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Actualizado el 2003-07-09 a horas: 12:21:35

El siniestro decreto 24806

El siniestro decreto 24806 Andrés Soliz Rada Se necesita toda la mala fe del mundo para que un Presidente de la República dicte un decreto dos días antes de dejar el gobierno para, en forma disimulada, otorgar a las trasnacionales la propiedad de los hidrocarburos, desde el momento en que afloran a la superficie.

Andrés Solíz Rada

Andrés Solíz RadaAbogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.

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El siniestro decreto 24806

Andrés Soliz Rada

Se necesita toda la mala fe del mundo para que un Presidente de la República dicte un decreto dos días antes de dejar el gobierno para, en forma disimulada, otorgar a las trasnacionales la propiedad de los hidrocarburos, desde el momento en que afloran a la superficie. Nunca había sucedido algo parecido, sin embargo eso ocurrió con el Decreto Supremo 24806, de 4 de agosto de 1997, dos días antes de fenecer el primer mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). El decreto, de un solo artículo, no señala de manera directa que las Compañías se apropian de los hidrocarburos en boca de pozo, sino que se limita a aprobar el MODELO DE CONTRATO de Riesgo Compartido que suscribirán el Estado y las petroleras en áreas de exploración y explotación de gas y petróleo, así como las cláusulas y anexos respectivos.

Sólo al leer la cláusula tercera, se encuentra el meollo del problema, cuya redacción es la siguiente: "Objeto del Contrato.- Es facultar al TITULAR (es decir a la trasnacional) para realizar actividades de Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos en el Área de Contrato, bajo los términos y condiciones de este contrato, mediante el cual el TITULAR adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo y de la disposición de la misma, conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos". ¿Hemos olvidado que en cumplimiento del inciso 7º, del artículo 59 de la Constitución Política del Estado (CPE), sólo el Poder Legislativo puede autorizar la enajenación de bienes públicos?

La Ley de Hidrocarburos, de 30 de abril de 1996, promulgada también por GSL, si bien reconoce a las compañías, en su artículo 24, el derecho de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida, no utiliza las palabras DERECHO DE PROPIEDAD, lo que implica una violación de los artículos 137 y 139 de la Carta Magna. Por otra parte, el artículo primero de la Ley de Hidrocarburos viola también el 139 de la CPE al establecer que la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos se hará NECESARIAMENTE a través de contratos de riesgo compartido (es decir con trasnacionales), en tanto que el precepto constitucional señala que tales tareas pueden ser cumplidas "mediante entidades autárquicas (como YPFB) o a través de concesiones y contratos".

¿Desde cuando una ley puede mutilar a la ley de leyes?

El hecho es que en virtud de dos normas inconstitucionales, el Decreto de 4-8-97 y la Ley de Hidrocarburos, todas las reservas de gas y petróleo del país han pasado a propiedad de las trasnacionales, ya que sólo ellas están facultadas para extraerlas del subsuelo. Entre los firmantes del siniestro decreto 24806, se hallan los ex ministros Fernando Candia y Jaime Villalobos, quienes, poco después, pasaron a conformar el directorio de Transredes (consorcio integrado por ENRON - SHELL). ¿Premio a sus esfuerzos por haber despojado a Bolivia de sus hidrocarburos?

Dos preguntas adicionales: ¿No es este un caso suficientemente importante como para ser investigado por la casi decorativa Unidad de Lucha contra la Corrupción, encabezada por el vicepresidente Carlos Mesa y su colaboradora Lupe Cajías? ¿Es razonable embarcar al país en un gigantesco contrato de venta de gas a California sin modificar, previamente, las citadas normas contaminadas de inconstitucionalidad?

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