Jueves 12 de diciembre del 2019
 
x

¿Olvidó su contraseña?

Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2004-06-07 a horas: 14:20:25

El talón de Aquiles del Referéndum

El talón de Aquiles del Referéndum Jorge Lazarte R. Desde que fue de conocimiento público el Decreto Supremo de 13 de abril, que convoca a referéndum para definir una política sobre el gas, fue evidente para nosotros que tenía problemas de legalidad que pudieron ser corregidos a tiempo si la Corte Nacional Electoral (CNE) hubiera actuado conforme a Derecho. Las cosas pasaron de otro modo y hoy se enfrenta el riesgo de que todo el proceso pueda venirse abajo a raíz de los recursos planteados ante el Tribunal Constitucional.

El talón de Aquiles del Referéndum

Jorge Lazarte R.

Desde que fue de conocimiento público el Decreto Supremo de 13 de abril, que convoca a referéndum para definir una política sobre el gas, fue evidente para nosotros que tenía problemas de legalidad, que pudieron ser corregidos a tiempo si la Corte Nacional Electoral (CNE) hubiera actuado conforme a Derecho. Las cosas pasaron de otro modo y hoy se enfrenta el riesgo de que todo el proceso pueda venirse abajo a raíz de los recursos planteados ante el Tribunal Constitucional.

Este artículo nos permitirá exponer de manera más ordenada nuestros argumentos sobre el componente jurídico del referéndum, dejando para más adelante su componente propiamente político. Nuestra línea de razonamiento es la defensa del principio de legalidad contra el principio de oportunidad basado en el cálculo político dispuesto a todas las justificaciones.

Como se sabe, el fundamento del referéndum es la idea de que el ?pueblo? es el depositario de la soberanía y es a él a quien se retorna cuando se pone en práctica este mecanismo. Semánticamente quiere decir que una decisión es referida ? ad referéndum- a la instancia ciudadana. En la práctica moderna del referéndum, es el pueblo el que decide sobre un tema controvertido, que en general divide a una comunidad, y que a falta de este mecanismo ?pacífico? el riesgo de violencia es alto. El voto desactiva los conflictos y los canaliza por medios no violentos. Este es el caso de Bolivia, donde el tema del gas, tan complejo y cargado de intereses y emociones, está dividiendo al país.

El referéndum es un mecanismo de democracia directa y en este sentido enriquece la democracia en el país. Por esta razón nuestro apoyo al referéndum debe estar fuera de toda duda. El problema es el cómo está siendo implementando. La democracia es primeramente ?formas?, es decir el ?cómo?, y luego el ?qué?. Lo que hace o no democrático a un gobierno, no depende de quien gobierna sino de cómo gobierna y cómo a llegado a ser gobierno. En democracia hay límites a la acción política y no todo vale.

La (i)legalidad de la convocatoria

Por un lado es evidente que desde la reforma constitucional del mes de febrero último, el referéndum figura en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado (CPE.). Pero por el otro, es también cierto que su puesta en marcha exige que sea ?normado por ley?, como dice ese mismo artículo 4. ?Normar una ley? quiere decir que hacen falta normas para la aplicación del principio del referéndum. Estas normas son necesarias, como en todas partes, y no arbitrarias, porque para hacer posible el referéndum debe previamente definirse cuestiones como saber quien convoca, cuando se convoca, a quien se convoca, para qué se convoca, y el tipo de convocatoria y consulta.

El gobierno inicialmente así lo entendió y por ello propuso al Congreso Nacional un proyecto de ley de convocatoria al referéndum. Pero al no contar con el apoyo del parlamento, que no hizo lo que debía hacer, se compró un pleito ajeno decidiendo por su cuenta la convocatoria mediante un Decreto Supremo, alegando que con ello cumplía un compromiso adquirido.

Tres son los apoyos ?legales ? del Decreto. En primer lugar, se remite al artículo 4 de la C.P.E. pero el Decreto ?olvida? que ese mismo artículo dice que el referéndum debe ser ?normado por ley? y no por un Decreto Supremo, que tiene valor legal inferior a una ley.

En segundo lugar, para salvar esta dificultad , el Decreto se apoya en el artículo 23 al Pacto de San José de1969, que Bolivia ratificó por ley de 1993. Este artículo 23 establece ciertos ?derechos? políticos, como la participación y el voto, que son de reconocimiento generalizado, y forman parte de la Constitución Política de Bolivia. Para ello no había necesidad de remitirse al Pacto. Pero a continuación el Decreto dice que ese pacto ?obliga a los Estados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter?; esta última expresión no figura en la redacción original del Pacto, y fue incluida para justificar el Decreto Supremo. Contrariamente a lo que parece pretender el Decreto, el Pacto afirma más bien que esos derechos pueden ser regulados mediante ?ley?( que no es un Decreto) . Por último, aun en el supuesto de que esta apelación al Pacto tenga algún valor, no hay nada en este Pacto que sirva de ?norma? de aplicación para el referéndum. Por ello se explica que haya sido el gobierno el que establezca estas ?normas? en el Decreto y no en la ley, como manda la C.P.E. En consecuencia, la referencia al Pacto parece tener como propósito cubrir la falta de haber incumplido la condición establecida por la C.P.E.

El tercer argumento se apoya en el artículo 96, numeral 1 de la C.P.E. que señala que una atribución del Presidente de la República es expedir decretos para hacer cumplir las leyes del país, pero sin mencionar que en este numeral también se dice que esos decretos no deben ?alterar? la ley ni la constitución.

Para complicar las cosas y siguiendo esta lógica de razonamiento, en el artículo 5, numeral IV, el Decreto decide que la ?Corte Nacional Electoral tendrá competencia? para administrar el proceso del referéndum. Esta ampliación de la competencia está en contradicción con el artículo 227 de la C.P.E,. que especifica que la jurisdicción y competencia del organismo electoral ?serán establecidas por Ley?.

Finalmente, la convocatoria dice que se trata un referéndum ?vinculante?, que explícitamente no está en la C.P.E., pues en el mencionado artículo 4 se habla a secas del referéndum, aunque podría interpretarse que se trataría de un referéndum ?vinculante? porque el texto dice que el ?pueblo gobierna?mediante el referéndum?. Si así fuera, se trata de una interpretación del texto constitucional, y como también se sabe, sólo el parlamento tiene esta facultad , conforme al artículo 234 de la C.P.E.

En suma, el gobierno se estaría atribuyendo una competencia que ninguna disposición legal le reconoce, incurriendo en las causales de nulidad previstas en el artículo 31 de la C.P.E. que declara que son ?nulos los actos? de los que usurpen funciones que no les corresponde o se otorguen una ?potestad? que no ?emane de la ley?.

Parece ser que en el Palacio se pensó que lo que era necesario políticamente debía ser jurídicamente posible. Esto no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, según el cual el poder del Estado está limitado por las normas del Derecho.

La (i)legalidad y riesgo de nulidad del proceso

La CNE, a su vez, agravó esta situación al admitir ampliar su competencia por Decreto, contra lo que dice expresamente el mencionado artículo 227 de la C.P.E. y en violación del mismo Código Electoral. Según el artículo 13 y 14 del CE. la C.N.E. sólo tiene jurisdicción y competencia para administrar procesos electorales en los cuales se elegir a las más altas autoridades políticas del país, mientras que el referéndum es un proceso de consulta, donde propiamente no se elige sino que se opta dado el carácter binario y excluyente de las preguntas. Esto lo sabía el organismo electoral, como puede constatarse en la declaración pública de 15 de enero de este año, cuando pidió ?como mínimo? una reforma del Código Electoral, en su artículo 3 , inciso a y c, a ?fin de incluir como parte de la jurisdicción, competencias y atribuciones? de la Corte, la organización de ese tipo de procesos( La Prensa, 16 de enero de 2004). O la Corte Electoral no sabía lo que decía en enero o en abril incurrió en una acción no conforme a ley. Las dos cosas no pueden ser válidas a la vez.

Como puede verse, también la Corte Electoral estaría incurriendo en actos de nulidad previstos por el ya mencionado artículo 31 de la C.P.E. que declara nulos los actos, jurisdicción o potestad que no ?emanen de la ley?.

Por tanto, las resoluciones de la C.N.E. sobre plazos, apertura de libros de inscripción, designación de notarios , de jueces electorales y las multas contra los ciudadanos, estarían fuera de la ley.

Esto quiere decir que estas decisiones son susceptibles de ser declaradas inconstitucionales y nulas por los tribunales competentes, con todos sus efectos previsibles en términos jurídicos, políticos y civiles.

¿Existe salida legal posible?

Está en la agenda del Congreso el tratamiento de una Ley del Referéndum. Aún en el supuesto de que todas las dificultades para su aprobación sean superadas, quedará un nuevo problema jurídico a resolver. Según la C.P.E. la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal o en materia social. Es decir, ninguna nueva ley puede legalizar un proceso anterior no legal. ¿Entonces en qué quedará todo el proceso de referéndum ya en marcha, cuyo fundamento jurídico habría sido declarado nulo?. Quizá se piense en otra ley interpretativa muy forzada para ?poner en Derecho? todo el proceso, que igualmente podría originar otro recurso de inconstitucionalidad. Es decir, si no se retorna al ?vicio más antiguo? , y ante un callejón aparentemente sin salida, es pensable que la razón política termine imponiéndose una vez más a la razón jurídica, como tantas veces en nuestra historia pasada. Esto nos recuerda la declaración enfática del actual Presidente de la República en su discurso ante el Congreso Nacional en agosto de 2003, donde afirmó que en Bolivia exigir el cumplimiento de la ley sigue siendo ?un exotismo?.

Volver atrás
Enviar el artículo por E-mail
close



12 - 2 = echchange

Con el uso de ese servicio Ud. acepta:
Su dirección E-Mail y la del destinatario serán utilizados sólo para avisar al destinatario sobre el envío. Para evitar el mal uso del servicio, Bolpress registrará el IP del emisor del mensaje.

Compartir el artículo en Facebook Versión para mprimir
+ Restaurar tamaño del texto -
Mas informacion
Uhr 8

min.

... a fondo

La influencia histórica de la convicción patriótica

Eduardo Paz Rada

La historia de la sociedad boliviana ha estado marcada por la dinámica y las contradicciones de las relaciones con las potencias capitalistas mundiales en torno a la explotación de los recursos naturales acompañada con la dominación política e ideológica sobre el conjunto de América Latina. En este contexto, los estudios, aportes y (...) :: Más detalles

Otros artículos de análisis

El gobierno de Evo Morales acelera el montaje de la planta nuclear

AnaliaPandoCabildeo

¿Por qué el gobierno de Evo Morales quiere gastar más de 2 mil millones de dólares en la construcción de (...)

Elites económicas y decadencia sistémica

Jorge Beinstein

A raíz de la llegada Mauricio Macri a la presidencia se desató en algunos círculos académicos argentinos la (...)

El gobierno del MAS se hunde en un mar de mentiras

AmaliaPandoCabildeo

El gobierno del MAS ha perdido tres elecciones consecutivas desde 2014 porque las grandes mayorías, sobre todo urbanas, ya no creen (...)

Quintana tiene el hábito de desviar fondos públicos y de impartir “línea” a los periodistas

Wilson García Mérida

La difusión de un audio que registra una reunión “de trabajo” entre el ministro de la Presidencia Juan (...)

la frase

Álvaro García ha leído pocos libros Cita a Hegel pero leyó citas de citas nada más Por eso carece de espíritu humanista y sufre acomplejamiento social e intelectual

Wálter Chávez, ex asesor del MAS

¿Cuál es el principal desafío del nuevo gobierno

  • Seguridad ciudadana
  • Lucha contra el narcotráfico
  • Industrialización
  • Empleo y educación
  • Otros

Encuesta vigente desde el 13-10-2014

Encuesta anterior:

Por quién votará en las elecciones de 2014