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Actualizado el 2004-07-26 a horas: 10:40:52

Nacionalización, una tesis de Naciones Unidas

Nacionalización, una tesis de Naciones Unidas Enrique Mariaca Bilbao Por otra parte, los hidrocarburos bajo el control del Estado, representa una conquista en el ideal de liberación e independencia nacional; mientras que la presencia de las Transnacionales significa la supervivencia de elementos antinacionales, afines con procesos políticos-económicos regresivos y con el imperio norteamericano.

Nacionalización, una tesis de Naciones Unidas

Enrique Mariaca Bilbao

La organización de las NACIONES UNIDAS, en la Asamblea General del 14 de diciembre de 1962, aprobó la Resolución 1803 con el voto unánime de 154 representantes de la comunidad internacional de Países Miembros, cuyos considerandos más salientes expresan:

"Teniendo en cuenta lo dispuesto en su resolución 1314 del 12 de diciembre de 1953, por lo que se creo la Comisión de Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales para que realizara un estudio completo de la situación en lo que a la soberanía permanente sobre recursos y riquezas naturales como elemento básico del derecho de libre determinación, y formular recomendaciones, si fuere del caso, encomendadas a reforzarlo, y resolvió además que, al estudiar a fondo la cuestión la soberanía permanente de los pueblos y de las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales, se tuvieran debidamente en cuenta los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional y la importancia de fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo.

Teniendo presente lo dispuesto en su resolución 1515 de 15 de diciembre de 1960, en la que se ha recomendado el derecho soberano de todos los Estados de disponer de su riqueza y de sus recursos naturales.

CONSIDERANDO que cualquier medida a ese respecto debe basarse en el reconocimiento del derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales en conformidad con sus intereses nacionales, y en el respeto a la independencia económica de los Estados.

CONSIDERANDO que es conveniente fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, y que los acuerdos económicos y financieros entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo deben basarse en los principios de igualdad y del derecho de los pueblos y las naciones de la libre determinación.

CONSIDERANDO que la prestación de asistencia económica y técnica, los préstamos y el aumento de las inversiones extranjeras deben llevarse a cabo sin sujeción a condiciones que pugnen con los intereses del Estado que los recibe.

Asignando especial importancia a la cuestión de promover el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo y de afianzar la independencia económica.

Deseando que las Naciones Unidas examinan a fondo el problema de la soberanía permanente sobre los recursos naturales con ánimo de cooperación internacional en la esfera del desarrollo económico sobre todo del de los países en vías del desarrollo.

DECLARA l o s i g u i e n t e :

1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejerserse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado.

2. La nacionalización , la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen superiores al mero interés particular o privado tanto nacional como extranjero,. En esos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente, con arreglo a las normas en vigor en el Estado que adopte esas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el derecho internacional.

En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización de origen a un litigio, debe agotarse a la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional.

3. El ejercicio libre y provechosos de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los Estados basado en su igualdad soberana.

4. La cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo ya sea que consista en inversión de capitales, públicos o privados, intercambio de bienes y servicios, asistencia técnica o intercambio de informaciones científicas, será de tal naturaleza que favorezca los intereses del desarrollo nacional independiente de esos países y se basará en el respeto de la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales.

5. La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz.".

En marzo de 1973, el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU reunido en Panamá, emitió la Resolución 330 mediante la cual reafirmó la Soberanía Permanente de los recursos naturales por el Estado correspondiente.

Así, el derecho a nacionalizar no sólo está involucrado en el derecho constitucional e inscrito en las Constituciones, pues ha sido consagrado en el derecho internacional dentro de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobado por la Resolución N° 3281 (XXIX) en la sesión Plenaria 23152 de Naciones Unidas celebrada el 12 de diciembre de 1974, En el capítulo II declara el derecho de todo Estado de elegir su sistema económico y de ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales; reconoce y determina en el inciso C del artículo 2ddo. El Derecho del Estado de "Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de los bienes extranjeros, al dominio nacional.

Conforme al mismo dispositivo declara que en tales casos se aplica el derecho interno (teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente) y el debate sobre compensación se resolverá por los Tribunales del Estado, a menos que los Estados interesados acuerden, libre y mutuamente recurrir a otros medios pacíficos, dentro de la igualdad soberana y libre elección de los medios".

LA AUTODETERMINACIÓN, LA NO INTERVENCIÓN Y LA IGUALDAD JURÍDICA. DE LOS ESTADOS.

Son los otros principios aprobados por las NACIONBES UNIDAS en apoyo a la Soberanía Permanente de los Estados sobre sus recursos naturales... Principios que propugnan la convivencia pacífica de los Estados, la solidaridad y la cooperación entre los países, hacia el perfeccionamiento de la democracia y el advenimiento de un nuevo orden económico mundial más justo.

El derecho a nacionalizar tiene además su punto de partida en el principio de libre determinación de los pueblos, que consagra el inciso 2do. del artículo 1° del Capítulo I de la Carta de las Naciones Unidas e, inclusive, el artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza los derechos humanos, que dice: 1). Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2). Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como en el derecho internacional. En ningún caso podía privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3) Los Estados Partes en el presente Pacto, inclusive los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

La nacionalización de nuestros hidrocarburos es por tanto, un acto jurídico-político de expresión de soberanía y de autodeterminación, y, no puede ser contestado ni objetado. Esto no excluye que cuando proceda, se realice por medio de expropiación sujeta a justiprecio.

Por otra parte, el rescate y nacionalización del petróleo en América Latina ha profundizado la conciencia nacionalista y patriótica de amplios sectores de la población. Ha evidenciado que cuando existe la decisión de desarrollarse con independencia desaparecen los atavismos y prejuicios raciales, regionales, se consolida la unidad nacional sobre base de respeto e impuso a la democracia. Hace que todas las clases sociales establezcan un nuevo nivel de discusión política, que se desarrollen las organizaciones sociales principalmente las de carácter popular, de trabajadores y campesinos, que en las fuerzas armadas se despierte y reafirme el interés de defender el territorio y los recursos naturales, que se consolide el espíritu internacionalista propio del boliviano y de colaboración e integración latinoamericana bolivariana.

La nacionalización de nuestros hidrocarburos conduce a la necesidad de ensanchar la vía, conduciéndola hacia todos los recursos naturales que poseemos como condición indispensable para plantear un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de largo plazo.

Este plan soberano de rescate de este energético, estratégico y savia viva del desarrollo, en este escenario sembrado de escollos, requiere de un gran esfuerzo conceptual y de organización. Estamos inmersos en un medio político-económico colonial, neoliberal, por tanto, con gobernantes y operadores sumisos al poder transnacional y dotados con un alto complejo de inferioridad frente al sistema además, ignaros de la mecánica, de la ingeniería y dinámica del sector de los hidrocarburos.

Repiten los mitos bien cultivados por las transnacionales, acerca de la incapacidad de los tercer mundistas del desarrollo propio, de las innatas ignorancias de las tecnologías y de su captación, del desconocimiento organizativo y gerencial empresarial. Finalmente, se rinden incapaces al citar las multimillonarias inversiones con las que nos inundaron teóricamente las petroleras, imposibles de pagar si nacionalizamos; además, que seríamos humillados, bloqueados e impedidos para lograr financiamientos destinados al futuro desarrollo.

OLVIDAN que tuvimos una rica experiencia petrolera de más de 60 años con dos nacionalizaciones. La primera, el 13 de marzo de 1937 en que se expropiaron las concesiones y bienes de la Standard Oil por el gobierno d militar Toro y Busch, por incumplimiento del contrato y exportación clandestina del petróleo a la Argentina y, la segunda, el 17 de octubre de 1969 en que se expropiaron las concesiones y bienes de la Gulf Oil, por el gobierno militar Ovando y Torres, por utilidad pública y seguridad nacional, debido a la intromisión de este consorcio en la vida nacional merced al poder económico y político adquirido gracias al Código Petrolero que le concedió excesivas ventajas de todo orden.

IGNORAN el accionar positivo de la empresa estatal YPFB, integrada en las complejas tecnologías de la industria y con plena autarquía para evitar el manoseo político, vigente hasta 1985. YPFB con su lema " al servicio de la Patria" cumplió con todos los objetivos que demandó el desarrollo nacional y llegó a ser la más grande e importante empresa del país con ingresos brutos superiores a los 750 millones de dólares año, aportando al Estado con el 65% de esos ingresos aparte del pago del 12% de regalías. Sus reservas de hidrocarburos al momento de su pseudo capitalización eran: en petróleo como probadas 220 millones de barriles de petróleo y probables y potenciales 1.600 millones de barriles mientras que las de gas, probadas eran de 7,2 Trillones pies cúbicos y probables y potenciales 23 Trillones. Todas estas reservas fueron enajenadas y transferidas a valor CERO a las transnacionales.

Los recursos humanos de YPFB altamente capacitados, tan valiosos como sus reservas físicas, fueron igualmente eliminados pero todavía se está en la oportunidad, refundado YPFB, de aprovecharlos no soolo en sus aptitudes técnico-científicas sino en sus capacidades negociadoras en cualquier campo de actividad. En el caso de la "nacionalización" se podrán organizar Grupos multidisciplinarios para determinar y cuantificar el orden de las inversiones realizadas y plantear modalidades de pago en proyecciones de tiempo, según los casos y cuando correspondan, Igualmente, estarán capacitados por planificar los diferentes proyectos prioritarios de desarrollo acelerado, cuantificar las inversiones requeridas y, paralelamente, negociar la obtención de tales inversiones de capital con el apoyo gubernamental, como en el pasado.

El actual cuadro oficial gobernante, apuesta por que la nación continúe como una colonia sujeta a eterno saqueo, presa de las transnacionales y bajo la tutela del FMI y el Banco Mundial. Se asustan ante la "nacionalización" y se persignan antes de llegar al suicidio económico como llaman a este hecho. Para su información y tranquilidad conviene revisar un poco de historia acerca como han transcurrido esos episodios derivados del pago de las indemnizaciones por nacionalizaciones.

La forma de pago ha sido motivo de debate y en particular los Estados Unidos de Norte América han reclamado que la compensación, cuando esta es procedente, sea adecuada, oportuna y efectiva. Estas aspiraciones que los EEUU para todo caso (aún cuando no había propiedad legítima) en verdad no siempre han regido. No habiendo disposiciones obligatorias al respecto, solamente la costumbre internacional. Y, como se expuso anteriormente, Naciones Unidas recomienda agotar la jurisdicción nacional del Estado y actuar en consecuencia. Y en verdad o se han obtenido compensaciones cubiertas en un plazo muy largo, hasta de 30 años como en el caso de México, o bien se han hecho arreglos destinados a cubrir nacionalizaciones de varios sectores. Estos acuerdos se llaman "lump sum agreement" que se afecta al Estado que nacionaliza y el Estado de la nacionalidad de los propietarios afectados. Se pueden señalar muchos casos con arreglos globales. EEUU con Checoslovaquia en 1946, con Yugoeslava en 1948; Francia con Checoslovaquia en 1950, Gran Bretaña con Hungría en 1954, con Rumania en 1961. En todos estos acuerdos el pago se redujo en 50% al 33% y hasta el 20%. O sea que no hubo indemnización plena o adecuada (Informe de agosto de 1973 al Comité Jurídico Internacional).

Finalmente, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados establece en todo lo relativo a la compensación, se resolverá por el derecho interno. Hay que añadir que el pago no debe comprometer al Estado obligado de modo que ponga en peligro la marcha normal de sus servicios, su desarrollo y seguridad. El plazo largo y los medios adecuados pueden resolver este problema.

Es pertinente afirmar que el petróleo y el gas y los minerales pertenecen al Estado y no pueden ser adquiridos por prescripción o cesión dolosa, considerando además que el petróleo-gas en Bolivia y en el mundo, constituyen la principal fuente de energía comprometiendo así todas las actividades económicas y por tanto el desarrollo y la seguridad de la Nación. La forma de explotación y operación de los hidrocarburos no puede ser otra que la de servicio público por el Estado, vale decir mediante la nacionalización. Ningún derecho privado ni interés particular deben impedirlo pudiendo ser compensado o indemnizado cuando ello sea procedente.

Así está previsto en nuestra CARTA MAGNA que, en el artículo No. 22., numeral II dice: "La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa".

Por otra lado y está comprobado por la experiencia pasada, que nuestra empresa petrolera estatal YPFB fue un verdadero poder que permitió impulsar el desarrollo del país. Nacionalizado el gas boliviano se convertirá en un arma multifacética, aleccionadora y liberadora.

LAS PRIMERAS NACIONALIZACIONES PETROLERAS EN LATINOAMÉRICA, HAZAÑAS DE BOLIVIA EN 1936 Y DE MÉXICO EN 1938

Uno de los acontecimientos más relevantes en el panorama de la industria petrolera mundial ?partir de 1936-, fue la aparición de las empresas estatales petroleras latinoamericanas como resultado del surgimiento de una conciencia nacional clara y definida, en torno a la recuperación y desarrollo de los recursos petrolíferos por el Estado.

Este histórico hecho se inicia con la creación de la primera empresa petrolera estatal en el escenario latinoamericano, denominada YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS ?YPFB- el 21 de diciembre de 1936, a la terminación de la absurda Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay los años 1932 a 1935. Culmina este hecho con la inmediata nacionalización de los hidrocarburos y la expropiación de los bienes de la Standardard Oil el 13 de marzo de 1937, por incumplimiento del contrato y haber incurrido en exportación clandestina de petróleo a la Argentina.

Se dice que esta guerra fue atizada subterraneamente por los poderosos consorcios petroleros Standard Oil asentada en Bolivia desde 1924 y la Royal Dutch, en Paraguay, en la pugna por controlar territorios de interés petrolero en el mundo.

La Guerra del Chaco tuvo la virtud para Bolivia de amalgamar las diversas idiosincrasias regionales y raciales y hacer prevalecer el pensamiento unitario para construir un país mejor y con justicia social. Para ello, había que empezar con el rescate del petróleo, a la vista, y que gracias a la triunfal Batalla de Villa Montes, se salvo ese valiosos recurso natural, y entonces emprender la hazaña de su explotación con esfuerzo propio.

Para el rescate del petróleo se ideologizó el proceso de Nacionalización, un macro proceso que exigía la presencia de dos elementos básicos: El principio de soberanía de la Nación sobre sus riquezas del subsuelo y la Voluntad política de afrontar los riesgos externos del colonialismo vigente que sería afectado.

Sorprendentemente, a un año de este histórico evento boliviano, el 18 de marzo de 1938 el gobierno de México bajo la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización de toda la industria petrolera de su país y la expropiación de las concesiones y bienes de las 17 grandes empresas petroleras norteamericanas, inglesas y holandesas.

En este cuadro, es importante y justo remarcar el papel protagónico que le toco jugar a México a raíz de la expropiación petrolera pues constituyó un ejemplo y una enseñanza para los pueblos latinoamericanos. Fue el primer gran enfrentamiento de una nación con las transnacionales petroleras, defendiendo su dignidad y los principios de independencia económica. Las compañías estaban acostumbradas a atropellar las instituciones del país, complotar contra la estabilidad política del gobierno, evadir impuestos, corromper la moral administrativa, atentar contra la propiedad y vida de los ciudadanos que resistían sus presiones. Las actitudes que colmaron la paciencia del Gobierno de México fueron: el desconocimiento público por parte de todas las compañías, de un laudo arbitral obrero-patronal refrendado por la Corte Suprema de Justicia, y su decisión de abandonar los campos, plantas y equipos. Estas actitudes constituían una insolencia y un desacato hacia los poderes del Estado, y mostraban el desprecio por los intereses del pueblo mexicano al pretender paralizar el país y crear el caos. El Gobierno Mexicano dio de inmediato una respuesta digna y contundente al decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, medida que se complementó con la creación de un organismo estatal para que asuma la responsabilidad del manejo y desarrollo de la industria, en todas sus fases.

CARTEL MUNDIAL DEL PETRÓLEO SIENTE EL GOLPE

Estas históricas medidas, la boliviana y la mexicana, tuvieron una extraordinaria repercusión en el ámbito internacional. Fue a partir de entonces que se produce una toma de conciencia a nivel internacional acerca de la enajenación de los recursos petroleros y de su proceso liberador, se analizan antecedentes jurídicos y económicos en torno al derecho propietario de las riquezas del subsuelo, de las figuras de concesión y se formulan tesis progresistas tendientes a la recuperación del petróleo.

Significaron también un duro golpe infringido al Cartel Mundial del Petróleo, conjunto de las transnacionales que tenían el monopolio mundial de la industria, pues a partir de entonces se fue produciendo la erosión, cada vez más fuerte, de su poderío hegemónico que en el pasado parecía absoluto y definitivo. Con mucha razón se decía que la industria del petróleo, bajo el control de las compañías, es la última gran creación del sistema capitalista y lleva por eso, en su desarrollo histórico como actividad económico-industrial, impresa las etapas vividas por este sistema en los diferentes grados de su evolución. Por ello, a través del petróleo se puede estudiar el crecimiento y la consolidación y la crisis del capitalismo. ¿Cuales son las características principales del complejo económico industrial petrolero?

En primer lugar, que su desarrollo esta estrechamente vinculado con el sorprendente avance tecnológico universal de los últimos cien años: y en rigor, la revolución industrial tuvo su motor en la utilización creciente del petróleo. Que la posición del petróleo determinó un tremendo factor del poder tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, para que aquellas naciones que a través de sus compañías internacionales, controlaban la producción y las reservas mundiales de petróleo. Que la explotación e industrialización del petróleo, ha generado una imponente masa de beneficios y ganancias, en progresión geométrica, que han hecho que la industria petrolera internacional, el monstruo más acabado y perfecto del régimen capitalista. Que la concentración capitalista de la industria petrolera ha determinado la aparición del ente supranacional denominado el Cartel, el cual llego a manejar monopolísticamente todas las actividades de la industria petrolera mundial, esto es controlar las fuentes de producción, imponer los precios del petróleo y sus derivados, distribuir mercados y precautelar un desarrollo tecnológico exclusivista y cerrado. Que como ninguna otra industria los intereses petroleros se internacionalizaron y para protegerlos no repararon en inmiscuirse en las políticas internas de los países, contando siempre en estas acciones, con el apuntalamiento militar y diplomático de los países metrópolis.

La culminación de esta situación de dominio se tuvo en 1928, cuando se hizo evidente la portentosa riqueza petrolera del Cercano Oriente, que, dejarla fluir competitivamente abatiría los precios causando el derrumbe de las compañías. Para evitar este serio evento, se reunieron en septiembre de ese año en Escocia ? Castillo de Achnacarry ? los jerarcas de la Standard Oil, Shell Royal y Anglo Persian, y elaboraron un documento por el cual se estableció un mecanismo para fijar el precio índice del petróleo ? que sería el más caro del Golfo de México (Texas) -, y además, se regulo y prorrateo la producción para evitar excedentes y se distribuyo los mercados. Este acuerdo abrió una época de ganancias ilimitadas que se extendió plácidamente por cerca de 30 años. Las transnacionales habían llegado a la culminación en esa vocación de explotación de los recursos petroleros que no les pertenecían, explotación que realizaban sin el menor respeto y consideración hacia los países dueños del petróleo.

La segunda guerra mundial vino a trastocar esta situación al presentarse elementos nuevos como ser: el despertar de la conciencia nacionalista de los países latinoamericanos que se fijó como un objetivo la intervención del Estado en la industria petrolera: la presencia en el escenario mundial de la pujante industria petrolera soviética cuya producción se colocó en tercer lugar, después de los Estados Unidos y Venezuela (1958), con la circunstancia de que sus ventas de petróleo se realizaban bajo la modalidad de trueque con otras materias primas y productos manufacturados, rompiendo la tradicional práctica del Cartel Petrolero de exigir pago en dólares o libras esterlinas; y finalmente, otro elemento perturbador para el Cartel fue el nacimiento de un organismo que agrupa a los países exportadores más grandes de petróleo, la OPEP, con la finalidad de estudiar el mecanismo de los precios y revisar la tributación..

COMO NACE EL CONCEPTO DE LA REGALÍA

Un aspecto de doctrina que muestra profundas divergencias, es el referente al concepto jurídico anglo sajón sobre la propiedad de las riquezas del subsuelo que corresponde, por extensión, al propietario del suelo; frente al concepto tradicional, heredado de la Colonia Española, de que tales riquezas pertenecían al Rey. Cabe destacar que la legislación de la Corona Española, desde el siglo XIII, establecía que el subsuelo y las riquezas contenidas en él, eran patrimonio del Rey, y, por lo mismo, eran objeto de un derecho diferente que el otorgado a los poseedores de la superficie. De esta manera, la propiedad de las minas estaba estrechamente ligada a la Corona con la salvedad de que esta propiedad tenía validez durante la vida del Rey, quien quisiera mantener el usufructo de la propiedad del subsuelo debería obtener nueva concesión del Rey sucesor. En el siglo XIV, el Rey Alfonso XI volvió a decretar que las minas y todo lo que extrajera del subsuelo eran de la Corona y que se requería una licencia o concesión para su explotación. La primera vez se hace mención de los llamados "bitúmenes y jugos" de la tierra, es en las ordenanzas de Aranjuez, dictadas exclusivamente para la administración de las Colonias del Nuevo Mundo, por Carlos III, entre los años 1780 al 1738. En estas ordenanzas, a más de reafirmar la propiedad del subsuelo para el Rey, se hacia ya un distingo de los minerales metálicos y se aclaraba que los productos sujetos a explotación minera comprendían el oro, el plomo, la plata y los "bitúmenes o jugos de la tierra". Es de destacar que los permisos o concesiones dictadas por el Rey, eran otorgadas a cambio, entre otras condiciones, a pagar un tributo al Rey (regalía).

El predominio de la corriente de ideas individualistas en le siglo XIX, hizo que las ordenanzas reales de 1738 se interpretaran en forma diferente al constituirse los estados nacionales independientes. La ideología liberal no aceptaba un sistema que atribuía al Estado, el dominio sobre las minas en desmedro de los derechos de los particulares; y en consecuencia, bajo este signo y en aras del individualismo que también se llamaría el régimen de propiedad privada, de iniciativa privada y capitalismo, el nuevo Estado demo-liberal entregó sus riquezas mineras a esos intereses menores, predominantemente foráneos. Estos intereses realizaron una concentración de derechos y de privilegios que, en el caso de las industrias petrolera y minera, dieron lugar a una explotación desconsiderada de los recursos nacionales. Inicialmente y por muchos años, estos intereses particulares estaban exentos de tributos y más adelante se establecieron impuestos irrisorios en comparación en comparación a la riqueza extraída. Se puede decir que el poder colonial era mejor administrador que el nuevo Estado, pues no hay comparación posible entre el llamado "Quinto Real" (20 por ciento) reservado a favor de la Corona y la extrema liberalidad tributaria establecida por los regímenes republicanos...

SE HACE PRESENTE EL DERECHO DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO

Esta enajenación hizo crisis a principios del presente siglo cuando se incorporan reformas jurídicas para retornar al régimen tradicional de la propiedad de la riqueza del subsuelo o sea que estas deben considerarse pertenecientes a la colectividad, y por lo tanto, al ser concedidas a particulares para su explotación, estos deben tributar adecuadamente. Este aspecto de la tributación se tornó en el punto neurálgico del problema. Las compañías disponían de un arsenal de argucias técnico-económicas para minimizar esta tributación; y por otra parte, en las leyes o códigos de petróleo persistían aún disposiciones lesivas al Estado. Hay que reconocer que la legislación petrolera latinoamericana, en general, ha estado fuertemente influenciada por la de los países anglosajones.

A este respecto es ilustrativo señalar un concepto tributario anglosajón que hasta hace poco estaba incorporando en la legislación petrolera de varios países latinoamericanos. Se trata del llamado "factor de agotamiento" (Depletion allowance) que es una deducción del 27.5% de la producción que hacen las compañías a su favor, libre de impuesto, y que se dice que es una compensación que le corresponde a las compañías por el hecho del empobrecimiento que sufren sus yacimientos de petróleo. La aberración de esta deducción salta a la vista, pues, quién debe ser compensado por este empobrecimiento de los yacimientos es el Estado como legítimo dueño de las riquezas del subsuelo. A tal punto es abusiva esta disposición que aún en los propios Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, en un informe expresó; el "Depletion Allowance" es la mayor de todas las trampas o puertas de escape que tienen la Leyes Fiscales y presenta una pérdida anual de impuestos de 500 millones de dólares para el año 1949" y el Presidente Truman en 1950 al informar sobre la cuestión hacendaría también expreso: "No conozco en las Leyes Fiscales vía de escape más injusta que ésta de las excesivas exenciones por agotamiento de que ahora gozan los intereses petroleros". Durante el Gobierno de Kennedy se estaba estudiando una reforma a esta exención pues se calculaba en una suma mayor a los 1.200 millones de dólares la evasión de impuestos por esta vía. Texas es un estado de millonarios petroleros que han amasado fabulosas fortunas gracias al citado factor de agotamiento, y se sospecha que fueron estos intereses petroleros, amenazados por las reformas tributarias de Kennedy, los que complotaron la eliminación física de este Presidente.

Al igual que esta disposición tan lesiva, se podría señalar un gran número de aditamentos legales desfavorables que hacían de la explotación del petróleo un verdadero botín de conquista para las compañías.

CONSOLIDACIÓN DE LA SOBERANÍA PERMANENTE DEL ESTADO SOBRE LOS HIDROCARBUROS Y EL DERECHO A LA NACIONALIZACIÓN

Por ello, pronto se advirtió que se hacía imprescindible e insoslayable la necesidad de controlar a través del Estado todo el proceso productivo del petróleo, y para poder cumplir estas aspiraciones, se hizo imprescindible incorporar otros conceptos tales como el de "utilidad pública" y el de "función pública o social" que debe satisfacer la propiedad privada en sus actividades económico-industriales. En caso contrario, queda abierta la posibilidad de la expropiación y consagrada la facultad del Estado para hacer la explotación directa de los recursos naturales...

LA NACIONALIZACIÓN ES PROCESO DE LIBERACIÓN ECONÓMICO - SOCIAL

Es importante hacer notar la naturaleza de estos nuevos conceptos, diferente al dado tradicionalmente a la propiedad privada. Esto es, si antiguamente ésta tenía el atributo de ser un derecho absoluto exclusivo y eterno; ahora, en el criterio jurídico moderno, pierde esos atributos para subordinarse al cumplimiento de altas funciones más afines al interés colectivo que al particular. Así es como aparece la "función social" de la propiedad y consiguientemente, la posibilidad de restringirla en el interés público por medio de la expropiación o nacionalización. El profesor de derecho Konstantin Katsarov (Universidad de Sofía), en su libro Teoría de la nacionalización, expresa: "Después de 1944, las aspiraciones de la humanidad hacia la paz social, hacia la vida más próspera, hacia una mayor justicia social, se orientaron en gran parte, hacia la nacionalización de los medios de producción y la realización de este postulado tomó el aspecto de una mística que ejerció sobre los pueblos, un efecto, por así decirlo, fascinante".

La nacionalización en la época contemporánea ya tiene un status jurídico dentro del Derecho Internacional positivo y es muy ilustrativo lo que dice al respecto un distinguido estudioso de estos problemas, el Licenciado mexicano Leopoldo González Aguayo: "Las características que la distinguen y diferencian de otras instituciones parecidas son: La transferencia de la propiedad de los medios de producción a la colectividad; su gran extensión afectando universos de bienes y servicios; su carácter impersonal en la afectación, es decir, no individualiza ni designa con la posición que lo hacen otras instituciones; su enmarcamiento en los textos legales más elevados: los constitucionales o sus equivalentes, que a la vez, designan los bienes y servicios que pertenecen a la nación; la imposibilidad de ser impugnada por autoridad judicial o legislativa alguna, consecuencia del acto "supremo de estado" en que se funda; la inspiración en ideas más elevadas, que reservan para la comunidad los bienes, servicios y derechos fundamentales. Dentro de estas cualidades, la compensación o indemnización queda en un segundo plano pudiendo los textos nacionalizadores ir acompañados o no de tal institución.

Es evidente que se crea el conflicto de intereses al aplicar la nacionalización a las propiedades extranjeras ? es el caso frecuente en Latinoamérica -. Al recurrir estas propiedades afectadas invariablemente al apoyo de sus países de origen, presentándose otros dos problemas: la reclamación y la compensación. La defensa intransigente que han hecho los países latinoamericanos de los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados, la tesis de la supremacía del derecho interno sobre el internacional en los actos realizados dentro del propio estado y la denegación derecho soberano de los países de realizar las nacionalizaciones y llegar a acuerdos directos con los intereses afectados en cuanto a las indemnizaciones y formas de pago. De hecho, Latinoamérica es la región donde más nacionalizaciones se han producido en los últimos años bajo las circunstancias señaladas anteriormente.

Al comprenderse mejor la íntima conexión existente entre la nacionalización y el logro de la independencia económica de los pueblos coloniales y los en vías de desarrollo, la organización de las Naciones Unidas dispuso la creación de la Comisión de la Soberanía Permanente de los Recursos Naturales que se encargaría de estudiar todo lo concerniente a los derechos de los pueblos sobre sus riquezas naturales, la libre determinación de estos pueblos sobre sus riquezas y la importancia del fomento de la cooperación internacional para el desarrollo de estos recursos. Esta comisión emitió el informe y las recomendaciones pertinentes con base a las cuales se produjo la importantísima Resolución 1803 (XVII) con el título de "Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales", la misma que fue aprobada por la Asamblea General en su Décimo Séptimo Período de Sesiones en la sesión Plenaria 1194ª del 14 de diciembre de 1962. La Resolución es de enorme trascendencia porque refrenda con la alta autoridad que inviste, la teoría y la práctica de la nacionalización confiriéndole una categoría dentro del Derecho Internacional positivo contemporáneo. La parte más importante de la Resolución, expuesta líneas arriba y abusando de su repetición resumida, expresa lo siguiente:

"La nacionalización, la expropiación, la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen superiores al mero interés particular privado, tanto nacional como extranjero. En estos casos se pagará al dueño la indemnización correspondiente con arreglo a las normas en vigor en el estado que adopte estas medidas en ejercicio de su soberanía y en conformidad con el Derecho Internacional".

"La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contrario al espíritu y a los principios de la carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz".

En definitiva, el proceso de nacionalización de intereses petroleros en Latinoamérica, configuras una honda transformación en el modo y la forma de explotar estos recursos así como en la industrialización y comercialización internas. El Estado, en varios países del área, asume la responsabilidad del desarrollo integrado de la industria y a tal fin se crean organismos estatales como instrumentos de ejecución de esa política petrolera progresista., que, hasta la década de los 80?, antes de la arremetida del neoliberalismo, eran las siguientes: Petróleos Mexicanos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado en la Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB- en Bolivia, Ancap en Uruguay, Empresa Nacional del Petróleo en Chile, Petroperu, Petrobrás en Brasil, Ecopetrol en Colombia, Instituto Cubano del Petróleo, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y Petroven en Venezuela.

Desde que fue patente que las empresas petroleras estatales crecerían y se mantendrían dentro de una política petrolera diametralmente opuesta a la de las compañías transnacionales, estas comenzaron a mover sus poderosos resortes con el objeto de cerrar las fuentes de financiamiento privado y de los organismos internacionales de crédito. La intercambiabilidad funcionaria que existe entre los presidentes de los directorios de los consorcios petroleros norteamericanos y los Secretarios de estado del gobierno de los Estados Unidos, fue el factor determinante para que se elaborara la praxis política adoptada por el gobierno de ese país, de sabotear la cooperación y ayuda a las empresas estatales y de obstaculizar

Cualquier préstamo solicitado a los bancos de crédito internacional como son el Export Import Bank, Banco Mundial de Desarrollo y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo.

También fue un hecho, que cada vez que se producía un proceso de nacionalización, contestaban con una serie de medidas contrarias a las normas internacionales tales como bloqueo de mercados, prohibiciones de exportación de equipos y materiales petroleros, embargos de cargamentos de petróleo y otras. Pese a estas campañas, las empresas estatales involucradas en estos hechos, pudieron sortear con éxito las dificultades y carencias. Mas aún, resolvieron también los múltiples problemas organizativos y de operación con todo ser la industria petrolera muy compleja, de alta especialización y de acentuada innovación tecnológica. Se puede afirmar que se han hecho avances considerables en aquello que significa liberación de la dependencia tecnológica, así un volumen apreciable de los llamados servicios tecnológicos en los sectores de exploración, producción, transporte, refinación y comercialización, son realizados por las propias empresas estatales. A menudo se han hecho modificaciones a los equipos, plantas y herramientas adecuándolas para un mejor servicio.

En los países latinoamericanos de mayor desarrollo industrial, apareció una manufactura de herramientas, máquinas y equipos petroleros, aunque con licencia y patentes foráneas, representa un punto de arranque para un desarrollo posterior independiente. Un paso mucho más avanzado ha sido dado en países de importante producción petrolera como México, Brasil, Venezuela y Argentina, donde se han organizado centros de investigación básica aplicada como son el Instituto Mexicano del Petróleo -IMP- y el Instituto Florencio Varela, en la Argentina. YPFB contó con el Centro de Tecnología Petrolera dedicado a la investigación aplicada en exploración y producción. El IMP en pocos años ha realizado progresos significativos que hace que lo sitúen, en ciertos aspectos, en niveles equivalentes a los logrados por otros centros de investigación como el Instituto Francés del Petróleo, Instituto Enrico Mattei de Italia y los que tienen las transnacionales petroleras.

Pese a estos progresos, la tarea por hacer es aún considerable pues por las características de la industria petrolera, de gran innovación tecnológica, se requiere de una activa concienzuda y muy capaz tarea investigadora, en los diferentes campos de la industria. Es un hecho que el progreso tecnológico constituye ahora el factor de desarrollo más eficiente y dinámico de la industria; y las empresas petroleras estatales latinoamericanas están en las mejores posibilidades que cualquier otra, para programar la investigación tecnológica la cual requiere, necesariamente, de que sea realizada a largo plazo, de que se dispongan de recursos financieros sustanciales para equipos y laboratorios de lo más moderno, que se destinen recursos humanos de experiencia y de la más alta calificación, y, lo que es más importante, que se apliquen los resultados de la investigación a la operación productiva.

A medida que pasan los años y se consolida cada vez más el principio de la participación directa del Estado en el desarrollo de la industria petrolera, aparece mucho más nítido el contraste entre lo que significa, la posesión del petróleo por el Estado frente al control ejercido por los consorcios extranjeros de este valioso recurso energético.

Así, mientras que el Estado lo extrae para servir al país y cooperar a su desarrollo suministrando energía barata y suficiente; las transnacionales lo hacen buscando únicamente el lucro. El Estado preserva, regula y racionaliza su uso en función de las necesidades presentes y futuras, mientras que las compañías se dedican a explotarlo en forma indiscriminada, a menudo irracional, causando daños irreparables en lo que a recuperación final de hidrocarburos se refiere, así como al medio ambiente y el irrespeto a los derechos de las comunidades de los pueblos originarios cuando operan en sus territorios. El estado favorece la economía popular y de las empresas y el transporte mediante el suministro de energía barata; y al contrario, las compañías operan en función de precios y ganancias altos, dictados por ellas mismas. El Estado puede planificar su desarrollo petrolero conforme a sus intereses y en concordancia con el desarrollo nacional, el cual se fortalecerá con planes de exportación de derivados; no así las compañías que ajustan sus programas al exclusivo objeto de lograr los máximos beneficios. El Estado propone y ejecuta la integración energética nacional y vela por un desarrollo armónico y planificado de los diferentes recursos energéticos del país; que a menudo chocan con los intereses egoístas de las empresas. El Estado promueve el crecimiento moderno de la industria y consciente de la importancia de la tecnología para ese crecimiento, fomenta la investigación científica aplicada; las compañías en cambio no solo que no les interesa tal investigación en el país, sino que aún para el manejo técnico-administrativo de sus empresas, utilizan personal foráneo y son contrarias a la preparación y utilización de personal nacional. El Estado, dueño de su petróleo, está libre de presiones que atenten su propia estabilidad; y por el contrario, cuando operan las compañías, éstas han inquietado el ambiente político y frecuentemente han intervenido en asuntos internos para proteger sus intereses.

Por otra parte, los hidrocarburos bajo el control del Estado, representa una conquista en el ideal de liberación e independencia nacional; mientras que la presencia de las Transnacionales significa la supervivencia de elementos antinacionales, afines con procesos políticos-económicos regresivos y con el imperio norteamericano. Finalmente, en el orden económico, el manejo de los hidrocarburos por el Estado se traduce en su aprovechamiento óptimo; es la única forma en que se convierte en riqueza nacional real, pues los valores que de él se derivan, se inyectan en la economía del país, tonificándola, y generando una acción en cadena con el resultado de que diversifica y amplía las actividades de la industria, la minería, la agricultura y el comercio, y crea una vasta perspectiva de estabilidad y progreso. En esta forma es como se puede crear el llamado "excedente económico", el cual equivale al ahorro interno, que se conoce como factor importante para fomentar el desarrollo económico-social de nuestras colectividades.

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