se refiere a los nuevos costos del derecho de conexión, $US 196 por agua potable y $US 249 por alcantarillado sanitario, esto implica un incremento del 26.4% y 38.3% respectivamente en relación a los precios establecidos por el contrato.

Al margen del irremediable futuro incremento tarifario, las implicaciones de ambas resoluciones son importantes para la economía de la población, pues un habitante de El Alto, por ejemplo debe pagar mensualmente 1.5 Bs. por el formulario o recibo, cuando antes pagaba solo 0.7 Bs[14]. Pero el mayor cargo es en las nuevas conexiones, que harán más prohibitivo conectarse a la red con los nuevos costos. Este problema es muy grave en El Alto, donde la cobertura en alcantarillado es del 63%, según AISA, con un consumo muy bajo de agua (un promedio de 50 litros/persona/día), entre otros motivos por el alto costo que supone. Algunos enfoques que enfatizan la necesidad de orientar la participación privada hacia la protección de los sectores más pobres de la población, sugieren que se establezcan sistemas de subsidios a la instalación de los sistemas (Crespo/Laurie 2002) tema que aparentemente no ha sido considerado en la concesión de La Paz.

Lo relevante es que no se considera la participación de los usuarios en la revisión tarifaria. Directamente es una negociación entre Super y Concesionaria (anexo 10; numeral 3.2.).

A propósito de negociación, con la experiencia de Cochabamba, las organizaciones sociales participaron de algunas reuniones respecto al nuevo quinquenio; se hablaba de la conformación de una comisión donde participaban las representaciones vecinales y cívicas. Pero en los acuerdos establecidos entre la Superintendencia y AISA no participaron estas organizaciones[15]. Mas aún, la resolución vulnera un convenio de noviembre del 2001, entre la FEJUVE de El Alto y AISA, con el respaldo de la Superintendencia, por la cual la empresa se comprometía a no realizar ningún tipo de incremento mientras no fuera consensuado con las organizaciones sociales.

Por otro lado, a lo largo de estos años hay denuncias de cambios de categoría, que implican incrementos tarifarios. Asimismo quejas por el elevado costo de reposición del servicio ($US 13), el corto tiempo para cubrir deuda mensual.(LR 8/IV/98), y denuncias de cobros en viviendas deshabitadas. (LT 23/IV/98).

Todos estos elementos influirán en el ánimo de la población, principalmente alteña, en la profundización del movimiento de resistencia a la concesión, como veremos luego.

Pero, hay un hecho aún más grave, también inadvertido por la opinión pública. Previo a la concesión, en 1996 SAMAPA encomendó un estudio de mejoramiento tarifario, que definió el sistema actualmente vigente.

Comparando con las tarifas aprobadas en el contrato de concesión se observa que en este último se incrementó en más del 19% que la tarifa calculada para SAMAPA, sin ningún justificativo técnico ni legal; esto implica que el usuario paceño paga un exceso aproximado entre 3 a 3.6 millones de $US/año (SAMAPA Residual, 2000). Es decir, al margen del incremento público, establecido previo a la concesión, producto de las negociaciones con AISA, se hizo un nuevo incremento ignorando el estudio de SAMAPA. Esta situación no ha sido modificada hasta hoy.

Finalmente, si bien hubo anuncios de la Superintendencia de desindexar la tarifa, y más bien calcular de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), de tal manera que las tarifas suban de acuerdo al costo de vida de los bolivianos (dato proporcionado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística) (ED 1/IV/03), hasta el momento no se ha implementado oficialmente, debido a la resistencia de AISA.

Consumo

El año 2001, el gerente general de AISA se quejaba que en los primeros cinco años de la concesión el consumo en general había bajado (N/N, 2001).

Dos razones influirían en la caída del consumo: por un lado, los usuarios domésticos han ajustado su consumo por la crisis económica (Johnny Cuella en LP/13/XII00), y por otro, sectores industriales paceños han quebrado o se han ido a Santa Cruz (N/N, 2001)

Asimismo, los consumos son diferentes según el estrato socioeconómico al cuál pertenece la zona: los barrios pobres consumen mucho menos que los barrios de la clase media paceña, visibilizando que el acceso al agua potable en Bolivia es un indicador de segregación socio económica.

La ciudad de El Alto es la que consume menos agua en toda el área de la concesión; por ello, las mayores críticas del gobierno y AISA al bajo consumo, se han concentrado en esta ciudad:

"Invertir en El Alto es para el fósforo, ya que es una ciudad totalmente pobre y no reúne las condiciones para fortalecer económicamente a una empresa. Pero, el compromiso contractual que tienen para atender La Paz, El Alto y sus alrededores, los alienta".(UH 9/III/98)

En diciembre de 2000, Arnaud Bazire declaraba que la población del Alto era «el peor cliente» y «el peor consumidor del mundo», mientras que un funcionario del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), declaraba que la concesión podría ser rentable si la población consumiera de otro modo... es decir más (Popeau 2002).

El tema crítico es que mientras las normas Internacionales de consumo de agua potable tienen como parámetro el gasto de 150 a 2 50 litros del líquido por habitante, en La Paz es 146 lts/día, mientras que en la ciudad de el Alto apenas llega a 31 lts/día (ABI, 8/VI/01). De hecho, la vivienda tipo en El Alto solo posee un punto de agua, normalmente en el patio, sin instalaciones sanitarias.

Las causas para la caída en la demanda y el bajo consumo de agua en El Alto oscilan entre los prejuicios racistas y el síndrome de la crisis económica:

Atribuyen a factores socioculturales. Es común oír ente técnicos de AISA y el mismo gobierno, que "los aymaras no tienen costumbre de bañarse, por el frío". Por otro lado, se habla de la falta de "costumbres urbanas", como utilizar duchas, lavanderías, o el hábito de echar el agua por unos canales que salen directamente a la calle (LR/04/VI/01). Como afirmaba el funcionario del FNDR: "Es primordial enseñarle a la población que debe acostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona crece sin agua y va a las instalaciones públicas, o al río. Se habitúa a eso, y a no tener agua adentro de la casa. Es una cuestión de cultura. Hay que enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, a regar las plantas y lavar el auto..." (Popeau, 2002).

La "cultura de la subvención". Denis Cravel, especialista en agua del BID afirma que "la población tiene malos hábitos", porque cree que "el servicio debería ser gratuito", cuando en realidad el "agua es un bien social, pero también económico".

¿Cuanto ha invertido AISA?

En enero de 1998, un titular del periódico La Razón señala que AISA invierte $US 100 millones en La Paz, cuando la noticia solo menciona de una inversión entre $US 100 mil a $US 600 mil, en el Bombeo Pisagua, y otra inversión en el bombeo Pacajes, con una inversión de $US 300 mil. (LR 29/I/98). En marzo del mismo año, el periódico Ultima Hora afirma que en los próximos cinco años, AISA invertirá $US 60 millones en El Alto, con una inversión anual de 10 a 12 millones (H 9/III/98).

En agosto, en una entrevista al gerente de AISA, Alain Carbonell informa que AISA invertirá $US 80 millones en los próximos 5 años, para el suministro de agua y alcantarillado, y al finalizar los 30 años, habrá invertido $US 360 millones (ED 6/VIII/98). Seis meses después, el IFC, a través de Bernanrd Pasquier, al anunciar que invertirá $US 16 millones para el proyecto de abastecimiento de agua en La Paz y El Alto informa que "el proyecto permitira a AISA poner en práctica su primer plan quinquenal de inversiones, cuyo monto se estima en $US 68 millones (LP 11/III/99). Pero, en diciembre de ese año, se informa que el Plan de Inversión de AISA hasta ese momento suma $US 38 millones y una proyección de 70 millones a ser invertidas el año 2001 (UH/ 3/XII/99).

El 2001, un representante vecinal denuncia que AISA debía invertir $US 80 millones en cinco años, inversión que cubría la instaslación de redes de alcantarillado para los vecinos de la ciudad de El Alto, pero eso no se cumplió" . (P 13-V-01) En su respuesta una semana después, AISA, a través de su gerente de comunicación, Patricia Wieler explicó que aún no puede atender nuevas solicitudes vecinales porque ya se cumplieron las metas quinquenales de conexión, y ahora tendrán que esperar un nuevo plan, señalando que hasta marzo de ese año, la empresa pretendía invertir 80 millones de dólares, de un total de 362 millones de dólares programado para los próximos 30 años, plazo del contrato de concesión acordado con el Estado boliviano (P/24/V/01).

Pero todo apunta a que son razones socioeconónomicas las que determinan el bajo consumo en la ciudad de El Alto, no tomadas en cuenta por el consorcio cuando realizaban sus estudios de proyección del consumo:

Un mayor consumo les implica un gasto extra, que la crítica economía alteña no podría soportar (El Alto se halla entre las ciudades con mayores índices de pobreza en el país). Adicionalmente, instalar una ducha implicaría pagar por el consumo de energía eléctrica.

El Alto es una ciudad donde sus habitantes, tanto hombres como mujeres, desarrollan sus actividades en la ciudad de La Paz o fuera de la vivienda, particularmente comercio; por tanto los requerimientos de agua son menores a un hogar estándar.

De todas maneras, AISA argumenta que el servicio de El Alto produce pérdidas a la empresa: solo recauda 5 millones Bs/año, que no cubren los gastos operativos: solo la necesidad de mantener la imagen de la empresa los mantiene en la zona.

La pregunta es por que AISA no se va de El Alto, a pesar de las pérdidas? Por la importancia para la empresa madre, Suez, de mantener la imagen internacional de una concesión exitosa orientada a los pobres ("pro poor"), demostrando por tanto que el sector privado también invierte en zonas pobres.

¿Cuanto es el monto de inversión pactado por AISA con el gobierno y la autoridad regulatoria? El contrato de concesión no lo establece. Aparentemente la licitación original estaba basada en metas de expansión según inversión, pero estas fueron modificadas por metas según número de conexiones. Por que el cambio? Tenemos dos hipótesis: por un lado, porque permitía a AISA no visibilizar el origen de las inversiones, de tal manera que los créditos blandos, concesionales (pensados para los pobres) que ya habían sido comprometidos por SAMAPA, previa a la concesión, les permitía cumplir con las metas de conexión. Para que traer nuevos capitales si ya existían esos créditos? Por otro lado, facilitaba que inversiones realizadas por otros actores institucionales, aparezcan como parte de las inversiones de AISA. Dos ejemplos. Una ONG española realizó por su cuenta 2000 conexiones en zonas fuera del área de cobertura, las que luego aparecieron como ejecutadas por AISA. COSUDE esta invirtiendo tres millones de $US en conexiones en El Alto, las que serán administradas por AISA, y seguramente aparecerán como suyas.

Ahora bien, AISA en estos años ha realizado un manejo mediático del monto de la inversión, modificando cantidades de acuerdo a las coyunturas, fluctuando entre $US 60 a 80 millones (ver Box No?.). De acuerdo al BID, en los 30 años deben invertir US$362 millones, y en la primera fase (1997-2001) calculaban aproximadamente US$72.0 millones. Pero, la verdad es diferente.

¿AISA está invirtiendo y arriesgando su capital, como suelen afirmar? Este dato es difícil de conocer, pero podemos hacer un ejercicio con información indirecta. Si creemos al BID y al gerente A. Bazure[16], de los $US 72 millones que debía invertir AISA en los primeros cinco años, $US 52 millones venían de préstamos: 15 provenientes del BID, 25 de un financiamiento paralelo del BID-IFC y la CAF, y 12 de fuentes no identificadas . Es decir, 72,2% del total; pero, de acuerdo a la información de la SISAB, representaría aproximadamente el 95%. Estos créditos son concesionales, con intereses bajos, canalizados a través del gobierno. Es decir, la inversión de AISA no es directa, sino a través de préstamos del gobierno.

A fines de agosto del 2003, los accionistas de AISA aprobaron ofertar bonos de la empresa en el mercado boliviano, para "apoyar futuras inversiones con bonos adicionales"; de esta manera la empresa podría adecuar en cierta medida su estrategia futura de financiamiento, actualmente proveniente principalmente de créditos multilaterales, que respaldan la estructura de pasivos de AISA. El monto aprobado: 7 millones de $US en cuatro series: una primera de US$1mn en bonos con vencimiento a tres años y luego tres de US$2mn con vencimientos a cuatro, cinco y seis años respectivamente. La venta buscaba ayudar a a reestructurar los pasivos a corto plazo de la empresa a fin de financiar su plan de inversiones. "Illimani debe invertir casi US$16mn durante el período 2002-2006 para ampliar la red de servicios y ya ha invertido US$5mn durante este períodor" ( www.BNamericas.com)

Finalmente, como señala el estudio de SAMAPA Residual, "el concesionario decía que el 2000 hizo inversiones por 44 millones de $US, pero en ella incluye obras que fueron comenzadas y pagadas hasta el 1 de agosto por SAMAPA, por lo menos parcialmente (eplo: planta depuradora de aguas servidas de Puchukollo y la tubería Pampahasi-Ovejuyo, que en el momento del inicio de la concesión estaban concluidas y pagadas en un 75 y 60% respectivamente) (SAMAPA Residual 2000:viii). El peligro de no esclarecer el estatus financiero de estas obras completamente nuevas hechas como inversión del concesionario, es que aparecen como inversiones propias. El documento considera que AISA "ha tratado de exagerar el aporte o la inversión privada que en todo caso es menor a la que el concesionario afirma y si es que realmente existiera". Todo esto es posible porque el Contrato no establece los procedimientos que determinarían la inversión que el concesionario debía realizar" (SAMAPA Residual 20000:3).

Derecho a servidumbres

Para cumplir con sus con sus obligaciones, y facilite la prestación del Servicio, el concesionario tiene el derecho de "uso de bienes públicos y servidumbres sobre bienes privados" de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas, marco regulatorio y otras normas aplicables (numeral 8.). Las expropiación de infraestructura, áreas ha sido un tema conflictivo, como también enseña la revuelta cochabambina.

El Contrato, si bien señala la atribución de atender los desagües pluviales (2.2.9.), el mantenimiento es solo de la red existente, a la fecha de inicio del servicio. "El Concesionario no tendrá la obligación de expandir, ni mantener la red pluvial la red pluvial que se construya a partir de la fecha de inicio" (13.9). En una ciudad donde cuyas laderas (la mayor parte de ellas zonas pobres), se hallan en alto riesgo de derrumbes durante la época de lluvias por los derrumbes, la inexistencia de una política de manejo pluvial es grave. Para AISA el tema pluvial no genera ganancias, por tanto no constituye una prioridad. El pasado año AISA perdió un juicio con SAMAPA residual, adeudando aproximadamente 30 millones de Bs. de los cuales 750 mil $US serán pagados en obras pluviales.

El documento de SAMAPA Residual señala que la exclusión del alcantarillado pluvial como obligación del concesionario ha ocasionado una contradicción en el contrato y un vacio en las obligaciones para atender la necesidad de su construcción y mantenimiento, el cual resulta oneroso para la Alcaldía y la ciudad (2000:v). Veamos las causas.

SAMAPA había encarado el mantenimiento y construcción del alcantarillado pluvial. Resulta que, a raíz de esta clásula, AISA cobra una tarifa casi un 20% más alta y sin obligación alguna respecto al alcantarillado pluvial (SAMAPA Residual 20000:8), es decir la cláusula solo sirve para los derechos no las obligaciones. El costo acumulado por SAMAPA para la ciudad de la paz, por la ejecución del alcantarillado pluvial llega a más de 17 millones de $US (SAMAPA Residual, 2000: 15).

Asimismo, se describen las medidas que el gobierno municipal de La Paz y SAMAPA tuvieron que tomar para subsanar temporalmente las contradicciones y vacíos respecto al Alcantarillado pluvial, contenidos en el contrato de concesión, hecho que concluyó en la firma y ejecución de un "contrato de obra" a raíz del cual se determinó que el costo real de las obras reclamadas por AISA era inferior al 63% del monto exigido por el concesionario. También se describen la serie de incumplimientos relativos a la adecuada conservación y operación de todos los activos inherentes al sistema, así como los daños al medio ambiente por la causa arriba descrita (2000:vi).

En suma, "si el D.L. 07597 de creación de SAMAPA incluía ente sus atribuciones y obligaciones atender el alcantarillado pluvial, y tal disposición forma parte del marco legal de la licitación, dicha obligación debió formar parte del alcance de la concesión". (SAMAPA Residual, 2000: 18).

Medición

Según el contrato, la concesionaria tenía un plazo entre 1.5 a 3 años para instalar medidores en el área de concesión, en el sector doméstico (anexo 10; numeral 1.1.); pero hasta hoy, gran parte de las instalaciones de El Alto carecen de medidores, lo que se traduce en tarifas más altas. Los vecinos de El Alto prefieren medidor, pues mientras con el sistema medido llegan a pagar entre 6 a 7 Bs. con el sistema no medido, donde pagan un promedio establecido por la empresa, pagan entre 12 a 15 Bs. No es casual que desde el inicio de la concesión, más bien se haya reducido el porcentaje de conexiones con micromedición, de 92,29% al inicio de la concesión, a 90,04 % a fines del 2000 (SISAB 2000: 21).

Auditoría externa

El Auditor Externo, técnico y contable es contratando por la misma empresa, quien certifica el cumplimiento de metas de expansión (anexo 11; numeral 3). Asimismo ODECO es contratado por AISA, generando el riesgo de ser juez y parte y poniendo en duda la transparencia de la fiscalización y solución de quejas. De hecho, el índice de resolución de quejas se ha reducido, de 98,85 al inicio de la concesión, a 94% el año 2000 (SISAB 2000:21).

Confidencialidad

Si bien, AISA esta obligada a informar a la Superintendencia sobre sus actividades, y esta a su vez podrá publicar la información proporcionada por el concesionario, no se incluye "aquella información que, a solicitud del concesionario, haya sido calificada como confidencial, información privilegiada y secretos comerciales por el concesionario o que constituyan propiedad intelectual del concesionario o de terceros que tenga el carácter de restringida, confidencial o secreta" (14.1.1.). Obviamente en ella se halla el modelo financiero y los criterios para la elaboración de la estructura tarifaria, temas cruciales a la hora de negociar las nuevas metas y tarifas.

A su vez, según el numeral 14.3.1 el concesionario "no podrá proporcionar información confidencial relativa a la Super, de la cual conozcan, se enteren o tomen conocimiento directo en virtud de su participación en la licitación y celebración de este contrato", particularmente se refiere a aquella información obtenida en la sala de datos, incluyendo entrevistas con personal autorizado y visitas de inspección a las instalaciones de SAMAPA.

Pasivos ambientales

Concesionaria no se hace cargo de pasivos ambientales existentes a la fecha de inicio (18.1.5.). Quien lo hará?. Los impactos ambientales acumulados por la gestión de SAMAPA, a través de las descargas en el río Choqueyapu, no tendrán ningún tratamiento.

Pero, en el tratamiento de aguas servidas tampoco se ha avanzando mucho; periódicamente AISA echa residuos de su planta de tratamiento de lodos al río Choqueyapu, con residuos contaminantes sobre los cuales nadie se hace responsable: recién se tomaran medidas al respecto en el próximo quinquenio. Tampoco AISA muestra interés en obligar a las industrias a cumplir reglamentos ambientales en sus descargas: "nosotros no contaminamos, lo hacen las industrias que no cumplen los reglamentos ambientales", parece ser el lema.

Incluye AISA los costos ambientales en su análisis financiero? No lo sabemos, pero por los antecedentes mencionados no lo parece.

Solución de controversias

Si bien el contrato reconoce las leyes bolivianas, a la vez se reconoce el derecho de los accionistas y concesionario a recurrir a "mecanismos de resolución de controversias establecidos en tratados internacionales reconocidos por la República de Bolivia" (21.1.2.). Entre estas se hallan organismo como el tribunal de conciliación del Banco Mundial, frecuentemente utilizado en casos de conflictos; pero, si este organismo es socio de AISA, como podrá ser a la vez ser juez?.

Contrato por encima de otros acuerdos

Al ser considerado el contrato un documento completo, "no existen otras restricciones, promesas, declaraciones, garantías, estipulaciones u obligaciones diferentes de aquellas expresamente expuestas en el presente Contrato. Este Contrato reemplaza a todos los convenios y acuerdos, ya sean verbales o escritos, entre las partes con respecto al objeto de este contrato" (28.5). Es decir, cualquier acuerdo que logre la Superintendencia con las organizaciones o los municipios, AISA no está obligado a cumplirlo. Otra moraleja de la experiencia de Cochabamba.

Resistencia a AISA

El proceso de resistencia a la concesión de Aguas del Illimani (AISA) se puede dividir en tres etapas, diferenciadas por los alcances y contenido de la resistencia:

Primera Etapa. Que dura entre el momento de la concesión, en 1997, hasta la guerra del Agua, en abril del 2000. El gobierno incrementó las tarifas meses antes de la concesión, de tal manera que AISA no aparecía como directo responsable del hecho (como sucedió en Cochabamba), por tanto las organizaciones se vieron neutralizadas en su capacidad de movilización. De todas maneras hubo intentos: el día que se anunciaba la concesión a AISA, la Asamblea de la Paceñidad[17] organizaba una marcha de protesta y posterior cabildo como rechazo a la privatización de SAMAPA y la elevación de las tarifas de servicios esenciales[18] (UH/27/VI/97).

Donde hubo descontento generalizado desde el inicio fue en El Alto, no solo por las tarifas elevadas[19] y calidad del servicio, que se tradujo no solo en la demanda por la rescisión del contrato, sino en acciones directas contra las oficinas de la empresa en El Alto: en mayo de 1998, las oficinas de AISA en El Alto "fueron apedreadas por un grupo de manifestantes que participó de una m

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