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Actualizado el 2003-07-24 a horas: 19:11:48

Buen gobierno corporativo

Buen gobierno corporativo Vincet Gómez García En estos días se encuentra en proceso de aprobación congresal el Proyecto de Ley de Buen Gobierno de las Sociedades Anónimas, con la cual el gobierno pretende mejorar la fiscalización y control de las empresas capitalizadas. Nuevamente, nos encontramos ante una situación por demás contradictoria donde se presentan una serie de objetivos no forzosamente complementarios ni consistentes, lo cual presume que se producirán una serie de efectos perversos; que sólo tendrían su explicación en el marco de la lógica política, que la mayor de las veces no se fundamenta en criterios técnicos de eficiencia, particularmente en marcos institucionales intrínsecamente corruptos como el boliviano.

Vincent Gómez-García

Es PhD. en Ciencias Políticas con mención en Economía Internacional del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales (IUHEI) de Ginebra, Suiza. Tiene una maestría en Econometría y Estadística en la Universidad de Ginebra, Suiza. En su experiencia profesional fue Consultor de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras organizaciones internacionales. Fue viceministro de Comercio Exterior e Inversión. Es docente universitario de maestrías en varias universidades bolivianas y columnista de varios periódicos.

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Buen gobierno corporativo

Vincet Gómez García

En estos días se encuentra en proceso de aprobación congresal el Proyecto de Ley de Buen Gobierno de las Sociedades Anónimas, con la cual el gobierno pretende mejorar la fiscalización y control de las empresas capitalizadas. Nuevamente, nos encontramos ante una situación por demás contradictoria donde se presentan una serie de objetivos no forzosamente complementarios ni consistentes, lo cual presume que se producirán una serie de efectos perversos; que sólo tendrían su explicación en el marco de la lógica política, que la mayor de las veces no se fundamenta en criterios técnicos de eficiencia, particularmente en marcos institucionales intrínsecamente corruptos como el boliviano.

Un aspecto tan simple y elemental como el control y fiscalización efectiva de las empresas capitalizadas por parte del Estado boliviano, que sólo requiere de una buena dosis de voluntad política y espíritu nacional; es abordado desde la óptica mucho más compleja del "buen gobierno corporativo" que si bien constituye un tema de urgencia en economías como la de Estados Unidos, para resolver escándalos como de la Nerón y restituir la confianza del público en el mercado de capitales, en Bolivia sólo podría constituir un objetivo deseable de largo plazo, dada nuestra realidad donde sólo una ínfima proporción de sociedades anónimas están registradas en bolsa y donde las transacciones de valores de renta variable, es decir acciones, son prácticamente insignificantes. En consecuencia, o nos encontramos ante un exceso de tecnocracia dentro del esfuerzo desesperado de nuestros gobernantes por hacer buena letra ante los organismos internacionales o, más probable, existe una intencionalidad oculta de marear la perdiz haciendo creer a la ciudadanía que se estarían haciendo cargo del clamor popular de fiscalizar las empresas capitalizadas, cuando Ley de Restitución del Bonosol de por medio, se estaría cerrando el círculo de la privatización de las empresas capitalizadas, facilitando la recompra del total de las acciones por nuestros otrora socios estratégicos o, mejor aún, generar las condiciones para que el nuevo poder oligárquico nacional se haga de participaciones minoritarias en las empresas capitalizadas con poderes excepcionales.

En efecto, las prerrogativas que tendrían las eventuales minorías en las empresas capitalizadas no responderían a ninguna demanda social, y sólo servirían de factor de chantaje para poder participar plenamente de los actuales negocios de estas empresas con una inversión mínima de capital, acabando de configurar el nuevo orden político-económico que fuera instaurado, a partir la preeminencia del capital transnacional y sus socios minoritarios locales, en 1985 con la Nueva Política Económica y el D.S. 21060, continuado con el proceso de capitalización durante el anterior gobierno del Presidente Sánchez de Lozada. En cuanto al resto de sociedades anónimas del país, lo más probable es que los incentivos sean más bien hacia una mayor concentración de la propiedad accionaría, antes que a una mayor apertura y transparencia de las empresas, generando por supuesto una serie de incentivos perversos en materia de desarrollo empresarial y adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Semana del 09/12/02

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