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Actualizado el 2004-04-06 a horas: 10:05:22

El atraco dos: la capitalizacion en Bolivia

El atraco dos: la capitalizacion en Bolivia Andrés Soliz Rada El atraco uno consistió en entregar a las transnacionales gratuitamente, bajo el eufemismo de "promesas de inversión" no verificadas, el 50% de las acciones de las empresas estratégicas del Estado, avaluadas en 1.600 millones de dólares. Sólo en reservas probadas de gas y petróleo, YPFB transfirió a las petroleras Andina (Repsol) y Chaco (Amoco y British Gas) 9.000 millones de dólares.

Andrés Solíz Rada

Andrés Solíz RadaAbogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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El atraco dos: la capitalizacion en Bolivia

Andrés Soliz Rada

El atraco uno consistió en entregar a las transnacionales gratuitamente, bajo el eufemismo de "promesas de inversión" no verificadas, el 50% de las acciones de las empresas estratégicas del Estado, avaluadas en 1.600 millones de dólares. Sólo en reservas probadas de gas y petróleo, YPFB transfirió a las petroleras Andina (Repsol) y Chaco (Amoco y British Gas) 9.000 millones de dólares.

El atraco dos está despojando a los bolivianos de los restantes 1.600 millones de dólares, es decir del otro 50% de las acciones capitalizadas. Para ejecutar el segundo atraco se planificó la mayor confusión posible. El "Plan de Todos" (oferta electoral de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1993) ofreció a los ciudadanos la propiedad de la mitad de esas acciones. La Ley de Capitalización los redujo a la condición de beneficiarios. Luego se dijo que beneficiario significaba cobrar un bono solidario o BONOSOL, pago anual a mayores de 65 años.

Los atracadores dieron otro paso importante al mezclar primero y fusionar después las pensiones de los jubilados, depositadas en el Fondo de Capitalización Individual (FCI), con las acciones de la capitalización, reunidas en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), ambos manejados por dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), pese a que la ley de su creación sólo les reconoce la facultad de administrar pensiones. El plan del despojo usó terminología anglosajona (así incrementaba el enredo), ajena a la economía jurídica boliviana. Para referirse al FCC, se habló del "Bolivian Capitalization Holding Trust". Por tal razón, el FCC resultó ser un "patrimonio sin sujeto", integrado por bienes sin propietario determinado. Por ese cuento inglés, el FCC no tiene personalidad jurídica ni directorio responsable de su manejo.

El BONOSOL se fijó, sin ningún estudio actuarial, en 1800 bolivianos, lo que generó la gran injusticia de pagar al jubilado Guillermo Bedregal, que obtiene 540.000 bolivianos al año, el mismo bonosol de 1.800 que percibe un menesteroso labriego norpotosino. La obligación debió ser cubierta con las utilidades de la capitalización, las que nunca alcanzaron para cubrirla, con lo que se pretende justificar la venta de las acciones. Las acciones divididas en 24 paquetes iguales, de acuerdo a Decreto de Carlos Mesa, de 4-XI-03, permitió la venta de dos de los 24 paquetes de referencia. Los 22 paquetes restantes serán enajenados en los 22 meses restantes, según el gerente de la Bolsa Boliviana de Valores, Armando Alvarez ("La Prensa", 27-03-04). Los atracadores ahora están utilizando las pensiones de los jubilados (FCI) para monetizar las acciones del FCC, las que serán vendidas también al mejor postor. Ni la inmolación del trabajador minero acaecida el martes pasado detiene a los que harán desaparecer las jubilaciones de los asalariados.

Los ejecutores del robo aceleran el operativo. Por tal razón, y pese a que Carlos Mesa dice que el erario nacional está exhausto, acepta feliz que el BONOSOL se mantenga en 1800 bolivianos, en lugar de reducirlo a límites racionales, sin preocuparse por los bloqueos, manifestaciones y huelgas que se avecinan. Lo fundamental para los traficantes del patrimonio estatal es impedir que existan acciones de las petroleras a nombre de los ciudadanos bolivianos, sobre cuya base podría refundarse YPFB.

El pueblo boliviano está indefenso. Al Estado nacional, luego de arrebatarle sus empresas estratégicas, se le privó de capacidad fiscalizadora. Surgieron, en cambio, Superintendencias que protegen a las transnacionales. El Movimiento al Socialismo (MAS), principal partido de "oposición", en lugar de denunciar estas tragedias, sonríe con las alabanzas del Ministro Javier Nogales (el hombre del Banco Mundial), pone sus mejores energías en los comicios municipales de fin de año y su diputado Santos Ramírez apoya el pago del BONOSOL con la venta de acciones ("La Prensa", 24-03-04).

Los autores del célebre atraco de Calamarca, de 1963, el más importante de las últimas décadas, sufrieron duros avatares. Uno se suicidó, otro quedó paralítico por un balazo y los demás sufrieron condenas de 30 años de cárcel. Los autores de la Capitalización, atraco dos, han fugado, el 17 de octubre pasado, a Miami y Washington. Los restantes son el Superintendente de Pensiones (ex Transredes), Guillermo Aponte, y ministros de Carlos Mesa.

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