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Actualizado el 2003-11-25 a horas: 12:14:49

Documento : Juicio de Responsabilidades

Documento : Juicio de Responsabilidades

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Documento : Juicio de Responsabilidades

Señores Presidente y Ministros de la Excema. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sala Plena.

El Fiscal General de la República, en el juicio de responsabilidades contra el Ex Presidente Constitucional de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, y otros, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, según las proposiciones acusatorias presentadas: por Juan Evo Morales Ayma, Manuel Morales Dávíla, Antonio Peredo Leygue, Filemón Escobar y otros; por Víctor Alonzo Gutiérrez Flores; por Vicente Flores Romero, Lorenza Mostacedo, Antonio Machaca Ayhuacho, Daría Chambi Cotana del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Collasuyo, Aurelio Ambrosio Mumchi, Félix Santos Zambrana, Rosendo Copa Mamani; por Ghislame Cerball de Mittelstadt; por Juan Gabriel Bautista y Marlene Paredes Villalba y Policarpio Castañon; teniendo presente la adhesión de instituciones laborales y campesinas; los memoriales de defensa presentados por los denunciados; la prueba acompañada; en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades contra Altos Dignatarios de Estado No 2445 de 13 de marzo de 2003,

REQUIERE :

Noción de juicio de responsabilidades

El juicio de responsabilidades o juicio político es consubstancial a la forma republicana de Gobierno, que sujeta a los órganos de poder al control ciudadano, haciéndolos responsables de sus actos no solo desde el punto de vista civil o penal, sino desde el punto de vista político, cuando violan" derechos y garantías o rebasan el límite de sus atribuciones, incurriendo en arbitrariedad o exceso de poder.

Por su naturaleza política tiene lugar en el Órgano Legislativo, que en este supuesto, ejerce una sui generis función jurisdiccional que culmina con la destitución del responsable o su inhabilitación para ejercer funciones públicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que pudiera dar lugar, caso en el cual, se tramita la causa en la jurisdicción ordinaria, en estricta observancia del principio de separación de poderes.

El juicio político en Bolivia.

Los constituyentes de Bolivia adoptaron esta modalidad de enjuiciamiento, siguiendo los dictados de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1776 -impeachment- que a su vez lo tomó del tradicional sistema inglés. En ese entendido, facultaron al Senado Nacional, previa acusación de la Cámara de Diputados, "juzgar en público" al Presidente de la República, al Vicepresidente, y Ministros de Estado; a los representantes de ambas Cámaras Legislativas; y a los Vocales de la Corte Suprema de Justicia; es decir, a las máximas autoridades de los tres poderes, "al efecto único de separar del empleo al acusado, para luego pasar la causa al tribunal que los juzgue conforme a ley", (Art. 37 de la Constitución de 1831).

Variantes desnaturalizadoras

Posteriormente, introdujeron determinadas variantes desnaturalizadoras del procedimiento ideado para responsabilizar a los órganos de poder, los cuales se resumen como sigue:

? Injustificada exclusión de los parlamentarios de la estructura de estos juicios, que en la actualidad no son responsables de las violaciones de garantías constitucionales, sino de la comisión de delitos comunes, previa autorización del Congreso.

* Prescindencía de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del juicio político por mal desempeño de sus altas funciones; y juzgamiento directo hasta la imposición de penas en sede parlamentaria, que termina por convertirse en Órgano Jurisdiccional, violando un principio cardinal del sistema democrático.

? Aparente sujeción directa del Presidente, Vicepresidente, Ministros y Prefectos a proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia, previa autorización del Congreso Nacional, que en los hechos también eliminaría el juicio político, razón de ser del juicio de responsabilidad.

Por lo visto los constituyentes, salvando a quienes fundaron este importante instituto, fueron proclives a eludir o distorsionar el juicio de responsabilidades, siendo esta la razón por la cual no existe en el país una cultura del juicio político, capaz de sancionar y sobre todo prevenir, la violación de las garantías constitucionales por los titulares de los órganos de poder Juicio al Presidente y otros funcionarios del Poder Ejecutivo

El juicio de responsabilidades contra el Presidente, Vice presidente, Ministros y Prefectos, debe ser entendido como un sistema establecido para exigir su responsabilidad política, cuando rebasan las facultades que le son atribuidas por la misma Ley Suprema, incurriendo por ello en arbitrariedad o exceso de poder. Implica una garantía constitucional, puesto que tiene por objeto reprimir o sancionar la violación de las disposiciones fundamentales que son las que señalan los límites a la autoridad de los órganos capitales del poder y ello a través de un verdadero proceso, en el cual figura como acusado el funcionario a quién se atribuye la extralimitación de sus funciones establecidas en la Carta Constitutiva.

Por lo general, el juicio se inicia en la Cámara de Representantes, que acusa al funcionario responsable ante la de Senadores.

Si la acusación se refiere a delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o la indignidad por mala conducta, el Senado o el Congreso, no podrá imponer otra pena que la destitución o "revocación" del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Pero sí la culpabilidad del acusado deriva de algún delito común, quedará sujeto a la jurisdicción ordinaria.

Lo anterior significa que solo puede responsabilizarse penalmente a altos dignatarios de Estado, si el delito es una derivación de sus funciones, una vez definida su responsabilidad política.

Su actual estructura deformada y estática

El juicio de responsabilidades se ha transformado en una estructura deformada y estática, en razón a que el Art. 118 inc. 5°) de la Constitución de 1995, comenzó por arrancarlo del Órgano Legislativo, tradicionalmente encargado del juicio político, para ubicarlo entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior se agravó con la desaparición del Art. 68 -12 de la Carta Constitutiva de 1967, que facultaba la tramitación del juicio político en las Cámaras reunidas en Congreso.

De este modo, existe la percepción de que el Presidente y otros altos dignatarios de Estado, no estarían sometidos a juicio político alguno, sino directamente al penal en la justicia ordinaria, sin tomar en cuenta que éste último solo procede cuando se cumple el requisito del "antejuicio" mencionado, esencial para abrir la competencia del órgano jurisdiccional.

El juicio político es una consecuencia del principio conforme al cual todo funcionario de alto rango, es responsable de sus actos y tiene por objeto hacer efectiva esa responsabilidad, siendo esta la razón por la que su realización compete al Poder Legislativo, dado que no es posible que los tribunales ordinarios conozcan de conductas que den lugar a su destitución.

La pretensión de sustraer el juicio político del juicio de responsabilidades, dando curso únicamente al de carácter penal, así sea previa autorización del Congreso, deforma su naturaleza intrínseca, que exige ante todo el pronunciamiento Parlamentario sobre la responsabilidad funcionaría, de la que puede derivar una de índole punitiva dando lugar recién a su remisión al tribunal ordinario.

El juicio político es la fase esencial del juicio de responsabilidades, del que no se puede prescindir si se trata de juzgar delitos comunes, dado que estos se encuentran vinculados con la violación de las garantías constitucionales conocidas por el Órgano Legislativo.

Las anomalías detectadas, conducen a la evidencia de que la actual estructura del juicio de responsabilidades conduce, en el mejor de los casos, a que se inicie juicio penal contra altos dignatarios de Estado prescindiendo del juicio político, que es la base de sustentación de aquél; y en el peor, a que no se inicie ni el político ni el penal, por falta de autorización del Congreso Nacional para viabilizarlos.

Reconstrucción dogmática

El hecho de que la estructura actual del juicio de responsabilidades hubiera sufrido una suerte de deformaciones o anquilosamiento, no es un óbice para reconstruirlo dogmáticamente y darle el verdadero rol que le corresponde como garantía constitucional para fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático.

El propio Art. 118 inc. 5) de la Constitución vigente, utilizado para crear confusión en torno a su aplicación, debe servir para entenderlo en función de los principios que subyacen en su contenido formal; en otros términos, interpretando su contenido de una manera más coherente y ajustada a los fines que persigue.

La Ley 2445, instituida para regular su correcto funcionamiento,-no cumple esa misión, sino que crea mayor contusión a través de- desaciertos, como el de atribuir su iniciación al Fiscal General de la República, siendo atribución específica del Órgano Legislativo, con mecanismos propios para motorizarlo.

Estas y otras anomalías, deben ser enmendadas devolviendo a cada órgano sus ? legítimas atribuciones, a fin de regularizar el funcionamiento de este importante medio para garantizar la responsabilidad funcionaría.

Entretanto, es imperioso admitir, que cuando el Art. 118 - inc; 5°), dispone que la Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de fallar en los juicios de responsabilidad, previa autorización del Congreso Nacional, fundada jurídicamente por dos tercios de votos del total de sus miembros, se refiere sin lugar a dudas, a que la más alta representación parlamentaria realice previamente el juicio político, para luego autorizar que la Corte Suprema de Justicia inicie el juicio penal, por ser aquél condición sine qua non de la existencia de este.

De otro modo, carecería de sentido que el juicio al que se refieren tanto el Art. 118- inc. 5°) de la Constitución Política como la Ley 2445, sigan utilizando la denominación de "juicio de responsabilidades contra altos dignatarios de Estado".

Jaime Paz Zamora, Manfred Reyes Villa Bacigalupi y Oscar Eid Franco.

La planteada por Cristaine Cervall de Míttelstadt, tiene la particularidad de pedir que se lleve a juicio a los funcionarios antes mencionados, involucrando en el mismo, a los dirigentes laborales Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Osear Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte, así como a los parlamentarios Evo Morales Ayma, Felipe Quispe Huanca y Alejo Veliz, a quienes se les atribuye 5ª autoría, complicidad y encubrimiento de los mismos delitos en los que habrían incurrido las autoridades de Gobierno, a los que se sumarían el alzamiento armado, (art. 121), sedición (art. 123), atribuirse derechos del pueblo (art. 124), conspiración (art. 126), daño calificado (art. 358), desastres en medios de transporte (art 212), atentado contra la seguridad de servicios públicos (art. 214), terrorismo (art. 133),sabotaje (art- 232), atentado contra la libertad de trabajo (art. 303).

RELACIÓN DE HECHOS

Conforme dispone la Ley No. 2445 de 13 de marzo del 2003, la Fiscalía General de la República ha emitió instructivos a los Fiscales que investigan los hechos ocurridos durante los meses de septiembre y octubre del presente año, en las ciudades de La Paz, El Alto y otros lugares, que constituyen la base y fundamento de las proposiciones acusatorias, a efecto de que acumulen antecedentes preliminares en romo a lo acontecido, cuyo primer informe determina lo siguiente:

1. En el lapso comprendido entre el 16 de septiembre al 17 de octubre del presente año, pobladores e integrantes de varías organizaciones sindicales, así como trabajadores del agro de la región altiplánica del Departamento de La Paz, que originalmente se oponían a la venta del gas a los Estados Unidos, procedieron a bloquear las carreteras de vinculación de la ciudad de la Paz, con otros Departamentos y regiones, produciéndose enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes y bloqueadores en diversos lugares y tiempos tales como Sorata, Warizata, Uabaya- Achojpata, Patacamaya, El Alto, zona Río Seco, localidad de Uni y Ovejuyo.

2. Como consecuencia de las acciones policiales y militares contra los bloqueadores y manifestantes, se lamenta el fallecimiento de 56 personas (nómina oficial debidamente certificada) y más o menos 200 heridos -cuyo número puede aumentar según se constate legalmente heridas a otras personas- nómina debidamente, comprobada por la Comisión de Fiscales y los médicos forenses del IDIF.

3. En estos acontecimientos han intervenido unidades militares tales como el Regimiento Tarapacá, Policía Militar, Policía Militar de1 Colegio Militar, Batallón R-I-11 Boquerón Charagua, Cadetes del Colegio Militar, Regimiento VIII Ayacucho, Regimiento IV de Caballería y otros regimientos; unidades policiales tales como el Grupo Especial de Seguridad GES, y los distritos policiales de La Paz y El Alto, por un lado, y por parte de los grupos civiles, la intervención activa de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, alumnos de la Universidad Pública de El Alto, Central Obrera Regional de El Alto (COR), Central .Obrera Boliviana (COB),

Federación de Juntas Vecinales, alumnos de la Universidad Mayor de San Andrés, Federación de Fabriles y otras organizaciones sindícales y civiles.

4. Entre las evidencias colectadas por los Fiscales, policías investigadores y miembros del IDIF, se cuentan vainas servidas, cápsulas de gas, proyectiles de arma de fuego, balines de goma, municiones, costras rojas, fragmentos metálicos, guías de dinamita, presumiblemente restos de tejidos humanos, prendas de -vestir y otras evidencias materiales, los mismos que han sido enviadas, al. Instituto de Investigaciones Forenses IDIF para su cuidadoso

La crisis política y social que derivó de los hechos relatados, fue de tal magnitud que puso en peligro la institucionalidad y el propio sistema democrático.

Frente a situaciones de esta naturaleza, la Constitución faculta a los órganos de poder el uso de la fuerza, de modo tal que haga efectiva la estabilidad y la conservación del orden público; por otra parte, dispone que la voluntad popular se refleje en las decisiones de los órganos políticos, sancionando leyes y haciéndolas cumplir, a la vez que garantizar y proteger las libertades individuales y políticas de los ciudadanos, imponiendo de este modo límites y condiciones al ejercicio del poder.

El ejercicio de la fuerza más allá de los límites y exigencias señalados por la Constitución y las leyes, sitúa al responsable de la conservación del orden público al margen de los preceptos jurídicos, poniendo en peligro la vigencia del propio Estado de derecho que debe ser imperturbable en democracia.

La política represiva ejercida por el Gobierno para solucionar los problemas suscitados en septiembre y octubre del año en curso, rebasan por sus resultados, los límites de su permisión en el manejo de la fuerza pública, aspecto que debe ser considerado por el Parlamento en un juicio político del que puede derivar responsabilidad penal.

no es menos cierto que por el considerable número de fallecidos y heridos, se hace imprescindible investigar con mayor detenimiento cada una de las acciones de los participes y su identificación plena, aspecto que conlleva tiempo y utilización de técnicas periciales adecuadas a cada caso. Es imprescindible que la autoridad competente determine si la acción de los agentes del Estado estaba enmarcada o no en las bases de punibilidad que determinan la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber; o si estos han actuado con evidente desproporción de los medios empleados y con exceso, determinando de este modo su culpabilidad conforme rezan las proposiciones acusatorias.

En casos similares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha considerado "... que la intervención de la fuerza pública debe de estar sometida a límites precisos pues sólo puede realizarse en el marco de la legalidad y respetando los derechos de las personas: su tarea debe de estar definida por la Constitución y la ley, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si la fuerza pública ejerce su labor desbordando sus atribuciones y traspasando sus límites, se convierte en un nuevo factor de violencia y contribuye a agravar la situación en vez de resolverla. Estima la Comisión, asimismo, que es el respeto de los derechos humanos lo que evitará posibles abusos por parte de la fuerza pública, dándole a esta mayor legitimidad y fortaleciéndola".

En concepto de la CIDH, el uso de la fuerza pública para mantener el orden, por gobiernos constitucionales y en. ejercicio de sus atribuciones, es legitima. SÍ en el curso de una operación policial o militar, se utiliza más fuerza que la necesaria causando un daño, se configura uno de los elementos de la responsabilidad internacional del Estado.

Personas comprendidas en juicio

La responsabilidad penal inicialmente compulsada, recae sobre el ex - Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su Gabinete Ministerial, en cuanto todos ellos dieron su asentimiento a la aplicación de una desmesurada política represiva, ejecutada por las fuerzas del orden, en momentos en que debió primar la cordura y la serenidad.

Desde el punto de vista político, incurren en la violación de los Derechos y de las garantías individuales consagradas en la Parte Primera, Título Primero de la Constitución Política del Estado. Artículos 6°, 7°, 9°, 12°, 13° y 21°.

Desde la perspectiva penal, las muertes y lesiones causadas como resultado del exceso de violencia atribuidas a dichas autoridades, no son compatibles con los delitos de homicidio, asesinato y genocidio, que tiene móviles, elementos constitutivos y bienes jurídicos tutelados diferentes.

En cambio, se subsumen al tipo penal previsto por el segundo párrafo del Art. 138 de Código Penal que prevé: "En la misma sanción incurrirá el o los autores, u otros culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el país", por su referencia a culpables indirectos de muertes o lesiones, como las que se pretende responsabilizar a los dignatarios de Estado, que por cierto, tampoco configuran "masacres sangrientas" que se refiere al asesinato en masa cometido en un solo acto brutal.

La renuncia del ex - Primer Mandatario de la nación no lo exime del juicio político, ni libera a los parlamentarios del deber de ejercer su excepcional misión juzgadora, bajo el argumento de haber sido aceptada su dimisión.

El proceso es el mejor instrumento que tiene la democracia para que el hombre público, rinda cuentas sobre la confianza que le ha sido conferida por la sociedad, al margen de falsas imputaciones, a fin de que aquella recobre su fe y credibilidad en la justicia.

Respecto a los denunciados, Jaime Paz Zamora, Osear Eid Franco y Manfred Reyes Villa Bacigalupi, como co-responsables de los hechos materia del presente enjuiciamiento, cabe concluir que al no haber estado en el desempeño de funciones públicas, sino en una actividad diferente como la de jefes de una coalición política, no están sujetos a juicio de responsabilidades, por cuanto su participación en las políticas gubernamentales, ha sido llevada por sus representantes ante el Gabinete Ministerial.

Se declara también, sin lugar a la inserción de los parlamentarios Evo Morales Ayma, Alejo Veliz y Felipe Quispe Huanca en el juicio de responsabilidades, por cuanto la Constitución no les reconoce este privilegio destinado únicamente al Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado y Prefectos. Los parlamentarios, conforme al régimen jurídico vigente, son sometidos directamente ajuicio penal en la justicia ordinaria, previo desafuero dictado por el Congreso Nacional y gestionada por el juez de la causa.

La misma determinación se adopta con relación a la participación atribuida a los dirigentes laborales: Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Osear Olivera, Darío Vargas y Faustino Ugarte, acusados por alzamiento armado, terrorismo, conspiración y otros delitos.

Algunas proposiciones acusatorias sostienen que es posible enjuiciar a autoridades que gozan del privilegio del juicio de responsabilidades, conjuntamente con quienes no reúnen esa calidad, en el entendido deque existe "participación delictiva" entre ellos; perdiendo de vista, que ésta figura "requiere una convergencia de la voluntad de la actividad del partícipe hacia el hecho del autor"; extremo que en el presente caso no se da, por cuanto la conducta de los acusados por conspiración y otros delitos correlativos, no convergen con la de las altas autoridades, cuyo accionar, obviamente ha tenido que ser contrapuesto a la de los primeros. El enjuiciamiento conjunto podría darse únicamente por acumulación de causas en el ámbito del juicio penal ordinario.

POR TANTO: El suscrito Fiscal General de la República, como defensor de la legalidad y de los intereses de la sociedad, reestablecíendo los valores democráticos y del Estado de Derecho y en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 118 inc. 5) de la Constitución Política del Estado y la Ley 2445 de 13 de marzo del 2003,

REQUIERE:

Primero.- El enjuiciamiento político y penal del Ex-Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada y su Gabinete Ministerial conformado por los ex-Ministros Carlos Saavedra Bruno, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Andrés Kukoc del Carpió, Jaime Torres Goitia Caballero, Hugo Carvajal Donoso, Guido Afiez Moscoso, Adalberto Kuajara Arandia, Dante Pino Archondo, Erik Reyes Villa Bacigalupí, Mirtha Quevedo Acalinovic, Javier Comboni Salinas, Carlos Morales Landivar, Jorge Berindoague Alcocer, José Guillermo Justíniano Sandoval y Jorge Torrez Obleas, por violación de los derechos y garantías individuales consagradas en la Parte Primera, Título Primero de la Constitución Política del Estado, artículos 6°, 7°, 9°, 12°, 13° y 21°; y el artículo 138, párrafos segundo y tercero delCódigo Penal.

Segundo.- Que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función del nuevo rol de la administración de justicia, solicite al Honorable Congreso Nacional, la viabilización del juicio político contra el Ex-Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada y de los Ministros de Estado que lo acompañaron en su gestión, que es como debe entenderse la autorización a que hace referencia el art. 118 ínc 5°) Constitucional, que exige fundamentación jurídica, que solo puede darse en un juicio político con derivaciones penales, conforme a la jerarquía que les corresponde y la naturaleza del juicio de responsabilidades al que tiene acceso por mandato de la Constitución Política del Estado.

Tercero,- Se determina que la comisión designada por la Fiscalía General de la República para investigar los hechos acaecidos en octubre del 2003, considere a los fines de Ley, el contenido de las proposiciones acusatorias contra los parlamentarios: Evo Morales Ayma, Felipe Quispe Huanca y Alejo Veliz; y los dirigentes: Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Osear Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte.

Sucre, 21 de noviembre de 2003

Dr. Oscar Crespo Soliz

FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA

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