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Actualizado el 2003-09-12 a horas: 09:35:37

Impunidad de la Comsur por la contaminación del Pilcomayo

Impunidad de la Comsur por la contaminación del Pilcomayo Andrés Soliz Rada La negligencia de la empresa fue probada a plenitud. COMSUR resolvió el problema obsequiando algunas herramientas, medicamentos y cemento a las comunidades afectadas.

Andrés Solíz Rada

Andrés Solíz RadaAbogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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Impunidad de la Comsur por la contaminación del Pilcomayo

Andrés Soliz Rada

El 29 de agosto de 1996 (presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada - GSL--), se produjo la rotura de uno de los dos diques de colas de la mina "Porco", cercana a la ciudad de Potosí, explotada por COMSUR, la empresa del Jefe del Estado, lo que ocasionó el derrame de 235.000 toneladas de lodos tóxicos y de 180 residuos sólidos de plomo, arsénico y cianuro de sodio, con su secuela de daños a la salud humana, fauna piscícola, ganadería, agricultura e incremento de la contaminación del río Pilcomayo, cuyas aguas cruzan a territorios de Argentina y Paraguay, dentro de la Cuenca del Plata. La revista "New Scientist", de Inglaterra, afirmó que se trataba del "peor desastre ambiental de América Latina" ("El Diario", 16-I-97). La prensa argentina calificó al hecho de "el Chernobyl boliviano" ("Los Tiempos", 22-10-96)

Pese a la gravedad del tema, el Ministro de Desarrollo Sostenible, José Guillermo Justiniano (hoy ministro de la Presidencia), en carta de 28-9-97, a Jaime Urgel, gerente general de COMSUR, indicó que su Despacho ha establecido que el derrame fue accidental, que sus impactos fueron controlados y que la compañía no ha cometido ninguna contravención administrativa ni delito ambiental, por lo que no corresponde dictar resolución ministerial alguna. A su vez, la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, aseguró que COMSUR adoptó oportunas medidas de mitigación del daño ecológico (febrero de 1997). En el Senado, esa comisión estaba presidida por Antonio Sánchez de Lozada, hermano de GSL, lo que explicó su silencio. En esa misma línea, el funcionario del Banco Mundial, Sak Kupasrimonkol, en carta al diputado Elías Vacaflor, de 3-5-97, dice que COMSUR, socio de la IFC-Banco Mundial, "ya ha iniciado un número de acciones reparadoras, incluyendo la atención a las zonas afectadas, en coordinación con las autoridades locales". Delegados de la Argentina de Menem (Julia Elena Alsogaray) y del Paraguay de Wasmosy (Horacio Nogués), anotaron que el problema "no era grave". (Reunión de la Cuenca del Pilcomayo, 14-8-98),

Sin embargo, al concluir la primera presidencia de GSL (6-8-97), el nuevo prefecto de Tarija, Oscar Zamora, enjuició a la empresa por responsabilidad civil y daños y perjuicios a la región. El proceso titulado "Tarija contra COMSUR", que lleva 6 años de duración, fue tramitado en el Juzgado Tercero de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz y consta de 15 cuerpos y casi 3.000 fojas. En vísperas de la sentencia, GSL inició su segundo mandato presidencial (6-8-02) y, como es obvio, posesionó a un nuevo Prefecto tarijeño, quien no activó el juicio a fin de que concluya por "perención de instancia" (abandono de la parte demandante). La "perención de instancia" fue decretada por la juez Consuelo Chacón, el 15-10-02, cuya decisión ha sido apelada ante la Corte Superior de La Paz, por los abogados de Zamora, quienes aún se hallan a cargo del proceso. En síntesis, las acciones dilatorias de la COMSUR, destinadas a no pagar indemnización alguna a los departamentos afectados, dieron resultado, pese a que la demanda está basada en normas jurídicas precisas, como las siguientes:

Artículo 984 del Código Civil: "Quien, con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento". Artículo 998 del Código Civil: "Quien, en el desempeño de una actividad peligrosa, ocasiona a otro daño, está obligado a la indemnización, si no prueba la culpa de la víctima" La Ley del Medio Ambiente fue ultraviolada, así como el artículo 216 del Código Penal, que dice: "Incurrirá en privación de libertad de uno a diez años, el que envenenare, contaminare o adulterare aguas destinadas al consumo público, al uso industrial agropecuario y piscícola". Estas normas debieron aplicarse por el daño causado, más allá del carácter accidental o no del derrame de colas. Por otra parte, la negligencia de la empresa fue probada a plenitud. COMSUR resolvió el problema obsequiando algunas herramientas, medicamentos y cemento a las comunidades afectadas. Consiguió, inclusive, un informe del consultor ambiental, Agustín Cárdenas Revilla, quien afirmó que un año después del siniestro las aguas del río Tumusla (también contaminado) "han comenzado a mejorar bastante" (29-10-97), sin considerar que otros 39 ingenios privados arrojan cada día casi mil toneladas de lodos tóxicos a los ríos de Potosí, Chuquisaca y Tarija.

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