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Actualizado el 2003-04-11 a horas: 10:45:45

Documento: LIDEMA ante la problemática ambiental y socio económica de la cuenta del río Pilcomayo

Documento: LIDEMA ante la problemática ambiental y socio económica de la cuenta del río Pilcomayo

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Resolución de Asamblea de Instituciones miembros de la Liga de Defensa del Medio Ambiente

Documento: LIDEMA ante la problemática ambiental y socio económica de la cuenta del río Pilcomayo

Las 28 instituciones miembro de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, reunidas en su Primera Asamblea General, en la ciudad de Sucre, del 27 al 29 de marzo de 2003, definieron su posición con relación a la problemática ambiental y socio-económica de la Cuenca del Río Pilcomayo.

Antecedentes

Luego de haber realizado un análisis integral, fundamentado en estudios técnicos, elaborados por instituciones de investigación científica, que concluyen en la gravedad del estado de deterioro de la Cuenca del Río Pilcomayo, con graves impactos ambientales, económicos y sociales, ocasionados por la contaminación, principalmente minera, así como por el transporte de sedimentos, que afectan directamente a las comunidades ribereñas asentadas a lo largo de dicha Cuenca.

Consideramos que:

Los organismos gubernamentales competentes, no cumplen ni hacen cumplir la legislación ambiental, en el caso de la contaminación del Río Pilcomayo.

Los organismos gubernamentales responsables de la gestión de la Cuenca del Río Pilcomayo, no toman en cuenta la participación de la sociedad civil.

Existen altos niveles de contaminación de las aguas del Río Pilcomayo, principalmente causada por el vertido de colas por la actividad de los ingenios mineros que operan sin Manifiesto Ambiental, en el departamento de Potosí, según informe de estudio de caso por el Defensor del Pueblo y, de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Senado Nacional.

Se tiene evidencia de que los niveles de contaminación exceden de sobremanera, los límites permisibles establecidos en la legislación ambiental nacional e internacional, según datos contrastados en cuadro adjunto a la presente Resolución.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, como Autoridad Ambiental Competente, estimó según informe específico[1], que los daños provocados por los ingenios mineros de Potosí equivalen a más de 62 millones de dólares estadounidenses, por año en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, y que, la industria minera no aporta virtualmente nada a las arcas del Estado. Según una estimación de la CAF [2], en 1999, en Bolivia, las regalías mineras apenas alcanzaron a 7,31 millones de dólares.

El Río Pilcomayo pertenece a una Cuenca de curso sucesivo que abarca partes del territorio de Bolivia, Argentina y Paraguay, por lo que se tiene una responsabilidad adicional de carácter internacional.

Se ha evidenciado el peligro que cientos de familias sufren, tanto sobre la salud humana y animal, como su economía, debido a los fuertes impactos de la contaminación por metales pesados, reportado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y ratificado por informes técnicos de entidades como JICA (Japón), SGAB (Suecia), Universidad de Londres (Reino Unido), Universidad de Nijmegen (Holanda), Fundación ITA, CER-DET, Fundación MEDMIN, Sociedad Potosina de Ecología, Asociación Sucrense de Ecología, entre otros.

El Defensor del Pueblo y el Senado Nacional, en informes de caso, han observado la gravedad de la situación y han demostrado el incumplimiento de la legislación ambiental y normas vinculantes al tema de la contaminación minera del Río Pilcomayo.

Ha transcurrido más de una década desde la promulgación de la Ley General del Medio Ambiente, y más de 5 años de emitidos sus respectivos reglamentos, que penalizan el vertido de residuos mineros sin tratamiento previo a cuerpos de aguas superficiales, y aún las empresas mineras, responsables de ésta contaminación, no se sujetan a la normativa vigente y siguen vertiendo sus residuos tóxicos, y no ejecutan los planes de adecuación ambiental previstos en la norma.

A más de 5 años de la aprobación del Decreto Supremo Nº 24782, de 31 de julio de 1997, el cual estipula que los ingenios mineros tienen la obligación de presentar sus manifiestos ambientales, sin embargo, y pese a haber sido presentado un manifiesto Común, estos ingenios aún no disponen del Manifiesto Ambiental aprobado por las autoridades competentes, lo cual demuestra, por parte de la Autoridad Ambiental Competente un incumplimiento a la Ley y los reglamentos correspondientes.

En contradicción con lo que determina la Ley, las autoridades públicas, en este caso, están asumiendo responsabilidades ambientales que corresponden a los propietarios de los ingenios mineros contaminadores, puesto que se ha emitido un Decreto Supremo Nº 25877, que los libera de cualquier esfuerzo de adecuación ambiental al ampliar, indefinidamente, el plazo de presentación de sus manifiestos ambientales, condicionados a la construcción y funcionamiento del Dique de Colas de San Antonio en el departamento de Potosí, cuyo financiamiento está siendo gestionado por el Estado y no así por los directos responsables propietarios de los ingenios mineros que contaminan esta Cuenca.

El Plan Operativo Global del Proyecto "Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo" de la Comisión Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo, está por ser presentado para su aprobación a la Delegación de la Unión Europea, sin que se haya contemplado la participación de la sociedad civil, tal como está estipulado en el propio borrador de este POG: "?durante la vida del Proyecto, este promocionará y facilitará la participación de las instituciones locales y de los representantes de la sociedad civil en las fases de planificación global y anual."

Es evidente que no existe voluntad política en las instancias públicas, para resolver este problema, prueba de ello, es la negativa del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) de aprobar el ofrecimiento formal [3], de parte del Servicio de Cooperación Internacional de la Embajada de Bélgica de donar los $us 140.000, solicitados por las autoridades de los tres municipios más afectados por la contaminación minera del Río Pilcomayo en el departamento de Chuquisaca para enfrentar, en parte este problema, en sus respectivas jurisdicciones.

Por lo que, LIDEMA, en ocasión de celebrar el Año Internacional del Agua Dulce, resuelve:

1. Exigir el cumplimiento inmediato de la Ley General del Medio Ambiente, el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, y el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, para el caso del vertido de colas mineras, en el departamento de Potosí, a fin de proteger la salud humana que se ve afectada por el consumo y uso del recurso agua, del que dependen miles de habitantes asentados en las riberas del Río Pilcomayo.

2. Que de continuar la violación a la legislación ambiental al seguir permitiendo el vertido de colas mineras, en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, las 28 instituciones que conforman LIDEMA, denunciarán el estado de contaminación de las aguas del Río Pilcomayo y sus graves consecuencias y efectos ambientales, sociales y económicos, ante el Tribunal Internacional del Agua y otras instancias nacionales e internacionales competentes y, promoverá simultáneamente una movilización social que exija el cumplimiento de dicha legislación.

3. En sujeción a la Ley Nº 1333 y el Reglamento de Contaminación Hídrica, exigir la declaración inmediata de "Emergencia Hídrica" en toda la Cuenca del Río Pilcomayo, ante los altos niveles de contaminación hídrica por vertidos de colas mineras y sus graves efectos sobre la salud humana y las actividades agropecuarias de la cual dependen miles de habitantes.

Es dada en la ciudad de Sucre, el día 28 de marzo de 2003 y suscrita por:

Dr, Freddy Heinrich

Presidente de Directorio

SOBE ? La Paz

José Antonio Michel

Vicepresidente de Directorio

Miembro Honorario - Chuquisaca

Gerd Mielke

Vocal de Directorio

Miembro Honorario - Chuquisaca

Jenny Gruenberger Perez

Directora Ejecutiva

Raúl Lara

Asociación Conservacionista Toro Toro

ACT - La Paz

Jorge Quintanilla

Centro de Estudios Ecológicos y Desarrollo Integral

CEEDI - La Paz

Erik Fernández

Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios

CIEC - La Paz

Mario Baudoin W.

Instituto de Ecología ? UMSA

I.E. - La Paz

Teresa Flores

Pro Defensa de la Naturaleza

PRODENA ? La Paz

Alejandro Mamani

Centro de Educación Popular

QHANA ? La Paz

Henry Soria

Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

SEMTA ? La Paz

Guillermina Yánez

Sociedad Boliviana de Ecología

SOBE ? La Paz

Jorge Téllez

Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios

CEBEM ? La Paz

José Rodríguez

Centro de Desarrollo y Fomento a la Autoayuda

CEDEFOA ? La Paz

Milton Ochoa

CARITAS - Oruro

Magdalena Medrano

Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino

PAAC - Cochabamba

Raúl Huici

Centro de Investigación y Desarrollo Regional

CIDRE - Cochabamba

Urbelinda Ferrufino

Asociación Ecológica del Oriente

Secretaria General de Directorio

ASEO ? Santa Cruz

Antonio Gonzáles

Centro de Investigación y Manejo de

Recursos Naturales Renovables ? UAGRM

CIMAR ? Santa Cruz

Alain Muñoz

Fundación Amigos de la Naturaleza

FAN - Santa Cruz

Armando Molina

Fundación Integral de Desarrollo

FIDES ? Santa Cruz

Mario Suárez R.

Museo de Historia Natural NKM ? UAGRM

MHNNKM ? Santa Cruz

Carlos Navia

Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni

Vocal de Directorio

CIDDEBENI - Beni

Luis Felipe Sánchez

Asociación Sucrense de Ecología

ASE - Sucre

Rene Rosales

Fundación CEIBO

Sucre

Felicidad Peñailillo

Sociedad Potosina de Ecología

SOPE - Potosí

Freddy Orellana

Vida Verde

VIVE ? Tarija

Grover Mealla

Centro de Estudios Regionales y Desarrollo

CER DET - Tarija

Cecilia Cortés

Conservación y Desarrollo

IYA ? Tarija

Roberto Cabrera

Protección del Medio Ambiente Tarija

PROMETA ? Tarija

[1] MDSP-VMARN : Resumen Ejecutivo « Problemática de la Cuenca del Río Pilcomayo » octubre, 2000

[2] CAF « Gas Natural y Distribución de Ingresos en Bolivia », febrero 2002.

[3] Carta de la Embajada de Bélgica LDC/2003/320 D15 Carta del VIPFE/DGIP/TER-01231/2002

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