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Actualizado el 2002-10-01 a horas: 18:30:34

Primer informe público de la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción

Primer informe público de la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción

Primer informe público de la Unidad Técnica de Lucha Contra la Corrupción

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PRESIDENCIA DEL H. CONGRESO NACIONAL

Martes 1 de octubre de 2002

I. PRESENTACIÓN GENERAL

El Vicepresidente de la Nación y Presidente Nato del Congreso de la República, Carlos Mesa Gisbert, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha organizado la Unidad Técnica de Lucha contra la Corrupción. El presente informe público abarca el primer mes efectivo de trabajo, del 19 de agosto al 19 de septiembre de 2002, realizado

por esa Unidad dentro de sus tareas de vigilancia participativa productiva; y de articular, impulsar y coordinar el trabajo de las entidades especializadas que cuentan con mandato legal para prevenir, investigar, acusar y sancionar presuntos hechos ilícitos cometidos por funcionarios públicos.

Agradecemos el apoyo de colaboradores que ha permitido avanzar en el trabajo, en sólo 30 días, y poder presentar los primeros resultados de la lucha contra la corrupción.

1.1. Organización interna: La Unidad se estructuró con el respaldo de tres

profesionales jóvenes: Javier Castro (ciencias económicas y financieras), Giovanna Mendoza (ciencias jurídicas), Andrés Zaratti (sociología y ciencias políticas) con base en la estructura orgánica de la Vicepresidencia de la República.

1.2. Con el respaldo del PNUD se inició el diseño del Plan Estratégico que será desarrollado en los próximos cinco años. Este diseño está en su fase final y desde el mes de octubre será presentado en talleres departamentales para su discusión con la sociedad civil y personas interesadas en la lucha contra la corrupción.

El Plan se enmarca dentro de la Convención Interamericana de la OEA de Lucha contra la Corrupción, firmado por Bolivia al inicio de 1997.

1.3. La Unidad ha mantenido reuniones con representantes de diferentes instituciones para dialogar sobre los conceptos del Plan Estratégico y sus prioridades.

II.- VIGILANCIA PARTICIPATIVA PRODUCTIVA

Se recibieron 150 dossier destinados a la Unidad, de los cuales 128 correspondían a tareas relacionadas con el objetivo principal de la Unidad que es lograr el buen gobierno con eficiencia, eficacia, economía, ética y transparencia y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Los siguientes cuadros estadísticos muestran los resultados del seguimiento a las denuncias recibidas, 75% de éstas fueron acompañadas con audiencias.

(Cuadros, Anexo 1)

Seguiremos con esta tarea de vigilancia. Tenemos en evaluación casos que involucran a prefecturas y alcaldías.

Para el caso de los municipios, se adelantaron alianzas y estrategias conjuntas con la FAM.

III.- CASOS RELACIONADOS CON DIPUTADOS

3.1 Héctor Cartagena, diputado suplente por el Departamento de Cochabamba, ex alcalde de Quillacollo.

Denuncia: Comité Cívico de esa población

Existe Informe CGR IX/EP01/L01 C1 con indicios de Responsabilidad Administrativa

Existe Informe CGR GC/EP15/L01 N1 con indicios de Responsabilidad Penal por operaciones sustentadas en facturas falsas.

Existe Informe CGR GC/EP15/L01 R2 con indicios de responsabilidad civil (en revisión) Se prepara otra auditoría técnica al municipio de Quillacollo.

No respondió a nuestra solicitud de información.

Sugerimos a la Comisión de Etica de la H.Cámara de Diputados ver este tema.

Sugerimos al H. Cartagena defenderse de sus presuntas responsabilidades sin ampararse en su inmunidad.

3.2 Edgar Zegarra, diputado por el Departamento de Potosí.

Denuncia: ex trabajadores ferroviarios de Tupiza y de Villazón.

El diputado Zegarra presentó sus descargos a los puntos solicitados por la Unidad.

Una comisión de ex trabajadores ferroviarios visitó a la Unidad para dar testimonios de esos descargos. Otros dirigentes enviaron cartas a la Unidad rechazando las denuncias.

La documentación está a disposición de los periodistas.

3.3 El 20/09/02, el matutino "Correo del Sur" publicó una noticia referente a que los parlamentarios de Chuquisaca Femando Rodríguez y Enrique Urquidi amparándose en su inmunidad solicitaron ser excluidos de procesos coactivos fiscales.

Esta Unidad, comprobó que la Sala Social y Administrativa Primera de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha recibido siete de estas solicitudes por parte del senador Urquidi.

La CGR emitió varios informes con indicios de responsabilidad civil de Enrique Urquidi cuando fue Prefecto del Departamento de Chuquisaca.

Sugerimos a la Comisión de Etica ver este tema.

Sugerimos al H. Urquidi defenderse de su presunta responsabilidad sin ampararse en su inmunidad

IV.- CASO DE LICITACIONES- FNDR

Licitación para realizar la cartografía de seis ciudades de Bolivia, FNDR, recursos BID, precio de referencia 4.2 millones de dólares.

Denuncia: Una empresa privada extranjera envió una carta sobre los cambios en el pliego de especificaciones y de fechas para presentar las propuestas. Tenemos copias de quejas de otras empresas que participaban en esa licitación.

Enviamos una carta al señor Richard Rau, Director Ejecutivo del FNDR para que nos proporcione información que justifique esos cambios. Solicitaremos información detallada para conocer la confíabilidad del proceso en la apertura de los sobres "B". De ser necesario, haremos entrevistas a la gerencia que llevó adelante esta licitación para que nos resuelva satisfactoriamente las dudas que se han presentado.

Guardaremos la identidad de las empresas que han hecho las denuncias, mientras el FNDR procese el detalle de las mismas.

Proponemos un formulario de denuncias para empresarios, para que nos hagan conocer sus sospechas sobre presuntas irregularidades en licitaciones.

Participamos en discusión del proyecto de Ley de Licitaciones de bienes y servicios.

V.- SEGUIMIENTO A CASO ESPECIAL: "TERREMOTO DE AIQUILE"

5.1 Antecedentes.- El 13 de agosto, Henry Rico, Vicepresidente del Concejo Municipal de Totora, Alberto Claure, Presidente de los Residentes de Aiquile en Cochabamba y Edmundo Sema, Presidente del Centro de los Residentes de Mizque en Cochabamba, solicitaron al Vicepresidente de la República-Presidente Nato del Congreso interponer sus buenos oficios para ayudar a esclarecer los presuntos hechos irregulares relacionados con el uso, manejo y destino de los recursos asignados para mitigar los efectos del sismo del 22 de mayo de 1998, que afectó a las poblaciones de Totora, Mizque y Aiquile.

A nombre de las autoridades ediles, dirigentes cívicos, juveniles, agrarios y de las mujeres del Cono Sur cochabambino, el 21 de agosto invitaron a la Lie. Lupe Cajías, responsable de la Unidad para visitar la zona.

La visita se realizó el domingo 25 de agosto junto con personal de la Prefectura de Cochabamba a la cabeza del asesor Edwin Jiménez; Victoriano Mejía, Alcalde de Totora; Luis López, Alcalde Aiquile; Daniel Velasco, Alcalde de Mizque; Eduardo Rodríguez, Subprefecto de Totora; Henry Rico, Vicepresidente del Consejo Municipal de Totora; Alberto Claure, Presidente de los Residentes de Aiquile, Gabriel Zurita, Ejecutivo de la Central Agraria Amayapampa, Mizque y Totora, representantes de las juntas vecinales y población en general.

En la visita se recibió una ayuda memoria de los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la Nación en relación al uso de los recursos para mitigar los efectos del sismo del 1998. Se visitaron casas, la plaza y la iglesia de Totora como ejemplo de la mala calidad de la reparación de los daños causados y la falta de un plan integral de reconstrucción.

Las autoridades solicitaron a la Sra. Cajías usar su fuerza moral y sus tareas de vigilancia participatíva y productiva de presuntos hechos ilícitos para: reunir la documentación dispersa relacionada con el uso de esos recursos

ayudar a visibilizar ante la opinión pública a los presuntos responsables de los

malos manejos y evitar el encubrimiento de esa responsabilidad (impunidad) ayudar a agilizar las acciones legales para lograr el castigo a los presuntos culpables y al resarcimiento del presunto daño económico causado al Estado, en este caso, a los damnificados en los tres municipios nombrados ayudar a canalizar proyectos que han presentado los tres municipios y a recuperar un

plan de reconstrucción, especialmente de Totora (aunque ello no correspondía

directamente a las tareas de la Unidad).

La documentación se reunió con la colaboración de las siguientes instituciones:

Diputación Uninominal de la Circunscripción 29

Municipios de Totora, Mizque y Aiquile

Residentes de Totora, Mizque y Aiquile en Cochabamba

Prefectura del Departamento de Cochabamba

Contraloría General de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Unidad de Investigaciones Financieras

Fondo Productivo Social

Viceministerio de Cultura

Investigación propia en juzgados y páginas WEB del gobierno boliviano

Presentaron documentos de descargo General José Gil Quiroga y Renán Crespo

Femando Kieffer presentó una ayuda memoria de temas generales

Los datos finales fueron elaborados con el apoyo de colaboradores.

5.2 Prefectura de Cochabamba

5.2.1. Proceso Penal de la Prefectura contra varios ex funcionarios: Renán Crespo Suárez, Rene Sinforiano Cayo Quiroga, Willy Céspedes Olmos y Julio Terán Torrico; ampliado a Gonzalo Garay Anaya y Orlando Quiroga Ferrerl

Informes de Auditoría DAI INF 009 A/99, DAI INF 017/99 y DAI INF 018/99

Caso: contratos volquetas

El proceso fue abierto el 26/10/99

ESTADO ACTUAL

Julio Terán Torrico fue sobreseído

El 22 de agosto de 2002 se realizó la audiencia de fundamentaciones para la

sentencia, habiendo presentado la Prefectura del Departamento de Cochabamba

como parte civil de este proceso los correspondientes alegatos para sentencia, de la misma manera el Ministerio Público y el acusado Renán Crespo. Se concluyen

alegatos.

Orlando Quiroga Ferrel está arraigado.

Concluidos los alegatos, se espera la sentencia por el juez de la causa el próximo

5 de octubre.

Juzgado de la causa: Cuarto de Partido en lo Penal. Cochabamba

No existe cuantificación de los daños económicos.

5.2.2 Proceso Penal de la Prefectura contra Germán Orlando Quiroga Ferrel, ex responsable del Programa Plan Terremoto. El proceso fue ampliado a Miguel Fernández Espinoza, en representación de la Empresa COFING, Ramiro Gonzalo Francisco Taborga Ramos, ex Supervisor del Plan Terremoto, y Arturo Galarza Jiménez, ex Responsable de Caja de esa entidad prefectural.

Caso: Trabajos de apuntalamiento en Totora; construcción de viviendas en Aiquile y remoción y echado de escombros; acusación expresa del ex Ministro de Defensa Femando Kieffer contra Germán Orlando Quiroga Ferrel sobre falsificación de sellos de dicho ministerio; se acusa a Germán Orlando Quiroga Ferrel por apropiación indebida de dineros devueltos por la empresa COFING.

ESTADO ACTUAL

Por Auto Inicial de la Instrucción del 25/10/00 se organizó sumario penal contra los antes mencionados de acuerdo con la tipificación penal realizada por el Fiscal en su requerimiento. Se ha declarado rebelde al imputado Ramiro Gonzalo Francisco Taborga Ramos.

Se ha pedido al Juez de la Causa la ampliación del Auto Inicial de la Instrucción por el delito de contratos lesivos al Estado (sobreprecios en algunos Ítems contratados con la empresa COFING y pagados a dicha empresa en los trabajos de apuntalamiento en la localidad de Totora)

La Prefectura ha presentado la prueba documental y testifical

ESTADO ACTUAL

El término probatorio abarca hasta el 16 de octubre del año en curso.

Juzgado de la causa: Cuarto de Partido en lo Civil. Cochabamba.

5. 3 Ministerio de Defensa Nacional

Existen 10 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República relacionadas con el Servicio Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Defensa en relación al uso de los recursos para mitigar los efectos del sismo ocurrido en las provincias de Carrasco, Campero y Mizque del Departamento de Cochabamba.

Las auditorías especiales Informe Nr. EX/EP01/G99-T3, Informe Nr. EX/EP20/JOO-T3, de control interno evidenciaron deficiencias en los manejos de esos recursos y derivaron en indicios de responsabilidades y en nuevos informes, cuyos detalles resumimos a continuación.

Adjuntamos resúmenes ejecutivos con las observaciones (Anexo 2) 5.3.1 INFORME Nr. EL/RP05/J99-M2 (20/08/99) de entregas con cargo de cuenta documentada Fenómeno de El Niño y Sismo (20/08/99) (Relevamiento de información)

Conclusiones:

De un total de Bs. 82.486.159 desembolsados bajo la modalidad de entregas con cargo de cuenta documentada, existe un 48% de cargos de cuenta sin descargo y un 37 % de descargos observados, lo cual distorsiona la información presentada en la ejecución de gastos correspondientes a recursos destinados al Fenómeno de El Niño, el Sismo y emergencias por otros desastres naturales.

No se da cumplimiento al Reglamento de Cargos y Descargos Documentales para el Sector Defensa, lo cual ocasiona la acumulación de recursos pendientes de regulación.

Se concluye que "la información proporcionada genera incertidumbre sobre la situación real con cargos de cuenta, originando acumulación de recursos pendientes de regulación con la consiguiente limitación para ejecutar el análisis de los gastos (gestiones 1997 y 1998)."

Un total de Bs. 39.593.356 no tendrían descargos documentados; y otros Bs. 30.519.878 tienen descargos observados,

ESTADO ACTUAL: El Ministerio de Defensa deberá imciar las acciones pertinentes para regularizar a la brevedad los saldos pendientes de rendición de cuentas y subsanar las observaciones de la CGR.

Presunto daño económico: aproximadamente 40 millones de bolivianos.

5.3.2 INFORME Nr. EX/EP01/G99 Nr.l (30/10/00) Uso de Recursos

destinados a mitigar los efectos del sismo en Cochabamba, efectuados por la Embajada de Bolivia en Alemania y Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Auditoría Especial)

Conclusiones:

Indicios de Responsabilidad Penal del Gral. Div. Luis Montero Zankys, ex Director del Servicio Nacional de Defensa Civil.

Al momento de efectuar la verificación de los documentos presentados en calidad de descargo (facturas) se determinó la falsedad de éstas.

Durante la investigación se realizó un estudio grafotécnico, el cual determinó que todas las facturas presentadas como descargo muestran rasgos de haber sido falsificadas por una misma persona. Por lo cual se determinó la existencia de indicios de responsabilidad penal, por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, recomendándose la iniciación de proceso penal a través del Ministerio Público y que el Servicio Nacional de Defensa Civil se constituya en parte civil para la recuperación de daños y perjuicios.

El 7 de noviembre de 2000, la CGR remitió a la Fiscalía de Distrito copia del informe, solicitando se proceda a investigar el presente caso, designándose como Fiscal al Dr. Delgado.

El 13 de diciembre, el SENADECI denunció la comisión de delitos y se

constituyó en parte civil.

El 5 de abril de 2001 se emitió el informe en conclusiones por parte del

Investigador Capitán Morales de la Policía Técnica Judicial.

El 11 de abril del mismo año, el Dr. Delgado, emitió requerimiento en

conclusiones, en el cual solicita la imputación formal de Luis Montero Zankys por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.

ESTADO ACTUAL:

Juzgado de la Causa: 1ro. de Instrucción en lo Penal Liquidador a cargo del Dr. Waiker Zamorano

El 19 de abril de 2001. mediante Resol. No. 120/01. se dictó Auto Inicial de la

Instrucción y se dispuso abrir sumario penal en contra de Luis Montero Zankys .

disponiendo se expida mandamiento de comparendo para que preste su declaración indagatoria.

Dichos comparendos fueron representados en sentido de que el General Montero no fue habido, y ante la falta de movimiento del proceso por las partes, se encuentra en archivo.____

Conclusión: El SENADECI debe activar el proceso .

Presunto daño económico: U$ 11.964,97.

5.3.3 INFORME EX/EP01/G99 R4 (18/12/00) Ministerio de Defensa Nacional.

Recursos donados por el pueblo japonés destinados a mitigar los efectos del sismo. (Auditoría Especial)

Conclusión: Indicios de Responsabilidad Administrativa de:

Embajador Eudoro Galindo Anze, por haber destinado dichos recursos a otros fines.

El citado embajador canalizó U$ 54.407,70 donados por el pueblo japonés.

Inicialmente los envió a la cuenta del RP Juan Kurahaschi, en Santa Cruz. Por instrucción de la esposa del Embajador, 10 mil dólares fueron destinados para cubrir gastos de curación de un niño de la calle. Por instrucciones del Embajador, el padre Kurahashi depositó el saldo de U$. 44.435,00 en la cuenta corriente personal de Eudoro Galindo.

El embajador dispuso que se usen U$ 34.238,63 en organizar la expedición Tsui Seki Choosa Tanken para conmemorar los 100 años de la inmigración japonesa. El justificó esa decisión porque "en su criterio las características de la emergencia habían paliado a un año del sismo". El 7 de marzo de 2000 devolvió el saldo de U$.10.196,37.

La CGR recomendó proceso administrativo de acuerdo a las normas vigentes para el Servicio de Relaciones Exteriores.

ESTADO ACTUAL

El 18 de octubre de 2001, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto anunció el inicio del proceso, pero no se conocen sus resultados.

Conclusión: El Ministerio de Relaciones Exteriores debe cumplir con la recomendación.

Presunto daño económico: U$. 54.407,70 (no es responsabilidad civil)

5.3.4 INFORME EX/EP01/G99 N5 (19/12/00) Ministerio de Defensa- Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento (UTOAF) y Servicio Nacional de Defensa Civil. Recursos para el sismo de Cochabamba. Donación del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

Conclusión:

Indicios de Responsabilidad Penal del Cml. DAEN (hoy Gral. Brig.) José Antonio Gil Quiroga, por delitos tipificados en el Código Penal: peculado, incumplimiento de deberes, falsedad material, uso de instrumento falsificado.

El 13 de noviembre de 2001, el Ministerio Público requirió que se abra sumario penal en contra del Cml. Gil, el cual siguió su curso normal en Cochabamba. El Gral. Gil devolvió el dinero, aunque mostró sus descargos con los recibos firmados por los soldados. No conoce quién o quiénes entregaron facturas falsas.

ESTADO ACTUAL:

El 15 de agosto de 2002 la Dra. Nuria Gonzáles Romero Juez 2do. de

Instrucción en lo Penal Liquidador de Cbba. mediante Auto Final de la Instrucción dispuso a favor del José Antonio Gil Quiroga sobreseimiento provisional.

Conclusión: La Unidad sugiere cerrar este caso porque llegó a su fase final.

Presunto daño económico: U$.2.000,00 (recuperados)

5.3.5 INFORME EX/EP01/G99 C2 (29/12/00), Ministerio de Defensa.

Recursos para el sismo de Cochabamba.

Conclusiones:

Indicios de Responsabilidad Civil y Administrativa de:

Enrique Prudencio Recacochea, ex Director del UTOAF, por U$. 4.539

Edgar Tejada Campero, por U$. 2.754

Otros, por montos menores a U$. 1.000, algunos de los cuales han devuelto esas sumas.

El caso se refiere a pagos de viáticos en exceso, o que no fueron debidamente descargados.

La Responsabilidad Administrativa corresponde a Luis Femando Añez.

ESTADO ACTUAL

Juzgado Segundo de Partido Coactivo Fiscal y fue remitido a la Corte Superior del Distrito en grado de apelación en fecha 13 de septiembre de 2001. A la fecha el proceso continúa en esa Corte y el Ministerio de Defensa no informó sobre su seguimiento.

Presunto daño económico: US. 10.152,00

5.3.6 INFORME EX/EP20/JOO N1 (02/03/01) Ministerio de Defensa

Nacional. Efectos del Sismo de Cochabamba. Gastos Plan de

Emergencia del Programa Secretaría Nacional de Defensa Civil con recursos del Tesoro General de la Nación.

Conclusiones:

Indicios de Responsabilidad Penal, por descargo con facturas inexistentes, por lo cual esta conducta puede ser calificada como delito de peculado, incumplimiento de deberes,

falsedad material y uso de instrumentos falsificados.

General de División Luis Montero Zankys y Juan Carlos Molina Monje (ex contador del SENADECI), General DAEN Guido Galleguillos Quiroga (ex Director General de Planeamiento y Coordinación del Ministerio de Defensa Nacional) y Alberto Daza Márquez (ex Director Distrital de Defensa Civil del Departamento de Cochabamba.

La auditoria versa sobre el destino que se le dio a los siguientes sumas de dinero:

Cheque No. F000001382 en fecha 18 de septiembre de 1998 por la suma de Bs.12.957 que se entregó a Juan Carlos Molina Monje, dinero que estaba destinado a la organización del "Curso de Administración de Desastres", el cual debía realizarse en Cochabamba los días 14 al 19 de septiembre de 1998.

Cheque No. F 000000882 de fecha 3 de agosto de 1998 por la suma de Bs.

11.817,60 que se entregó a Luis Montero Zankys, dinero que estaba destinado a la organización del "Curso de Administración de Desastres", el cual debía realizarse en la ciudad de Oruro.

Mediante Minuta de Instrucción No. 066/98 de fecha 27 de octubre de 1998 se entregó al Cnl. DAEN Luis Cupari Noé Bs. 7.500, quien efectuó el desembolso a favor de Guido Galleguillos Quiroga, por orden del Ministro de Defensa. Este dinero estaba destinado al pago de transporte de un equipo de potabilización de agua de la ciudad de La Paz con destino a la localidad de Aiquile.

Cheque No. 24007 de 26 de mayo de 1998 del Banco de Crédito, el cual fue entregado por el Ministerio de Defensa a Alberto Daza Márquez, por la suma de Bs. 100.000 por concepto de pago de gastos de emergencia destinados a los damnificados del terremoto.

En el proceso de verificación de la documentación de descargo presentada por Luis Montero Zankys y Juan Carlos Molina se estableció que las facturas correspondían a empresas fantasmas, por lo que se determinó la existencia de indicios de responsabilidad penal por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Con relación a Guido Gallegillos Quiroga y Alberto Daza Márquez adjuntaron facturas con No. de RUC de empresas inexistentes por lo que se estableció la existencia de indicios de responsabilidad penal por los delitos de incumplimiento de deberes, peculado, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Finalmente la CGR recomendó remitir dicho informe al Ministerio Público a efecto de que se inicie la acción penal correspondiente y al Ministerio de Defensa a efectos de que se constituya en parte civil para la recuperación del daño económico causado a la entidad.

El 18 de julio de 2001, el Cnl. Div. Enrique Vacaflor Castro Director Nacional de Defensa Civil, denunció ante el Ministerio Público la comisión de delitos El 3 de septiembre de 2001, el Ministerio de Defensa presentó denuncia ante el Ministerio Público por los delitos cometidos y anunció que se constituiría en parte civil.

El 26 de septiembre de 2001, se designó al Dr. Santiago Ugarte como fiscal asignado al caso, quien dispuso mandamientos de comparendo en contra de todos los denunciados con la finalidad de que se hagan presentes a objeto de rendir sus declaraciones informativas policiales.

ESTADO ACTUAL

Ante su inasistencia se extendió mandamientos de aprehensión en contra de todos los imputados. El 26 de agosto de 2002.

El 27 de agosto de 2002 se emitió el Informe en Conclusiones por parte del

Investigador Douglas Morales de la PTJ.

El pasado 3 de septiembre, el Fiscal asignado al caso emitió el respectivo

requerimiento en conclusiones, en el cual solicita se abra sumario penal en contra de Luis Montero Zankys. Juan Carlos Molina Monje. Guido Galleguillos Ouiroga y Alberto Daza Márquez por los delitos de peculado, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Juzgado de la Causa: 1ro de Instrucción en lo Penal Liquidador a cargo del Dr. Waiker Zamorano.

Mediante Res. No. 95/02 del 12 de septiembre, el Juez dictó Auto Inicial de la

Instrucción en contra de Luis Montero Zankys, Juan Carlos Molina Monje. Guido Galleguillos Quiroga y Alberto Daza Márquez y ordenó se expidan los mandamientos correspondientes a efectos de que cada uno de los imputados se presente a rendir declaración indagatoria ante su autoridad.

Presunto daño económico: Bs. 132.274,60

5.3.7 INFORME EX/EP20/JOO C2 (28/02/02). Ministerio de Defensa. Efectos del sismo en Cochabamba. Gastos de Plan de Emergencia del Programa Secretaría Nacional de Defensa Civil con recursos del TGN.

Conclusiones: Indicios de Responsabilidad Civil.

El Ministerio de Defensa informó mediante nota MDN - GM. No. 1629/02 sobre los procesos coactivos.

Indicios de responsabilidad civil en contra de Luis Daza Montero, Luis Cupari Noé y José Ernesto Ayoroa Yanguas por la suma de U$ 3.768.

El proceso se radicó en el juzgado 2do. de Partido Coactivo Fiscal, en fecha 18 de junio de 2002 mediante Auto Interlocutorio No. 34/02 se admitió la demanda, se dispuso medidas precautorias y se extendió la nota de cargo en contra de los coactivados.

ESTADO ACTUAL

El proceso actualmente se encuentra con las copias de los oficios remitidos a Cotel. Tránsito y Derechos Reales con relación a las medidas precautorias.

Indicios de responsabilidad civil por la falta de presentación de documentación de descargo de los viáticos que hubieran sido recibidos por Felipe Antezana Palacios en ocasión de haber sido declarado en comisión y se hubiera efectuado la entrega de U$ 3.090 en calidad de viáticos de las gestiones 1998 y 1999, pese al plazo otorgado, ocasionando daño económico al Estado.

ESTADO ACTUAL:

A la fecha el Ministerio de Defensa presentó la demanda respectiva.

radicándose el proceso en el Juzgado 3ro. de Partido Coactivo Fiscal, sin embargo, se encuentra en despacho para que se dicte el Auto Interlocuatorio admitiendo la demanda.

Con relación indicios de responsabilidad civil por montos menores a US. 1.000. el Ministerio de Defensa anunció su recuperación a través de los mecanismos internos permisibles.

Presunto daño económico es de US.10.293,00

5.3.8 INFORME EX/EP01 G99 C6 (27/05/02) Ministerio de Defensa. Uso de los recursos destinados a mitigar los efectos del sismo- Donaciones en especie.

Conclusiones:

Indicios de Responsabilidad Civil de Luis Moreno Z y otros.

El Ministerio de Defensa se ha constituido en parte civil el 8 de agosto de este año. El Ministerio de Defensa mediante nota MDN-GM.No. 1629/02 informó sobre el estado de los siguientes procesos.

Guillermo Asturizaga Paz y Percy Alí Quispe

Caso sobre la donación de 70 kilos de medicamentos y prendas de vestir que se hubieran entregado en calidad de donación por un valor de Bs. 3.881 equivalentes a U$ 697, entregada a través del Consulado y de la Embajada de Bolivia en Rosario y Buenos Aires - Argentina, determinándose la existencia de indicios de responsabilidad civil por falta de evidencias de recepción final y el destino que se dio a la donación.

ESTADO ACTUAL:

Juzgado de la Causa: 3ro de Partido Coactivo Fiscal. El Ministerio de Defensa presentó demanda coactiva fiscal en su contra: sin embargo a la fecha aún no se admitió la demanda.

Guillermo Asturizaga Paz y Humberto Peñaloza Campos Por la suma de US 895, por donaciones

ESTADO ACTUAL:

Se presentó demanda ante el juzgado 4to de Partido Coactivo Fiscal el 6 de septiembre de 2002 por parte del Ministerio de Defensa: actualmente se encuentra en despacho del juez para que se dicte Auto Interlocutorio admitiendo la demanda.

Luis Montero Zankys

En el caso especifico, se determinó indicios de responsabilidad civil en contra de Luis Montero Zankys por la suma de $us. 600.000 por el destino que se dio a la donación de 1.000 carpas para seis personas, 800 carpas para 12 personas, 10.800 frazadas de lana , 100 generadores de energía 0.5 kw a gasolina y 30 generadores de energía de 3 Kw de potencia estimados en un valor de 5 millones de yuans donados por la República Popular de China.

ESTADO ACTUAL

Juzgado 1ro. de Partido Coactivo Fiscal. El 17 de septiembre de 2002 mediante Auto Interlocutorio No. 41/02 se admitió la demanda y se dispuso extender la nota de cargo por la suma de US. 600.000 en contra de Luis Montero Zankys.

En el caso específico se determinó indicios responsabilidad civil en contra de Luis Montero Zankys por la suma de US 25.000 por la inexistencia de documentación que respalde la recepción de la donación, desconociéndose el destino que se dio a los bienes donados por la Municipalidad de Antofagasta transportados en vagón No. 145-

A del FCBA con un peso de 2000 kg. por un valor de 10.000.000 pesos chilenos equivalentes a U$ 25.000 consistentes en 50 colchonetas, 10 frazadas nuevas, 10 bolsas de carpas, 300 bolsas con ropa y zapatos usados, 100 cajas de alimentos no perecibles.

ESTADO ACTUAL

Juzgado 2do. de Partido Coactivo Fiscal, mediante Auto Interlocutorio No. 42/02 de fecha 17 de septiembre de 2002 se admitió la demanda del Ministerio de Defensa. Se dispuso se extienda nota de cargo en contra de Luis Montero Zankys por la suma de Sus. 25.000 y medidas precautorias para lo cual se deberá oficiar a CoteL Derechos Reales y Tránsito.

Roberto Bravo Zapata y Alberto Daza Márquez ESTADO ACTUAL:

El Ministerio de Defensa informó mediante nota MDN.GM. No. 1629/02 que con relación a estas dos personas se encuentra en proceso de elaboración de las demandas por la vía civil ordinaria.

Presunto daño económico: US. 626.593,00

.5.3.9.- INFORME DE LA C.G.R. NO. EX/EP03/J99 Cl (10/10/01)

Adquisición de la Aeronave Beechcraft 1900C Serie UA-3

La Auditoría Especial tenía como objetivos expresar una opinión independiente sobre: el cumplimiento de disposiciones legales vigentes para la adquisición de la nave, la conveniencia del precio pagado por la adquisición y el origen de los recursos con los cuales se canceló la operación.

Conclusiones:

Indicios de Responsabilidad Administrativa de Femando Kieffer por procedimiento de contratación por excepción y por el contrato suscrito con Panagra Air S.A.

Indicios de responsabilidad civil de Femando Kieffer Guzmán en forma solidaria con Gonzalo Aranibar Lorini .

El Ministerio de Defensa Nacional en fecha 25 de octubre de 2001 presentó demanda por la vía coactiva fiscal ante el Juzgado Tercero de Partido Coactivo Fiscal, y solicitó se gire nota de cargo por la suma de Sus. 1.188.000.

Igualmente, el Ministerio de Defensa solicitó que en consideración a que Femando Kieffer Guzmán era Diputado Nacional, se pida formalmente a la Cámara de Diputados del H. Congreso Nacional de la República disponer su desafuero para que asuma su legítima defensa, de acuerdo a lo determinado por el Art. 67 Num. 4) de la Constitución Política del Estado.

En fecha 7 de noviembre de 2001 mediante Res. No. 125/2001 el Dr. Orlando Ríos Luna, Juez Tercero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, resolvió admitir la demanda coactiva fiscal interpuesta por el Ministerio de Defensa Nacional y en consecuencia se gire la nota de cargo.

Con relación a la solicitud del desafuero, el juez de la causa dispuso se oficie a la Cámara de Diputados del H. Congreso Nacional a fin de dar curso a lo solicitado por el Ministerio de Defensa, adjuntado los antecedentes originales del proceso, debiendo quedar en su lugar fotocopias legalizadas.

Mediante oficio No. 551/2001 de fecha 15 de noviembre de 2001 se remitió el 19 de noviembre del mismo año a la Cámara de Diputados el expediente , solicitando licencia del Diputado Femando Kieffer.

El 8 de agosto del 2002, el Ministro de Defensa Lie. Freddy Teodovich reitera se dé cumplimiento a las medidas precautorias de arraigo, retención de cuentas bancarias, anotación preventiva en contra de los coacti vados.

El 14 de agosto de 2002, el Ministro de Defensa Lie. Freddy Teodovich solicitó ante el Juzgado Tercero de Partido en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario se oficie a la Cámara de Diputados- toda vez que habría transcurrido superabundantemente el término para un pronunciamiento y al haber concluido el mandato del Lie. Kieffer como H. Diputado Nacional-, la devolución del expediente para continuar con el proceso.

A lo cual, en fecha 5 de septiembre de 2002 mediante Of. No. 331/2002 el juez de la causa solicitó al Presidente de la Cámara de Diputados instruyó la devolución del expediente al juzgado.

ESTADO ACTUAL

El 24 de septiembre de 2002. el Ministerio de Defensa se dirigió al Presidente de la Cámara de Diputados H. Guido Añez Moscoso en mérito al oficio No. 331/2002 del 5 de septiembre de 2002 del juez de la causa, en el cual solicita la devolución de los antecedentes del proceso seguido contra el Lie. Kieffer, expediente que habría sido remitido en fecha 15 de noviembre de 2001. solicitando información escrita sobre el actual estado de la solicitud judicial.

Por su parte el H. Edmundo Novillo de la Circunscripción 29. ha solicitado a la Comisión de Defensa de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, el estado de situación y copia de toda la documentación existente con referencia a los procesos instaurados contra el ex diputado Femando Kie ffer.

Presunto daño económico: U$. 1.188.321,75

A ello se agrega que los recursos usados en la compra del avión estaban destinados a paliar los efectos del sismo

5.2.10 Informe de la C.G.R. No. EX/EP03/J99 N2 Auditoría Especial de la adquisición de la Aeronave Beechcraft 1900C- situación legal de la empresa Panagra Air S.A.

Indicios de Responsabilidad Penal de:

Gonzalo Araníbar

Enrique Bottaro

El 21 de noviembre de 2001, la CGR puso en conocimiento del informe No. EX/EP03/J99 N2 a la Fiscalía de Distrito.

El 22 de noviembre de 2001, el Ministerio de Defensa interpuso denuncia en contra de Gonzalo Araníbar y Enrique Bottaro.

El 27 de noviembre de 2001 se designó al Dr. Reno Ar/.abe y al Dr. Alberto Villegas como fiscales asignados al caso, quienes dispusieron se organicen las investigaciones en tomo a la denuncia presentada, investigación que está a cargo del Cap. Jhonny Aguilera. El 21 de mayo de 2002 el fiscal imputó formalmente a Gonzalo Araníbar y Enrique Bottaro por los delitos de sociedades o asociaciones ficticias y organización criminal.

En fecha 27 de mayo de 2002 el fiscal requirió ante el Dr. William Dávila, Juez 5to de Instrucción en lo Penal, la ampliación de la etapa preparatoria, quien mediante Resol. No. 152/02 de 28 de mayo de 2002 dispuso la ampliación de la etapa preparatoria por el plazo de seis meses, concluidos los cuales deberá informarse el estado de la investigación.

El presente caso se encuentra en la etapa preparatoria, teniendo como plazo hasta noviembre para su conclusión, sea a través de una acusación formal, sobreseguimiento o una salida alternativa.

Por su parte, la UIF, investiga cuentas bancarias potencialmente relacionadas con este caso.

EN RESUMEN, EL PRESUNTO DAÑO ECONÓMICO ES DE:

40 MILLONES DE BOLIVIANOS, POR FALTA DE DESCARGO

515.274,6 DE BOLIVIANOS POR INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CAMBIO DEL DÓLAR A LA FECHA, PROMEDIO 5.6, dan US 7.234.270

715.410,67 DE DOLARES AMERICANOS POR INDICIOS DE RES. CIVIL

TOTAL: US. 7.950.280,00

Indicios de Responsabilidad Civil por compra del avión: US.l.188.321,75

Además el avión se compró con recursos destinados a los damnificados.

OTROS TEMAS

Con respecto a la reparación, construcción de viviendas en Totora, el FPS y el Viceministerio de Cultura nos han facilitado documentación complementaria que entregaremos a las autoridades de los tres pueblos.

A través de su Director, el FPS, anuncia su disposición a ayudar a recuperar los planes y programas y acelerar la reconstrucción de Totora.

Así también, el Viceministerio de Cultura, expresa su decisión de cooperar para que los pueblos del Cono Sur cochabambino dinamizen el turismo en la zona.

SETAR-Ministerio de Defensa nos entregó un resumen de los proyectos y su situación, dentro del compromiso de destinar 2.340.000 dólares americanos del presupuesto del Servicio Nacional de Defensa Civil para los tres municipios afectados.

Entregamos copia de ese resumen a los interesados.

Se aguardan las conclusiones mediante Auto Final de la Instrucción para seguir el proceso.

Juzgado de la causa: Cuarto de Partido en lo Penal, Cochabamba

Presunto daño económico: Bs. 383.000

5.2.3 Proceso Civil de Miguel Fernández Espinoza, representante de la empresa constructora COFING, contra la Prefectura del Departamento de Cochabamba alegando incumplimiento de contrato, daños y perjuicios.

Caso: Ante la existencia de daño económico causado al Estado por incumplimiento de contrato de la empresa, utilización de material deficiente en las obras, sobreprecio en los materiales y trabajos realizados, basados en las conclusiones del proceso de conciliación técnica y económica elaborado por funcionarios técnicos de la Prefectura, junto con la empresa COFING, la Prefectura del Departamento de Cochabamba ha formulado demanda reconvencional.

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