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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2004-03-13 a horas: 16:34:32

Terror a los tribunales internacionales

Terror a los tribunales internacionales Andrés Soliz Rada Los bolivianos vivimos aterrorizados. Apenas se nos dice que las petroleras acudirán a tribunales internacionales por el "delito" de incrementar regalías o impuestos, imaginamos al país en una mesa de torturas, en la que le van arrancando las entrañas, hasta que pague miles y millones de dólares por incumplir sacrosantos contratos. Frente al abuso y la prepotencia del poder imperial ¿no tenemos defensa alguna?

Andrés Solíz Rada

Andrés Solíz RadaAbogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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Terror a los tribunales internacionales

Andrés Soliz Rada

Los bolivianos vivimos aterrorizados. Apenas se nos dice que las petroleras acudirán a tribunales internacionales por el "delito" de incrementar regalías o impuestos, imaginamos al país en una mesa de torturas, en la que le van arrancando las entrañas, hasta que pague miles y millones de dólares por incumplir sacrosantos contratos. Frente al abuso y la prepotencia del poder imperial ¿no tenemos defensa alguna?

Vayamos por partes: Lo primero que tenemos es la verdad. En efecto, las transnacionales no podrán demostrar que sus inversiones alcanzan, como afirman, a 3500 millones de dólares, ya que, desde que llegaron al país, no han explorado áreas no tradicionales. Todo lo que encontraron fue descubierto por YPFB. En consecuencia, demostraremos que los principales mega-campos, "San Alberto", "San Antonio", "Margarita" e "Itaú", fueron hallados por YPFB, razón por la que las compañías aceptaron pagar el 50% de regalías por la explotación de esas estructuras y no el 18% como ocurre ahora ("La Prensa", 15-2-04). En los años de explotación de los campos "existentes", como si fueran "nuevos", Bolivia perderá 3,152 millones de dólares, en tanto que la, pérdida sólo por "San Alberto" ascenderá a 1941 millones de dólares (Datos oficiales de la administración Bánzer).

En segundo lugar, en el momento de la "capitalización", Bolivia entregó a las compañías 5.4 trillones de pies cúbicos (tpc) de gas en reservas probadas. Si calculamos a un dólar el millar de pies cúbicos (Brasil nos paga a 1.25 dólares el millar), tenemos una entrega gratuita de 5.400 millones de dólares. Entregó, asimismo, 160 millones de barriles de petróleo (reservas probadas), los que calculados a sólo 20 dólares el barril, tenemos otra transferencia gratuita de 3.200 millones de dólares, la que, sumada a la anterior, asciende a 8.600 millones de dólares. Estos cálculos no contemplan las reservas probables de gas y petróleo, con lo que la pérdida se duplica.

En tercer lugar, el precio del gas en boca de pozo en EEUU ha sido, entre enero y septiembre de 2003, de 4.4 Dls el millar de pies cúbicos (MPC). En Bolivia es de 0.70 Dls. EEUU obtiene 4.400 MM de Dls. por cada trillón de pies cúbicos. Bolivia 220 millones de Dls (20 veces menos). Los bolivianos deberíamos decir: Somos dueños del gas cuando está bajo la tierra. Nadie lo toca hasta que nos paguen el mismo precio que se cobra en EEUU.

En cuarto lugar, el gobierno debe abrogar el DS 26366, de 4-10-01, que modifica de manera ilegal el Art. 30 de la Ley de Hidrocarburos, por el que las compañías deben perforar por lo menos un pozo en cada parcela otorgada por contrato, so pena de reversión al Estado. En cumplimiento de "las reglas de juego", recuperaríamos la mitad de las concesiones. Por otra parte, debemos apresurar el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), a quien la ENRON sobornó (vía Arturo Castaños, entonces presidente de YPFB), con 2.5 millones de Dls., con el pretexto de cubrir "gastos de pasajes, viáticos y honorarios de abogado" (Archivos Confidenciales de YPFB, "La Razón" 22-6-02)

Para modificar la Ley de Hidrocarburos se necesita de una férrea unidad interna que nos permita retornar a la tributación 50-50, vigente en el gobierno de Jaime Paz Zamora y ya aceptada por las compañías, lo que implica eliminar la absurda división entre campos "nuevos" y "existentes", refundar YPFB mediante referéndum vinculante, industrializar el gas internamente en todos los rubros posibles y exportar el gas por Chile a cambio, como condición sine qua non, de una salida soberana al Pacífico.

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